Intento del PSE para acelerar el estudio de los exiliados por ETA
Enmienda a la totalidad la proposición no de ley del PP
La atención a las personas amenazadas por ETA que se vieron obligadas a dejar el País Vasco tomó ayer un nuevo giro. El PSE-EE pretende que el Gobierno vasco elabore "lo antes posible" un estudio sobre estos amenazados que ahora deseen volver, con el objetivo de consensuar medidas de apoyo en la Ponencia de Víctimas del Parlamento vasco. Para ello, los socialistas han presentado una enmienda a la totalidad a la proposición no de Ley del PP en la que plantea la recuperación del derecho a voto de aquellas personas "que se vieron obligadas a abandonar el País Vasco como consecuencia del terrorism...
La atención a las personas amenazadas por ETA que se vieron obligadas a dejar el País Vasco tomó ayer un nuevo giro. El PSE-EE pretende que el Gobierno vasco elabore "lo antes posible" un estudio sobre estos amenazados que ahora deseen volver, con el objetivo de consensuar medidas de apoyo en la Ponencia de Víctimas del Parlamento vasco. Para ello, los socialistas han presentado una enmienda a la totalidad a la proposición no de Ley del PP en la que plantea la recuperación del derecho a voto de aquellas personas "que se vieron obligadas a abandonar el País Vasco como consecuencia del terrorismo de ETA".
En el texto del PSE-EE, recogida por Europa Press, la parlamentaria Miren Gallastegui Oyarzábal emplaza al Parlamento vasco a reconocer "la valentía y el coraje cívico de todas las personas que, durante muchos años, han plantado cara a ETA defendiendo la democracia, la pluralidad y la libertad en Euskadi".
Además, insta al Gobierno vasco "a elaborar con rigor y traer" a la Cámara "lo antes posible un estudio sobre las personas que, amenazadas de forma directa por ETA, tuvieron que abandonar Euskadi y desean regresar". Su objetivo es que se consensúen medidas de apoyo a estas personas en la Ponencia de Víctimas.
En la iniciativa enmendada, el PP recordaba que se podría estar hablando de un colectivo de entre 45.000 y 60.000 damnificados, que incluiría a "supervivientes de atentados o familiares de quienes fueron víctimas" de actos terroristas, a "personas perseguidas o extorsionadas y a denunciantes de acoso o agresiones contra sus domicilios o bienes".
En opinión de los populares, además de facilitarse "el retorno al País Vasco de quienes lo deseen, deben abordarse las consecuencias del abandono forzoso al que se vieron obligados", y recuerdan que supuso "la pérdida de sus derechos políticos, es decir, la pérdida de la condición política de vasco derivada del cambio de residencia y la privación, por tanto, del derecho a voto en el País Vasco", y ahora no saldrá adelante