Quién es quien en el 'caso Gescartera'
Principal imputado en la instrucción abierta por la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, que ordenó su ingreso en prisión el 16 de junio de 2001. Creció profesionalmente a la sombra de su padre, José Camacho Rodríguez, quien de empleado de Banesto pasó al despacho de un agente de bolsa y de allí, al Banco Popular. Fue a principio de los noventa cuando los Camacho, padre e hijo, se independizaron y crearon Bolsa Consulting, primero, y Gescartera, inmediatamente después. Aunque ya en 1993 tuvieron el primer tropezón serio con la Comisión Nacional del Mercado de Valores -128 millones de...
Antonio Camacho Friaza
Principal imputado en la instrucción abierta por la juez de la Audiencia Nacional Teresa Palacios, que ordenó su ingreso en prisión el 16 de junio de 2001. Creció profesionalmente a la sombra de su padre, José Camacho Rodríguez, quien de empleado de Banesto pasó al despacho de un agente de bolsa y de allí, al Banco Popular. Fue a principio de los noventa cuando los Camacho, padre e hijo, se independizaron y crearon Bolsa Consulting, primero, y Gescartera, inmediatamente después. Aunque ya en 1993 tuvieron el primer tropezón serio con la Comisión Nacional del Mercado de Valores -128 millones de pesetas de multa que nunca llegaron a pagar-, los negocios funcionaron bien hasta 1999. Aquel año, Antonio Camacho perdió a su padre y se separó de su mujer. Aficionado a los artículos de lujo, según relató a la juez Palacios su actual novia, Laura García Morey, tiene un BMW, dos Jaguar, un todoterreno y un Mini Morris, 100 trajes y 50 pares de gafas de Armani, dos pisos en Madrid y un chalé en La Moraleja.
Pilar Giménez-Reyna
Presidenta de Gescartera y hermana del ex secretario de Estado de Hacienda, está considera una figura clave en las relaciones de la sociedad de Antonio Camacho con la ONCE, el Ministerio de Hacienda y la CNMV. Además, habría sido la encargada de los llamados 'clientes especiales' de Gescartera, es decir, personas que entregaban dinero negro a esta sociedad a cambio de un tratamiento fiscalmente opaco. Sus otros hermanos, el coronel de la Guardia Civil José Giménez-Reyna y el administrador de la sociedad Equipamientos Nucleares, integrada en la SEPI, Francisco Giménez-Reyna, también se han visto salpicados por el escándalo. Se sospecha que influyeron en las inversiones en Gescartera de 450 millones de pesetas de la Asociación Pro Huérfanos de la Guardia Civil y de 60 millones de Equipamientos Nucleares, respectivamente. Ambas inversiones se han evaporado. La aparición de sus agendas, en las que anotaba las relaciones entre Gescartera y la CNMV, así como con los 'clientes especiales', desmontan su estrategia de defensa como simple 'florero' en la estafa, y provocaron que la juez Teresa Palacios decretara su ingreso en prisión incondicional el 19 de septiembre de 2001. El 22 de febrero de 2002, la Audiencia Nacional concede a Pilar Giménez-Reyna la libertad bajo fianza de 180.000 euros (30 millones de pesetas).
Enrique Giménez-Reyna
Primera víctima política del caso Gescartera, se vio obligado a dimitir como secretario de Estado de Hacienda por su relación personal con Antonio Camacho, y familiar con la presidenta de la sociedad, su hermana Pilar. La relación de Enrique Giménez-Reyna con las empresas de la familia Camacho viene de antiguo. El ex secretario de Estado asesoró en 1996, a través del despacho Zurdo, Giménez-Reyna y Asociados, tanto a sociedades de Antonio Rafael Camacho, el primer encarcelado por la estafa, como a la propia Gescartera. La evolución del patrimonio de esta sociedad coincide con el ascenso de Giménez-Reyna en el Ministerio de Hacienda. En un año, de 1999 a 2000, la agencia pasó de manejar 7.000 millones de pesetas a controlar unos 54.000 millones. Varios encausados le han señalado como la persona que actuó de mediador entre Gescartera y la entonces presidenta de la CNMV, Pilar Valiente, por lo que la juez Teresa Palacios lo citó a declarar en calidad de imputado.
Pilar Valiente
Presidenta de la Comisión Nacional del Mercado de Valores desde octubre de 2000, tras la dimisión presentada por Juan Fernández-Armesto, hasta el 19 de septiembre de 2001, fecha en la que presenta su dimisión. Dio la orden de intervenir Gescartera, aunque antes se había opuesto, como consejera de la CNMV, a que se hiciesen públicas las sanciones impuestas a esta sociedad el 13 de julio de 2000. Aquel día, el consejo de la CNMV aprobó por unanimidad elevar a Gescartera a la categoría de agencia de valores. Y también por unanimidad aprobó dos sanciones, una a la sociedad (de siete millones) y otra a sus responsables (Antonio Camacho y José María Ruiz de la Serna), de tres millones, por 'infracciones graves'. Pilar Valiente celebró varios almuerzos con el dueño de Gescartera, a los que también asistía el ex secretario de Estado de Hacienda, Enrique Giménez-Reyna. Valiente recibió en su domicilio particular de Madrid al menos tres regalos de Gescartera. Antonio Camacho y Pilar Giménez-Reyna le enviaron dos de ellos justo después de las reuniones que mantuvieron con ella y con Enrique Giménez-Reyna. El tercero de los presentes le llegó por Navidad. Pilar Valiente también tiene un lugar destacado en las agendas de Pilar Giménez-Reyna, en las que se refleja su estrecha relación con los directivos de Gescartera, a los que no sólo facilita información privilegiada sobre las actuaciones de la CNMV, sino que también les aconseja sobre cómo afrontar las inspecciones.
Aníbal Sardón
Propietario de la Asesoría de Gestión y Patrimonio (AGP), que captó unos 200 clientes para Gescartera, que invirtieron en la agencia cerca de 18 millones de euros (3.000 millones de pesetas). Sardón, cuarto implicado en el 'caso Gescartera' que ha ingresado en prisión, está acusado de sendos delitos de apropiación indebida y estafa. El conseguidor de clientes de Gescartera, en su interrogatorio del 11 de noviembre de 2002, no fue capaz de explicar diversos estadillos de inversiones de clientes contenidos en los ordenadores de AGP, ni la razón por la que percibió dos cheques de Gescartera que totalizaban 180.000 euros (unos 30 millones de pesetas).
Luis Ramallo
Notario, ex vicepresidente de la CNMV y ex-diputado del PP, puesto desde el que destacó como 'azote del PSOE' en los casos de corrupción en los que ha estado implicado este partido. Ramallo actuó como notario de Gescartera en varias ocasiones y fue intermediario en un intento de vender esta sociedad poco antes de ser intervenida, todo ello después de abandonar el consejo de la CNMV y a pesar de la incompatibilidad que le afectaba. Asimismo, admitió que había recibido regalos millonarios de Antonio Camacho en el momento de abandonar su cargo en la CNMV. Ramallo asegura que trató de pagar los regalos y que, ante la negativa de Camacho, le envió un cuadro como compensación por los objetos de lujo recibidos. Curiosamente, otro ex diputado del PP y amigo personal suyo, Isidoro Hernández-Sito, como presidente de la Compañía Española de Tabaco en Rama, participada por la SEPI, realizó una inversión de 150 millones de pesetas a través de Gescartera.
Rodrigo Rato
Ministro de Economía y vicepresidente segundo del Gobierno, el 1 de septiembre de 2000 firmó el ascenso de Gescartera a agencia de valores. Fue Rodrigo Rato quien propuso el nombramiento de Pilar Valiente como presidenta de la CNMV. Dos de sus jefes de gabinete, el actual, Jaime Pérez Renovales, y José María Roldán, que ocupó ese cargo entre 1996 y 1997, han estado relacionados con las investigaciones que la CNMV ha llevado a cabo sobre la sociedad de Antonio Camacho. Pérez Renovales formó parte del comité especial que en julio de 1999 investigó Gescartera por decisión del entonces presidente de la CNMV, Juan Fernández-Armesto, lo que supuso apartar del caso a David Vives. Roldán fue miembro del Consejo de la CNMV y formó parte del frente que, encabezado por Pilar Valiente, se opuso a la intervención de Gescartera en abril de 1999. Más allá de su presunta responsabilidad por los nombramientos de Pilar Valiente, Luis Ramallo y José María Roldán en la CNMV, la implicación de Rato en el caso Gescartera se complica por la relación de sus negocios familiares con el HSBC. Este banco, íntimamente ligado a las operaciones de Antonio Camacho, concedió un crédito de 525 millones a Muinmo, empresa de la que el ministro de Economía es accionista.
David Vives
Mientras fue director general de Supervisión de la CNMV descubrió los manejos de Camacho en 1999. Abandonó su cargo coincidiendo con el nombramiento de Pilar Valiente al frente del organismo y con la salida de Juan Fernández-Armesto. Bajo las órdenes de Vives, el subdirector del departamento, Luis Peigneux, descubrió en 1999 un agujero de 4.000 millones de pesetas en la entonces sociedad gestora de carteras. En su comparecencia ante la comisión que investiga el escándalo financiero, Vives explicó que la antigua presidenta del organismo, Pilar Valiente, el ex vicepresidente Luis Ramallo, y el consejero José María Roldán impidieron, en un consejo extraordinario el 16 de abril de 1999, que se interviniese Gescartera, pese al cúmulo de irregularidades descubiertas.
José María Roldán
Roldán fue nombrado consejero de la CNMV, cargo que ocupó entre enero de 1998 y septiembre de 2000, después de haber dirigido el gabinete de Rodrigo Rato en el Ministerio de Economía entre mayo de 1996 y octubre de 1997. Anteriormente había trabajado en el Banco de España, al que ha regresado tras su salida de la CNMV. Los consejeros Pilar Valiente y José María Roldán y el vicepresidente Luis Ramallo se habrían opuesto a la intervención -según la versión ofrecida en el Parlamento por Fernández-Armesto y Vives- posición a la que se sumó Antonio Alonso Ureba como secretario del consejo. Este giro se produjo a raíz del polémico consejo extraordinario de la CNMV del 16 de abril de 1999, en el que se propuso la intervención de Gescartera.
Teresa Palacios
A esta magistrada de la Audiencia Nacional le correspondió la instrucción del sumario por el 'caso Gescartera'. Ella fue la que decidió enviar a la cárcel al propietario de la agencia de valores, Antonio Camacho, y a la presidenta de Gescartera, Pilar Giménez-Reyna, aunque posteriormente puso a esta última en libertad bajo fianza de 180.000 euros. Sin embargo, su mayor protagonismo en el escándalo se debe a unas declaraciones efectuadas al diario El Día de Córdoba, en las que realizaba una serie de valoraciones políticas sobre la actuación del PP y el PSOE ante escándalos financieros. Su defensa de la actuación de los populares ha levantado serias dudas sobre la independencia política de la juez , a la vez que sorprende la soltura con la que hace pronósticos sobre la instrucción de este caso.