Poder judicial por lotes

Repartirse las instituciones por lotes partidistas colabora muy poco a alimentar la confianza en la independencia judicial, y mucho a engrosar el escepticismo hacia la política. Este es el riesgo en que incurren los diputados y senadores de las cinco formaciones (PP, PSOE, IU, CiU, PNV) que han votado el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin perjuicio de reconocer los méritos de muchos de los seleccionados, la predeterminación de los nombres sometidos a las Cámaras por cuotas partidistas cuestiona la credibilidad del órgano encargado de gobernar el tercer poder del Estado.
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Repartirse las instituciones por lotes partidistas colabora muy poco a alimentar la confianza en la independencia judicial, y mucho a engrosar el escepticismo hacia la política. Este es el riesgo en que incurren los diputados y senadores de las cinco formaciones (PP, PSOE, IU, CiU, PNV) que han votado el nuevo Consejo General del Poder Judicial (CGPJ). Sin perjuicio de reconocer los méritos de muchos de los seleccionados, la predeterminación de los nombres sometidos a las Cámaras por cuotas partidistas cuestiona la credibilidad del órgano encargado de gobernar el tercer poder del Estado.

La confusión de la voluntad del Parlamento, en tanto que institución, con los acuerdos entre partidos como organizaciones de profesionales del poder es corrosivo para el prestigio de la democracia. Porque los dirigentes de los partidos tienden a una visión utilitarista de la justicia y a subordinar la valoración de la independencia judicial. Ciertamente, la abundancia de procesos por corrupción política —Gürtel, Bárcenas, ERE de Andalucía y otros— aconsejaba reforzar la siempre indispensable independencia, en vez de remarcar el origen político del nuevo Consejo del Poder Judicial.

A priori, la legitimidad del órgano de gobierno de los jueces es irreprochable: procede del Parlamento. Pero su libertad de ejercicio está siendo maleada por los procedimientos con que se lleva a la práctica, que no aseguran la independencia de los nombrados. Por si fuera poco, las reglas del juego han cambiado: a partir de ahora, 14 de los 20 miembros del CGPJ pueden hacer compatible esa función con el trabajo jurisdiccional o profesional. De forma que no es improbable que algunos designados tengan que ver con procesos de índole política o hayan de intervenir en nombramientos de jueces encargados de ellos.

Por lo demás, la operación se salda con pequeñas crisis partidistas, como la renuncia al acta de senador por parte del líder de los socialistas madrileños, Tomás Gómez, que aprovecha oportunamente la presencia en el Consejo del magistrado Francisco Martínez Tristán, presidente del tribunal que lleva los recursos contra la privatización de la gestión en seis hospitales públicos de Madrid, y recusado por el Partido Socialista Madrileño por estar casado con una consejera de Dolores de Cospedal en Castilla-La Mancha.

Más allá de esa protesta —y de la descalificación global del proceso de elección por UPyD— esta vez se han evitado las dilaciones de los plazos constitucionales que se produjeron en renovaciones anteriores, a causa de bloqueos entre PP y PSOE. Pero es verdad que España continúa sin resolver debidamente la cobertura de una institución suprapartidista como debería ser el Consejo del Poder Judicial. Todo depende ahora de que las personas seleccionadas no se dejen mangonear y demuestren a la sociedad que son capaces de sobreponerse a los recelos provocados por su nombramiento.