El juez Serrano defiende que su resolución sobre un menor "no hacía daño a ninguna parte"
Juicio por supuesta prevaricación al cambiar un turno de visitas para que un niño saliera de paje
El juez de Sevilla Francisco Serrano, juzgado desde esta mañana en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por un supuesto delito de prevaricación al modificar el turno de custodia de un niño de 11 años para garantizar su salida como paje en una cofradía de la Madrugá sevillana, ha defendido su actuación y ha asegurado que dictó su resolución "sin hacer daño a ninguna parte".
Según ha declarado, su intención era que se garantizara que el niño saliera en la procesión, teniendo en cuenta que ya lo había hecho en años anteriores y que un auto del Juzgado de Violencia sobr...
El juez de Sevilla Francisco Serrano, juzgado desde esta mañana en el Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) por un supuesto delito de prevaricación al modificar el turno de custodia de un niño de 11 años para garantizar su salida como paje en una cofradía de la Madrugá sevillana, ha defendido su actuación y ha asegurado que dictó su resolución "sin hacer daño a ninguna parte".
Según ha declarado, su intención era que se garantizara que el niño saliera en la procesión, teniendo en cuenta que ya lo había hecho en años anteriores y que un auto del Juzgado de Violencia sobre la mujer número 4 ya había establecido que debía atenderse el deseo del menor en ese sentido.
Serrano ha explicado que fue el propio abuelo quien acudió en compañía de su nieto a su juzgado, el de Familia número 7, el 30 de marzo de 2010, cuando el niño le verbalizó su convencimiento acerca de que su madre (divorciada de su padre) no le iba a dejar salir en la Madrugá.
La Fiscalía pide para el juez diez años de inhabilitación y el pago de una multa de 5.400 euros, mientras que la acusación particular, que ejerce la madre del menor, solicita 20 años de inhabilitación y 14.400 euros de multa, así como el pago de una indemnización de 60.000 euros a la madre; de 100.000 euros al menor, y de 12.000 euros al otro hijo menor de la querellante.