La juez desoye al fiscal y archiva el caso de los votos por correo en Melilla
La resolución no aprecia delito de fraude electoral en la conducta de Javier Lence, del PP, porque "desconocía que las 1.000 solicitudes de voto por correspondencia fueran un documento oficial"
El Juzgado de Instrucción número 3 de Melilla ha archivado la causa abierta por el caso de la supuesta falsificación de solicitudes de voto por correo en Melilla. La juez Julia Andamuz ha desoído la petición de la fiscalía, que le había reclamado nuevas diligencias, entre ellas una referida a que se consulte el censo electoral para comprobar si ha experimentado un aumento o variaciones sospechosas, y ha ordenado el "sobreseimiento libre y el archivo" de la causa al no apreciar delito de fraude electoral en el encargo de los impresos por parte del gerente del PP, Javier Lence, a una impresa de...
El Juzgado de Instrucción número 3 de Melilla ha archivado la causa abierta por el caso de la supuesta falsificación de solicitudes de voto por correo en Melilla. La juez Julia Andamuz ha desoído la petición de la fiscalía, que le había reclamado nuevas diligencias, entre ellas una referida a que se consulte el censo electoral para comprobar si ha experimentado un aumento o variaciones sospechosas, y ha ordenado el "sobreseimiento libre y el archivo" de la causa al no apreciar delito de fraude electoral en el encargo de los impresos por parte del gerente del PP, Javier Lence, a una impresa de la Ciudad Autónoma.
La resolución destaca que no existía en los procesados la voluntad de "alterar conscientemente la verdad, ni de atacar la confianza de la sociedad tiene depositada en el valor de los documentos". "Lo importante es la intención de alterar la verdad recaiga sobre extremos esenciales del documento en cuestión, circunstancia que no concurre en los presentes autos, en tanto que la eficacia de dichos documentos precisaba de la correspondiente utilización por personas individuales debidamente identificadas", expone.
Además, aclara que sería preciso que "mil sujetos haciendo uso de su DNI las usaran, dirigiéndose de forma personal a su Oficina de Correos y ejercer el derecho a voto". Por ello, concluye que no resulta "acreditada ni probada la intención maliciosa de los procesados" y, en consecuencia, indica que "no resulta justificada la perpetración del delito que ha dado origen al procedimiento".
Asimismo, recuerda que la ley, cuando se trata de un particular, exige que exista responsabilidad para que haya dolo, por lo que no puede ser entendida la "responsabilidad criminal de un particular si en la actuación u omisión del mismo no media dolo y tan sólo existe culpa, negligencia o imprudencia". "En este caso no aparece como dolosa la actuación de los procesados, en tanto que el señor Lence declaró en sede judicial que desconocía que las 1.000 solicitudes de voto por correspondencia fueran un documento oficial", argumenta.
El PSOE recurrirá la sentencia
El contenido de este auto ha sido adelantado en rueda de prensa esta mañana por el presidente de Melilla, el popular Juan José Imbroda, que se ha alegrado del fallo y ha dicho que "no hay nada pecaminoso en el tan cacareado asunto de los impresos". Angel Ácebes, número dos del PP, ha convocado otra rueda de prensa nada más conocerse el fallo en la que ha cargado contra todos aquellos que acusaron al PP de "pucherazo electoral", en especial contra los socialistas. Así, ha adelantado que los melillenses afectados podrían presentar denuncias contra tanta "mentira y calumnia".
Por su parte, fuentes de la dirección federal del PSOE han informado de que sus representantes en la causa, donde se han personado como acusación particular, recurrirán la decisión de archivar las diligencias. En todo caso, han apuntado que les parece "extraño" que el presidente de Melilla tuviera el auto en su integridad antes que la Fiscalía y que las partes personadas, y que, al margen de responsabilidades penales "las políticas siguen si depurarse" y que el PP todavía no ha explicado "para qué quería los impresos falsificados".
Destrucción de documentos
El encargo de los impresos se dio a conocer a raíz de las escuchas telefónicas efectuadas a la imprenta Marfeme de la ciudad autónoma, que estaba siendo investigada por una supuesta falsificación de documentos y etiquetas de productos. Una vez que se descubrieron estos hechos, la Junta Electoral de Zona dio traslado de los mismos a un juzgado de Melilla para que determinara la existencia o no de una vulneración de la Ley Electoral, a la vez que el PSOE y Coalición por Melilla se presentaron como acusación particular en el caso.
La actuación policial se produjo sólo una horas después de que Lence telefoneara a uno de los dueños del taller de impresión urgiéndole a que destruyera todo y a que no hiciera ninguna factura sobre el encargo, aunque a la vez se comprometía a abonarle el coste del trabajo.
El PP ha justificado el encargo de las solicitudes de voto en la escasez de estos documentos en Correos y en su intención de facilitar el acceso al sufragio, ante las numerosas peticiones de información recibidas en el partido por parte de afiliados y simpatizantes.
Por su parte, la Delegación del Gobierno en Melilla asegura que el proceso de voto por correo se está produciendo en la ciudad con "absoluta normalidad" y sin que se haya producido en ningún momento escasez de solicitudes, de las que "hay más que suficientes para atender la demanda". Según esta institución, el Ministerio del Interior remitió a Melilla el pasado 3 de abril 4.750 impresos de solicitud de voto por correo que fueron entregados a Correos y de los que hasta el pasado día 20 los ciudadanos habían retirado 935 ejemplares.