La Fiscalía de Cataluña envía a Anticorrupción otros tres 'pelotazos' en Sant Andreu de Llavaneres
Esta nueva documentación se añade a la que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón requirió la semana pasada al ayuntamiento barcelonés
La Fiscalía de Cataluña ha enviado a la Fiscalía Anticorrupción otros tres informes sobre supuestos pelotazos en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), dos de ellos vinculados a empresas de los detenidos en la operación Pretoria, para que investigue su relación con la trama de la corrupción. Según han informado a Efe fuentes judiciales, esa nueva documentación se añade a la que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón requirió la semana pasada al Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres sobre un convenio urbanístico firmado en el año 2005 con la empresa Niesma, que preside ...
La Fiscalía de Cataluña ha enviado a la Fiscalía Anticorrupción otros tres informes sobre supuestos pelotazos en Sant Andreu de Llavaneres (Barcelona), dos de ellos vinculados a empresas de los detenidos en la operación Pretoria, para que investigue su relación con la trama de la corrupción. Según han informado a Efe fuentes judiciales, esa nueva documentación se añade a la que el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón requirió la semana pasada al Ayuntamiento de Sant Andreu de Llavaneres sobre un convenio urbanístico firmado en el año 2005 con la empresa Niesma, que preside el presunto cerebro de la trama de corrupción, Luis García.
Este convenio mencionado por Garzón en su auto, con el que Niesma ganó al menos dos millones de euros por la recalificación de los terrenos de Can Riviere, fue denunciado por el grupo municipal SOS Llavaneres ante la Fiscalía de Cataluña, que acabó archivando al caso al no apreciar indicios delictivos en la operación urbanística.
Otra denuncia en 2007
La Fiscalía de Cataluña también archivó otra denuncia presentada en abril de 2007 por SOS Llavaneres sobre un convenio para la compra de una finca de interés público con el que una empresa de Badalona (Barcelona) habría conseguido multiplicar por ocho, gracias a una recalificación municipal, los beneficios derivados de esa operación. La documentación sobre este caso también ha sido enviada ahora a la Fiscalía Anticorrupción por sus homólogos de Cataluña, a la espera de que SOS Llavaneres presente mañana nueva información que probaría la relación de la empresa beneficiada con el entramado de sociedades que manejaba el detenido Luis García, según han informado a Efe fuentes cercanas a la investigación.
Otras dos denuncias presentadas por SOS Llavaneres por irregularidades urbanísticas están siendo investigadas por un juzgado de Mataró (Barcelona) y, al margen de la evolución de esos procesos en Cataluña, la Fiscalía catalana ha remitido a Madrid documentación sobre estas causas por si se establece alguna relación con la trama de corrupción destapada en la operación Pretoria. En esos procesos que se siguen en Mataró, y cuya instrucción aún no está concluida, el juez ha imputado al ex alcalde Víctor Ros (PP), que aún es concejal en Llavaneres por la misma formación, así como al ex concejal de Urbanismo Antonio Jiménez y a un técnico municipal.
Implicación de Proinosa
En una de esas causas se investiga un convenio por el que el ayuntamiento vendió a Proinosa, empresa presidida por el imputado en el caso Pretoria Josep Singla, unos terrenos de la antigua zona deportiva, que posteriormente fueron recalificados para la construcción de vivienda libre, a un precio muy por debajo al del mercado, según la denuncia de SOS Llavaneres. Por esta presunta operación irregular, el juez de Mataró mantiene imputado, además del ex alcalde, a Antonio Jiménez (PSC), al que el juez Baltasar Garzón cita en su auto de la operación Pretoria por su "estrecha relación" con el supuesto cerebro de la trama, el ex diputado Luis García.
En su auto, Garzón subraya que Antonio Jiménez, que fue gerente del Instituto Municipal de Deportes de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona), ha tratado con Luis García sobre varios proyectos urbanísticos de esta población, como la construcción del mercado de Fondo, aprobada en 2007.
La cuarta denuncia de SOS Llavaneres investigada por la Justicia, y que ahora está en manos de la Fiscalía Anticorrupción, es el convenio para la recalificación de unos terrenos donde se construirá una guardería, lo que también ha comportado la imputación del ex alcalde Víctor Ros.