Detenidas un centenar de personas en Zaragoza acusadas de estafar a la Seguridad Social

Empresas fantasma se dedicaban a dar de alta y de baja continuamente a extranjeros, a los que exigían dinero para cobrar el paro

La Policía Nacional ha detenido a 99 personas que integraban una red dedicada a estafar a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal en Zaragoza. En la operación, denominada Isabel, también han sido imputadas otras 65 personas, todas ellas extranjeras. El fraude cometido asciende a un millón y medio de euros, según los primeros cálculos de las autoridades.

La policía atribuye a los detenidos los delitos de falsedad documental, estafa a la Seguridad Social y al Inem y contra los derechos de los trabajadores. La investigación arrancó hace un año al detectar la Dirección ...

Regístrate gratis para seguir leyendo

Si tienes cuenta en EL PAÍS, puedes utilizarla para identificarte

La Policía Nacional ha detenido a 99 personas que integraban una red dedicada a estafar a la Seguridad Social y al Servicio Público de Empleo Estatal en Zaragoza. En la operación, denominada Isabel, también han sido imputadas otras 65 personas, todas ellas extranjeras. El fraude cometido asciende a un millón y medio de euros, según los primeros cálculos de las autoridades.

La policía atribuye a los detenidos los delitos de falsedad documental, estafa a la Seguridad Social y al Inem y contra los derechos de los trabajadores. La investigación arrancó hace un año al detectar la Dirección Provincial de la Tesorería de la Seguridad Social y la Inspección de Trabajo de Zaragoza la existencia de 20 empresas "fantasma" gestionadas por ciudadanos rumanos.

Estas empresas se dedicaban a dar de alta y baja a trabajadores extranjeros, a los que cobraban para que estos recibieran el paro, sin que existiera una actividad real y sin cotizar a la Seguridad Social por las empresas y los empleados. Cinco de los 99 detenidos que ejercían de falsos empresarios ya han pasado a disposición judicial y el resto han quedado en libertad con cargos.

Veinte empresas (diecinueve inscritas como personas físicas y una como sociedad civil constituida por dos personas) presentaban sucesivas altas y bajas de trabajadores, algunos de los cuales se repetían en varias de las empresas, e incumplían desde el inicio la obligación de cotizar a la Seguridad Social. Además, se constató que eran falsos los domicilios que constaban de las empresas, supuestamente dedicadas a la construcción, la hostelería, la limpieza o talleres mecánicos.

Los trabajadores eran contratados y dados de alta durante cortos periodos de tiempo, en la mayoría de los casos los mínimos legales exigidos para acceder al derecho a las prestaciones o subsidios. Las altas eran tramitadas a cambio de dinero que pagaban los trabajadores y que oscilaba entre los 280 y los 400 euros, si bien existe algún caso en que los pagos ascendieron a 13.000 euros, entre los que se incluía la gestión del visado, contrato de trabajo, altas en varias empresas para obtener la regularización y las prestaciones por desempleo.