Carceleros de mi útero

La dominación de úteros con la ley en la mano es un deseo latente entre los grupos de presión ultraconservadores a nivel internacional. Lo veíamos hace unas semanas cuando Donald Trump firmaba el decreto a través del cual corta el acceso a fondos de la USAID, la agencia de desarrollo estadounidense, a proveedores sanitarios y a las ONG que operan en el extranjero en favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Lo ha hecho en sus primeros días como presidente, al igual ...

La dominación de úteros con la ley en la mano es un deseo latente entre los grupos de presión ultraconservadores a nivel internacional. Lo veíamos hace unas semanas cuando Donald Trump firmaba el decreto a través del cual corta el acceso a fondos de la USAID, la agencia de desarrollo estadounidense, a proveedores sanitarios y a las ONG que operan en el extranjero en favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres. Lo ha hecho en sus primeros días como presidente, al igual que lo hicieron otros mandatarios republicanos como Reagan o Bush.

Según datos publicados por la Organización Mundial de la Salud (OMS) sobre la prevención del aborto peligroso se calcula que, en el mundo, se realizan alrededor de 22 millones de abortos peligrosos al año, siendo la mayoría de ellos en países en vías de desarrollo donde existen legislaciones más restrictivas; y se estima que se producen alrededor de 47.000 muertes a consecuencia de estos abortos clandestinos.

A pesar de haberse demostrado que las prohibiciones que cercenan los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres provocan un aumento en el número de abortos inseguros, los grupos de presión ultraconservadores no cesan en su empeño por legislar en contra del derecho a decidir de la mujer.

Penas de prisión

La salvadoreña Sonia Tábora fue condenada en 2005 por homicidio agravado a 30 años de prisión sin pruebas concluyentes, tras sufrir complicaciones obstétricas y un parto extra-hospitalario precipitado en el séptimo mes de gestación que provocó la muerte del recién nacido. Estuvo siete años entre rejas, hasta que en 2012 fue absuelta tras la revisión de su caso gracias a la representación legal de la Agrupación Ciudadana por la Despenalización del Aborto Terapéutico, Ético y Eugenésico (ACDATEE). Sin embargo, dos años después, la sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia de El Salvador anuló la sentencia absolutoria para que el caso de Tábora fuera revisado por tres nuevos jueces. Desde entonces se han aplazado ya tres audiencias. Hasta este mes de febrero Sonia Tábora no supo finalmente que la justicia salvadoreña la exoneraba.

En El Salvador, donde el aborto está prohibido en todas sus causales desde que se endureciera la ley en 1998, este caso no es aislado. El aborto está penado con cárcel incluso en los supuestos de riesgo para la vida de la madre, en casos de violación y en el caso de malformaciones en el feto. Las salvadoreñas pueden ser condenadas por aborto consentido y propio con penas de cárcel que van desde los dos a los ocho años o por homicidio agravado con penas desde los 30 hasta los 50 años de privación de libertad. Centroamérica es una de las regiones del mundo más restrictivas en materia de derechos sexuales y reproductivos. Las mujeres más jóvenes (en muchos casos niñas), con estudios básicos o analfabetas, y que tienen menores ingresos económicos son procesadas en un porcentaje más alto, al no tener acceso a la sanidad privada.

Según datos de ACDATEE recogidos en el informe Del hospital a la cárcel. Consecuencias para las mujeres por la penalización sin excepciones de la interrupción del embarazo en El Salvador (2012), la penalización absoluta del aborto en el país está provocando un aumento de abortos inseguros. Se estima que al año se producen más de 35.000 clandestinos poniendo en riesgo la vida de las mujeres que optan por remedios como ingerir veneno de ratón, untarse la vagina con ácido para batería y antiparasitarios o introducirse varillas de sombrilla y agujas de ganchillo. Las que pueden, compran en el mercado negro Misoprostol, un medicamento indicado para la prevención y tratamiento de las úlceras gástricas que se emplea para provocar el aborto y que puede desembocar en graves complicaciones.

Desde España, Calala Fondo de Mujeres recauda fondos a lo largo del año para apoyar a las organizaciones de mujeres de base que trabajan en Centroamérica. María Palomares, directora de Calala, explica que la situación en El Salvador es la más grave de la zona: “Actualmente están encarceladas más de 20 mujeres incluso por abortos espontáneos. Los médicos se encuentran atados de manos ante esta situación ya que también pueden ser penados. Desde los propios hospitales públicos se informa a la Fiscalía sobre sospechas de aborto, vulnerando claramente el secreto profesional. Ni siquiera pueden intervenir ante embarazos ectópicos”.

En Honduras, Nicaragua, Haití y República Dominicana, la interrupción del embarazo también está prohibida en todas sus causales. En Guatemala está permitida en el supuesto de peligro para la vida de la mujer, pero la realidad es que el acceso a la información y servicios es muy limitado. “En Centroamérica los lobbies conservadores católicos están entrando en los gobiernos para legislar en contra de todo aquello que no comulgue con la moral cristiana”.

Una puerta abierta

Ahora se reabre el debate. El Congreso de El Salvador está estudiando una propuesta llevada a pleno por el partido de centro-izquierda Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) que pretende despenalizar el aborto en tres causales (violación, riesgo para la vida de la madre e inviabilidad de supervivencia del feto). En contra, las organizaciones anti-aborto y los sectores más conservadores del Congreso como el partido Alianza Republicana Nacionalista (Arena) prometen dar la batalla con la intención de endurecer aún más las penas de cárcel.

En Chile, país que mantenía la prohibición del aborto en todas sus causales desde la dictadura de Pinochet, se discutirá a partir de marzo en el Senado un proyecto de ley que despenaliza el aborto en tres causales (violación, inviabilidad fetal y riesgo de muerte de la madre) y que ya ha sido aprobado por la Cámara de los Diputados.

Desde el Center for Reproductive Rights elaboran cada año el mapa en el que se refleja la situación de los derechos sexuales y reproductivos en el mundo. En él podemos ver que además de Centroamérica, África también continúa siendo una región especialmente castigada. De hecho, según la OMS, dos tercios de todas las defunciones relacionadas con el aborto tienen lugar en este continente.

En Europa, Malta, Ciudad del Vaticano e Irlanda mantienen sus políticas anti-abortistas, aunque en Irlanda una asamblea de ciudadanos convocada por el parlamento discutirá posibles cambios en la legislación tras recibir miles de peticiones de los irlandeses.

España y el peligro al retroceso

Por decisión administrativa del Ministerio del Interior, en mayo de 2016, al borde de las últimas elecciones, la Federación de Planificación Familiar Estatal (FPFE) dejó de ser considerada de utilidad pública tan solo un mes después de que el propio Ministerio la hubiera reconocido como tal. Esta revocación viene motivada por un recurso de reposición interpuesto por la Asociación Española de Abogados Cristianos.

“Estamos en el punto de mira de grupos anti-elección como éste que actúan en contra de asociaciones como la nuestra, de grupos feministas, diputados y de alguna alcaldesa. Su línea de trabajo es buscar el conflicto a partir de acusaciones falsas. Están claramente muy alejados de los problemas reales de la sociedad y especialmente de los que atañen a las mujeres”, asegura Luis Enrique Sánchez, presidente de la FPFE. “Los grupos anti-elección están fortaleciéndose ahora en Estados Unidos, en Europa y en América Latina presionando para hacer cambios legislativos a través de campañas muy virulentas con el respaldo de europarlamentarios y diputados de partidos conservadores”.

La FPFE se está defendiendo ante la Justicia mediante un recurso contencioso administrativo que calculan “no se resolverá pronto”. Mientras tanto se ven privados del acceso a proyectos de carácter social lo que les dificulta la realización de estudios sobre sexualidad, reproducción y derechos sexuales, merma sus acciones de asesoramiento a instituciones nacionales e internacionales, además de provocar la obligada reducción de sus acciones directas de ayuda a grupos de personas especialmente vulnerables como jóvenes, inmigrantes o personas con discapacidad a quienes asesoran en materia de sexualidad y reproducción. “Aunque de momento esta traba no nos frena y seguimos adelante”.

Se preveía que en el pasado Congreso Nacional del Partido Popular la regulación actual del aborto sería un tema candente en el debate interno. Pero nada ocurrió. En palabras del presidente de la FPFE: “La actual ley de salud sexual y reproductiva y de la interrupción voluntaria del embarazo de 2010 ha constatado que, desde su entrada en vigor, las tasas de aborto han ido descendiendo en España. Aunque todavía hay un largo camino por recorrer, un retroceso en esta legislación sería un grave error”.

Esperemos que la decisión de Trump no sirva de aliento a quienes en el resto del mundo se posicionan en contra del derecho a decidir. Que no nos encarcelen, que no nos silencien, que no decidan por nosotras.