El PSOE acusa al Gobierno de promover "una política de puertas abiertas "

Para los socialistas, el Ejecutivo cambió la ley de Extranjería hace un año porque argumentó que la anterior ley suponía un efecto llamada y acusó entonces al PSOE de querer realizar una política de puertas abiertas con la defensa de aquella primera ley.

La Secretaria de Políticas Sociales y Migratorias del PSOE, Consuelo Rumí, ha acusado al Gobierno de "haber promovido de hecho una política de puertas abiertas" hacia la inmigración y ha anunciado la presentación en el Congreso de 100 preguntas escritas al Gobierno sobre el Plan Greco.

Rumí ha hecho estas afirmaciones durante el...

Para los socialistas, el Ejecutivo cambió la ley de Extranjería hace un año porque argumentó que la anterior ley suponía un efecto llamada y acusó entonces al PSOE de querer realizar una política de puertas abiertas con la defensa de aquella primera ley.

La Secretaria de Políticas Sociales y Migratorias del PSOE, Consuelo Rumí, ha acusado al Gobierno de "haber promovido de hecho una política de puertas abiertas" hacia la inmigración y ha anunciado la presentación en el Congreso de 100 preguntas escritas al Gobierno sobre el Plan Greco.

Rumí ha hecho estas afirmaciones durante el balance que ha efectuado ante los medios sobre la política de inmigración del Ejecutivo con ocasión del primer aniversario de la entrada en vigor de la actual Ley de Extranjería.

Rumí ha considerado además que lo "más grave" de la postura del Gobierno en esta materia ha sido su "cerrazón e incapacidad" al no entender que no podían abordar este fenómeno en solitario y rechazar así el pacto de Estado ofrecido por el PSOE.

Rumí ha criticado también la lentitud con la que se abordan los expedientes de regularización y ha recordado que sólo se han resuelto el 50 por ciento de los 300.000 expedientes presentados.

Un año desastroso

La Responsable Federal de Migraciones de Izquierda Unida, Susana López, ha evaluado el primer año de vigor de la Ley de Extranjería como un año "desastroso" y "plagado de conflictos e incidencias", y ha asegurado que ha supuesto "no sólo tiempo perdido, sino un profundo retroceso en la cultura de la legalidad".

Susana López ha afirmado que al "bloqueo durante un año de la Ley 4/2000 y el resultado desastroso del que lleva en vigor la 8/2000" hay que sumar "el caos desatado y el tratamiento arbitrario de los procesos de regularización".

Esto, asegura, junto a la aplicación "absolutamente restrictiva" de la reagrupación familiar, "han aumentado los niveles de inseguridad y marginación de los inmigrantes y la percepción negativa por parte de la población, agudizando la tensión y el conflicto", motivos por los que afirma que se aleja de "aquello que se decía tener como objetivo: la 'cultura de la legalidad' y la integración".