Fiscalía se querella contra cuatro inquilinos del centro histórico de Lleida por prostitución
La investigación concluye que los inquilinos de los pisos investigados han podido cometer un delito de desobediencia a la autoridad
La Fiscalía de Lleida ha presentado una querella por desobediencia contra los arrendatarios de cuatro pisos del centro histórico que presuntamente se utilizan como prostíbulos y bares sin disponer de las licencias correspondientes.
La denuncia es la consecuencia de una investigación abierta hace unos meses por el Ministerio Público después de recibir diversas denuncias en las que se informaba de posibles actividades ilegales en los cuatro pisos, ubicados todos ellos en el mismo edificio de la plaza del Dipòsit. La vivienda es propiedad de un ex concejal socialista a quien el consistorio...
La Fiscalía de Lleida ha presentado una querella por desobediencia contra los arrendatarios de cuatro pisos del centro histórico que presuntamente se utilizan como prostíbulos y bares sin disponer de las licencias correspondientes.
La denuncia es la consecuencia de una investigación abierta hace unos meses por el Ministerio Público después de recibir diversas denuncias en las que se informaba de posibles actividades ilegales en los cuatro pisos, ubicados todos ellos en el mismo edificio de la plaza del Dipòsit. La vivienda es propiedad de un ex concejal socialista a quien el consistorio ha requerido para que presente las cédulas de habitabilidad.
La investigación concluye que los inquilinos de los pisos investigados, de origen africano, han podido cometer un delito de desobediencia a la autoridad por haber hecho caso omiso a diversas órdenes del Ayuntamiento de Lleida en las que se les instaba a cesar la actividad que desarrollaban en sus viviendas.
El pasado mes de agosto, la policía local inspeccionó los pisos con autorización judicial y comprobó que ellos se realizaban actividades propias de locales abiertos al público como venta de bebidas y de tabaco, servicio de comidas y prostitución durante el mes de septiembre. El consistorio envió a la Fiscalía un informe en el que se detallaban tales irregularidades y multó con 600 euros a los inquilinos, a los que conminó a cesar en dichas actividades.
La Fiscalía considera que, a pesar de las sanciones y órdenes municipales, los arrendatarios han continuado "de forma decidida y constante" la citada actividad, por lo que solicita al Juzgado que interrogue a los querellados y a los agentes de la Guardia Urbana que realizaron las inspecciones. Otro juzgado de la ciudad instruye una causa por un delito de tráfico de drogas.
El Ayuntamiento de Lleida ha cerrado en los últimos meses una veintena de locales y pisos del centro histórico en los que se ejercía la prostitución o alguna actividad comercial sin licencia.