El TSXG tiene 8.700 casos pendientes más
El presidente en funciones lo achaca a la escasez de medios y la movilidad de jueces y aboga por incrementar órganos y personal y por mejorar las condiciones de la plantilla
Los casos pendientes en los tribunales gallegos han aumentado en más de 8.700 casos en 2007 con respecto al año anterior aunque ha aumentado el número de casos resueltos. Unas cifras que, en opinión del presidente en funciones del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Antonio González Nieto, se deben a la escasez de medios personales y materiales; la excesiva movilidad de los jueces gallegos, siendo la comunidad autónoma en la que la rotación es mayor; así como el deficiente sistema de nombramiento de personal interino, en especial en el caso de las bajas por incapacidad temporal....
Los casos pendientes en los tribunales gallegos han aumentado en más de 8.700 casos en 2007 con respecto al año anterior aunque ha aumentado el número de casos resueltos. Unas cifras que, en opinión del presidente en funciones del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia (TSXG), Antonio González Nieto, se deben a la escasez de medios personales y materiales; la excesiva movilidad de los jueces gallegos, siendo la comunidad autónoma en la que la rotación es mayor; así como el deficiente sistema de nombramiento de personal interino, en especial en el caso de las bajas por incapacidad temporal.
Para González Nieto la solución pasa por crear nuevos órganos que permitan un "correcto funcionamiento de la justicia en Galicia", tales como una sala de lo social con dos magistrados, y una de lo contencioso-administrativo con nueve para el TSXG; así como aumentar en un magistrado la sección de penales de A Coruña y la sección sexta de Santiago, y con otro para cada una de las secciones civiles de Lugo, Ourense y Pontevedra.
En cuanto a las necesidades de personal, González Nieto considera necesarias nueve nuevas plazas de magistrado en la sala de lo Contencioso-Administrativo, así como el mantenimiento de un equipo de refuerzo; y la creación de dos o tres nuevas plazas de magistrados para la sala de lo social. Y ha incidido en que aunque la media de jueces por cada 100.000 habitantes es ligeramente superior a la nacional, hay que tener en cuenta ciertas particularidades como la cantidad de núcleos urbanos en la comunidad y otros factores a la hora de dotar de plazas a la comunidad, como la complejidad de los asuntos, la existencia de un derecho civil propio o la particular naturaleza de los delitos, tales como narcotráfico o blanqueo de capitales.
También ha señalado la falta o tardía cobertura de plazas vacantes y de bajas "que deben producirse de manera automática"; la deficiente regulación del régimen sobre incapacidad temporal; o la existencia de dos tipos de horario, fijo y flexible, que imposibilitan un mínimo control de la oficina; así como la ausencia de incentivos profesionales; medidas de refuerzo insuficientes; y una deficiente formación del personal interino.
Violencia de género
En referencia la violencia de género, ha insistido en la necesidad de crear jugados específicos en las principales ciudades de Galicia, e incluso otros con competencia comarcal dentro de un área no superior a los treinta kilómetros "para proteger los derechos de las víctimas"; a pesar de que reconoció una estabilización de las tasas de litigiosidad en la materia, reduciéndose levemente en A Coruña y Lugo e incrementándose de manera ligera en Pontevedra y Ourense.
Además ha considerado que esta medida debería complementarse con un mecanismo efectivo de coordinación con el Programa Galicia de Reeducación de Maltratadores de Género que ahora tiene un desarrollo al margen de la Administración de justicia, "un hecho absolutamente contraproducente al poder ocasionar unas disfunciones que pueden agravarse con el tiempo, mientras que en periodo inicial serían de fácil solución"; además de con reuniones periódicas de jueces y magistrados para que pongan en común sus posturas "buscando mayor eficacia".
En materia de seguridad solicitó la celebración de un convenio con el Ministerio del Interior para incorporar agentes de la Policía Nacional y la Guardia Civil, así como la instalación de cámaras en las zonas sensibles y escáneres en las entradas de los edificios judiciales que, si bien ya están en las grandes ciudades, deben extenderse a todos los órganos.