Nueve hermanos objetores
Una familia numerosa presenta en bloque su negativa a la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía
Los madrileños Antonio Jiménez y Trinidad Fernández, padres de 12 hijos -nueve de ellos en edad escolar- han presentado en bloque objeción de conciencia frente a la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía, al estimar que es "una intromisión" en el derecho a enseñar y educar a sus hijos. La Conferencia Episcopal y organizaciones como el Foro Español de la Familia han emprendido una dura campaña en contra de esta materia, que en algunas comunidades como en Madrid se empezará a impartir en 2008, mientras que en Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña, Extremadura y Navarra será el próxi...
Los madrileños Antonio Jiménez y Trinidad Fernández, padres de 12 hijos -nueve de ellos en edad escolar- han presentado en bloque objeción de conciencia frente a la nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía, al estimar que es "una intromisión" en el derecho a enseñar y educar a sus hijos. La Conferencia Episcopal y organizaciones como el Foro Español de la Familia han emprendido una dura campaña en contra de esta materia, que en algunas comunidades como en Madrid se empezará a impartir en 2008, mientras que en Andalucía, Asturias, Cantabria, Cataluña, Extremadura y Navarra será el próximo septiembre. La asignatura es obligatoria y, por lo tanto, los colegios tienen la obligación de impartirla a todos sus alumnos. Además, el recurso de la objeción es de muy dudosa legalidad y supondrá que esos niños no obtengan el graduado escolar.
Los dos hijos mayores del matrimonio, de 19 y 17 años, objetaron por sí mismos en el instituto público La Estrella, alegando que las ideas y pensamientos dependen de uno mismo, según informa en una nota el Foro Español de la Familia. La pareja presentó la objeción de Antonio (Primaria en el CEIP Tomás Bretón); Ignacio (ESO); José María (Primaria), Francisco Javier (Primaria) y Ricardo (Primaria), en el Colegio Virgen de Atocha; Débora (Educación Infantil), en el colegio público de San Isidoro; y Loreto (ESO) en el colegio Sagrado Corazón de Don Pedro.
El Foro Español de la Familia aconseja a todos los padres con hijos en edad escolar que presenten objeción de conciencia frente a esta asignatura, para garantizar que "nuestros hijos sean educados en materias de hondo calado moral y personal conforme a los criterios que los padres consideramos más idóneos".
Un recurso de dudosa legalidad
En opinión de esta organización, la nueva asignatura "pretende educar a los alumnos en la peculiar visión ética de la personas y de la afectividad que tienen los actuales gobernantes, en contra de la conciencia de la mayoría de padres y madres españoles". La objeción de conciencia -concluye la nota- se realiza mediante un escrito dirigido al director del centro en el momento de inscribir o renovar plaza para el curso académico 2007-2008.
Sin embargo, lo cierto es que el recurso de la objeción es de muy dudosa legalidad, ya que hay muchas más sentencias en contra que a favor, y en todo caso supondrá con toda probabilidad que esos niños no puedan obtener el graduado escolar por no superar una asignatura obligatoria.
Los obispos se han opuesto desde el principio a esta nueva asignatura, por ejemplo, por la posibilidad de que se enseñe a los escolares que los matrimonios homosexuales están reconocidos por la ley. Tanto ellos como el PP y algunas asociaciones católicas promueven la objeción de conciencia. La asignatura es obligatoria y, por lo tanto, los colegios tienen la obligación de impartirla a todos sus alumnos en primaria y ESO. Sus contenidos repasan las relaciones personales, la vida en comunidad, la igualdad entre hombres y mujeres, la Constitución, los Derechos Humanos, la seguridad vial o la globalización, entre otros.
Por su parte, Esperanza Aguirre ha mostrado en numerosas ocasiones su oposición a esta materia, que no gusta al PP. En la campaña electoral, la presidenta de la Comunidad de Madrid anunció que permitiría a los objetores sustituir la asignatura por actividades de voluntariado, pero el Ministerio de Educación, que es quien fija las materias y sus contenidos mínimos, la llamó al orden. El propio Mariano Rajoy le recordó que el deber de las comunidades es aplicar la ley.