El rechazo vecinal logra aplazar el derribo de diez viviendas en Chiclana

La presión vecinal ha podido parar las máquinas. Al menos, de momento. El Ayuntamiento de Chiclana (Cádiz) debía ejecutar hoy una orden judicial que obligaba a derribar diez casas construidas en suelo no urbanizable y sin licencia en Majadillas Bajas, una de las barriadas de las afueras de la ciudad. Las viviendas están denunciadas desde 2007. Los inmuebles, unifamiliares, con 100 metros cuadrados construidos y otros 400 de parcela, son de un único promotor y están todos ocupados por inquilinos que pagan un alquiler de 550 euros al mes. Ellos conocían la sentencia contra sus casas pero no sabí...

La presión vecinal ha podido parar las máquinas. Al menos, de momento. El Ayuntamiento de Chiclana (Cádiz) debía ejecutar hoy una orden judicial que obligaba a derribar diez casas construidas en suelo no urbanizable y sin licencia en Majadillas Bajas, una de las barriadas de las afueras de la ciudad. Las viviendas están denunciadas desde 2007. Los inmuebles, unifamiliares, con 100 metros cuadrados construidos y otros 400 de parcela, son de un único promotor y están todos ocupados por inquilinos que pagan un alquiler de 550 euros al mes. Ellos conocían la sentencia contra sus casas pero no sabían hasta esta semana las intenciones de acometer de forma inminente el derribo. Por eso ayer protestaron a las puertas de sus viviendas en medio de una enorme tensión y una imponente presencial policial.

Finalmente las máquinas ni siquiera aparecieron. La empresa encargada de demolición argumentó la supuesta falta de un documento necesario para acometer el derribo. Los vecinos amenazaron con encerrarse dentro de sus casas si las piquetas empezaban a funcionar. "De aquí no nos sacan. Aquí hay muchos niños. No nos pueden hacer esto. Tenemos todos nuestros muebles", protestó Isabel Tocino, una de las afectadas. El Ayuntamiento busca realojar a las familias y argumenta que no tiene más remedio que acatar la sentencia. Los vecinos arremetieron con duras críticas contra el equipo de gobierno, del PSOE, aunque el expediente contra estas casas se abrió en 2007, cuando gobernaba un cuatripartito formado por PP, IU, PA Y PSA. Las viviendas fueron construidas sin ningún tipo de permiso, llegaron a ser precintadas pero aún así la promotora terminó las obras y permitió su ocupación. En Chiclana existen unas 15.000 viviendas ilegales.