El Congreso admite el proyecto de nuevo Estatuto de Cataluña con la única oposición del PP
El texto ha recibido 197 votos a favor, 146 en contra y una abstención, ésta probablemente por error
El Congreso de los Diputados ha aprobado esta madrugada la admisión a trámite del proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña, paso previo para su discusión en la Comisión Constitucional. El texto ha recibido el apoyo de 197 diputados y han votado en contra 146. Ha habido una abstención.
Han votado a favor PSOE, CiU, ERC, PNV, IU-ICV, CC-NC, BNG, CHA, EA y Nafarroa Bai, mientras que 146 del PP votaron en contra. La abstención ha correspondido al diputado socialista por Asturias, Celestino Suárez, previsiblemente por error. Una vez aceptada la toma en consideración del texto, éste se en...
El Congreso de los Diputados ha aprobado esta madrugada la admisión a trámite del proyecto de reforma del Estatuto de Cataluña, paso previo para su discusión en la Comisión Constitucional. El texto ha recibido el apoyo de 197 diputados y han votado en contra 146. Ha habido una abstención.
Han votado a favor PSOE, CiU, ERC, PNV, IU-ICV, CC-NC, BNG, CHA, EA y Nafarroa Bai, mientras que 146 del PP votaron en contra. La abstención ha correspondido al diputado socialista por Asturias, Celestino Suárez, previsiblemente por error. Una vez aceptada la toma en consideración del texto, éste se enviará a la Comisión Constitucional y se abrirá un plazo de enmiendas de quince días, que se podrá prorrogar algunas semanas si lo piden los grupos.
Concluido éste lapso se crearán dos ponencias —grupos de trabajo—, una integrada por diputados de todos los grupos del Congreso y otra por parlamentarios catalanes y cuyo número no excederá a la primera. Ambas discutirán las enmiendas para tratar de llegar a un acuerdo en un plazo inicial de dos meses.
En caso de acuerdo, cada una de las delegaciones votará el texto de forma separada, y si la mayoría lo hace a favor, continuará adelante; si no hubiera consenso, la Comisión Constitucional se pronunciará sobre las enmiendas y redactará un dictamen.
En ambos casos, el documento resultante se votará ante el pleno de la Cámara, donde se precisa la mayoría absoluta, al ser una Ley Orgánica. Tras un proceso similar en el Senado, el proyecto volvería al Congreso para un pronunciamiento definitivo, que requeriría también mayoría absoluta.
A partir de ese momento el Parlamento de Cataluña dispone de diez días para decidir si está de acuerdo o no con la iniciativa, si bien el Reglamento le reserva la posibilidad de retirarla en cualquier momento de la tramitación en las Cortes Generales. Si la cámara catalana da su visto bueno el proyecto afrontará su última fase: la convocatoria de un referéndum en el que los ciudadanos catalanes se pronunciarían sobre el nuevo Estatuto.
El presidente de la Generalitat de Cataluña, Pasqual Maragall, que ha abandonado sobre la 1.30 de la madrugada el Congreso, ha dicho que se siente "muy satisfecho" por el curso del debate. Antes de abandonar el hemiciclo, Maragall se ha fundido en un abrazo con el secretario de organización del PSOE, José Blanco. Tras Maragall han salido del Congreso los representantes parlamentarios catalanes que han defendido la propuesta Artur Mas (CiU), Josep Lluís Carod-Rovira (ERC) y Manuela de Madre (PSC).
Maratoniana jornada
En la maratoniana jornada, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, asumió en su discurso la "identidad nacional" de Cataluña, fórmula para cambiar el artículo 1 del Estatuto, que define a Cataluña como nación. Zapatero insistió en que habrá recortes al Estatuto para garantizar los principios constitucionales de igualdad, libertad y solidaridad.
La jornada comenzó con la defensa del texto por parte de los representantes del Parlamento catalán, que insistieron, en un tono conciliador, en la necesidad de aumentar el autogobierno de esa comunidad. El presidente del PP, Mariano Rajoy, pidió la devolución del texto, al que considera una reforma "encubierta" de la Constitución. Es decir, para el PP el texto debería tener el mismo tratamiento que el plan Ibarretxe, su devolución a la Cámara autonómica.