El fiscal pide cuatro años para Tellería y los dos 'ertzainas' acusados de espionaje
El Ministerio Público solicita que los perjudicados sean indemnizados con 342.000 euros
El Fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, ha pedido un total de cuatro años de cárcel para el exdirigente del PNV alavés Aitor Tellería y Carlos Lau y Jesús Acha, los dos ertzainas de la antigua Unidad de Información y Análisis [UIA], por la supuesta trama de espionaje político conocida como el caso Tellería.
En su escrito de acusación, el Ministerio Público considera a los tres responsables de un delito de continuado de vio...
El Fiscal jefe de Álava, Josu Izaguirre, ha pedido un total de cuatro años de cárcel para el exdirigente del PNV alavés Aitor Tellería y Carlos Lau y Jesús Acha, los dos ertzainas de la antigua Unidad de Información y Análisis [UIA], por la supuesta trama de espionaje político conocida como el caso Tellería.
En su escrito de acusación, el Ministerio Público considera a los tres responsables de un delito de continuado de violación de secretos de los artículos 74 y 417.1 y 2 del Código Penal. Considera que los dos agentes son autores del citado delito y que Tellería actuó como cooperador necesario.
La investigación empezó a raíz de que la Ertzaintza encontrara, al investigar la presunta trama corrupta del caso De Miguel, seis documentos Word en poder de Tellería con información sensible sobre destacados políticos y empresarios alaveses, así como de personas vinculadas con el Centro Nacional de Inteligencia, ertzainas, periodistas, concejales o trabajadores de seguridad, entre otros.
Según reza el escrito, los acusados, de común acuerdo, decidieron antes de junio de 2008 que los ertzainas prestarían servicios a Tellería recabando información en su actividad policial. Recopilarían así datos para entregárselos al exdirigente peneuvista e investigarían a las personas que este les solicitase.
Para ello, los dos agentes propusieron listas de personas con las que establecer contacto, mantener entrevistas o hacer seguimientos. Utilizaron información que o bien se hallaba registrada en archivos de la Ertzaintza o, en su caso, a la que pudieran acceder por su oficio y que no debía ser divulgada.
La transferencia de información se llevaba a cabo de diversas maneras, bien en entrevistas personas o telefónicas, bien mediante documentos escritos que le hacían llegar Tellería. Según la Fiscalía, el número de documentos que produjeron y transmitieron ascendía a varios cientos. Estos documentos iban siendo destruidos por Tellería de manera periódica.
"Como consecuencia del proceder de los acusados y el tráfico ilícito de información que los mismos llevaron a cabo, se puso en serio riesgo la vida, la seguridad y la honorabilidad de las personas referidas en las fichas y que figuraban en las bases de datos de la Ertzaintza como fuentes o colaboradores en atención a la actividad de la organización terrorista ETA ", añade el escrito.
Además de los cuatro años de prisión, el fiscal pide otros tantos de inhabilitación para el derecho de sufragio pasivo para Tellería y para el ejercicio de funciones de ertzainas para los dos agentes encauzados, además de 18 meses de multa a razón de 30 euros diarios, y tres años de suspensión de empleo o cargo público.
El Ministerio Público solicita también que los acusados indemnicen conjunta y solidariamente a la veintena de personas mencionadas en los partes con 342.000 a repartir entre todos en cantidades que oscilan entre los 50.000 y los 3.000 euros.
El Fiscal solicita que se requiera a los acusados a fin de que depositen la cantidad de 500.000 euroscon el fin de asegurar las responsabilidades civiles derivadas del caso, con el Gobierno vasco como responsable civil subsidiario.
Los tres terminarán sentados en el banquillo de acusados. Acha era el jefe de Información y Análisis antiterrorista de la unidad, mientras que Lau era el jefe de información operativa y afiliado al PNV desde hace varios años en el momento en el que supuestamente ocurrieron los hechos investigados, a mediados de 2008. Tellería, por su parte, era el encargado en el Araba Buru Batzar de gestionar y canalizar los "anónimos" que iban llegando al partido, según reconoció él mismo ante el juez y confirmó el presidente del PNV alavés, Iñaki Gerenabarrena, en una rueda de prensa.