Los altos cargos de Gipuzkoa harán públicos sus bienes
La propuesta sale adelante con los votos en contra del PNV y el PP
Los diputados forales de Gipuzkoa y los altos cargos de la Diputación provincial deberán hacer públicos sus bienes en el Boletín Oficial en aras a la "transparencia" y la "recuperación de la credibilidad" de la clase política. Las Juntas Generales (Parlamento provincial) aprobaron ayer una proposición no de norma presentada por Aralar, que fue respaldada por Bildu y el PSE, mientras que el PNV y el PP votaron en contra.
Gipuzkoa sigue de este modo los pasos de Álava —una norma semejante también rige en el Congreso y el Senado— y acuerda crear sendos registros, uno de activ...
Los diputados forales de Gipuzkoa y los altos cargos de la Diputación provincial deberán hacer públicos sus bienes en el Boletín Oficial en aras a la "transparencia" y la "recuperación de la credibilidad" de la clase política. Las Juntas Generales (Parlamento provincial) aprobaron ayer una proposición no de norma presentada por Aralar, que fue respaldada por Bildu y el PSE, mientras que el PNV y el PP votaron en contra.
Gipuzkoa sigue de este modo los pasos de Álava —una norma semejante también rige en el Congreso y el Senado— y acuerda crear sendos registros, uno de actividades y otro de bienes e intereses, en los aparecerán detallados el patrimonio de los diputados forales, directores y altos cargos de libre designación. Los registros ya existían en Gipuzkoa tras el decreto aprobado a finales de la pasada legislatura por el gobierno foral presidido por Markel Olano (PNV), pero tenían negado el acceso público.
La futura norma foral establece que a información del registro de actividades se podrá solicitar por cualquier ciudadano tras exponer el motivo de su petición. Los bienes de las autoridades políticas y altos cargos se publicarán en el Boletín Oficial de Gipuzkoa.
Olano, portavoz del PNV, opinó que esta iniciativa contribuye al "descrédito de la clase política" y puso como ejemplo el "circo" que a su juicio se formó en el Congreso cuando se hicieron públicos los bienes de los diputados. Por su parte, Iñigo Manrique, del PP, también se opuso porque no se puede tener "la sospecha constante de que nuestros cargos políticos son unos chorizos". Añadió que la publicación de estos datos "cuestiona y afecta a derechos básicos de las personas, como el de la intimidad".