Otra función

En referencia a la imputación de la infanta Cristina de Borbón, es sospechoso que un fiscal actúe como abogado defensor, ya que todo fiscal representa el interés público y, por tanto, tiene que promover los intereses del Tesoro Público o es una persona que averigua o delata operaciones ajenas. En el caso de Oriol Pujol, la fiscalía ha presentado escrito en el que aprecia que hay indicios de delito. Otra fiscalía, la de Álava, ve indicios de delito contra el responsable de una empresa de espectáculos. Sin embargo, el fiscal Horrach defiende a la imputada actuando de manera propia de otro cargo,...

En referencia a la imputación de la infanta Cristina de Borbón, es sospechoso que un fiscal actúe como abogado defensor, ya que todo fiscal representa el interés público y, por tanto, tiene que promover los intereses del Tesoro Público o es una persona que averigua o delata operaciones ajenas. En el caso de Oriol Pujol, la fiscalía ha presentado escrito en el que aprecia que hay indicios de delito. Otra fiscalía, la de Álava, ve indicios de delito contra el responsable de una empresa de espectáculos. Sin embargo, el fiscal Horrach defiende a la imputada actuando de manera propia de otro cargo, por muy clave que se considere la institución de la que forma parte esa persona en la gobernanza de la nación.— Félix Martínez Aristín. Getxo, Vizcaya. 

Las acusaciones que el fiscal de Baleares Pedro Horrach, lanza contra el juez José Castro, que instruye los presuntos delitos de los duques de Palma, son de una gravedad desconocida. Hasta los abogados defensores de la infanta Cristina han tenido que salir en defensa del juez. Los papeles se han invertido. ¡Inaudito!

Si las acusaciones del fiscal Horrach tienen fundamento, si son ciertas, ¿qué hace el Consejo del Poder Judicial, que no ha destituido ya al juez Castro? Pero si la actuación del fiscal es falaz, la Fiscalía General del Estado, dependiente del Gobierno, debería actuar inmediatamente. Si no lo hace es que el Ministerio de Justicia, con Ruiz-Gallardón a la cabeza, y el fiscal general del Estado, se están interfiriendo en el proceso judicial.

Ambos supuestos son gravísimos. No es de extrañar que la Comisión Europea haya llamado la atención a España por el funcionamiento de la justicia.— Julio García-Casarrubios Sainz. Valdepeñas, Ciudad Real.