El Gobierno de Aragón acuerda recurrir el Plan Hidrológico Nacional ante el Tribunal Constitucional
El Gobierno de Aragón ha acordado hoy en una reunión extraordinaria encargar a los servicios jurídicos una serie de medidas contra la Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN), entre las que se contempla la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional, según ha anunciado el vicepresidente del ejecutivo aragonés, José Angel Biel.
Los fundamentos jurídicos del recurso de inconstitucionalidad girarían en torno a consideraciones de carácter medioambiental y a aquellas referidas a la política de ordenación del territorio, que fundamentaron las alegaciones del Gobierno aragonés a...
El Gobierno de Aragón ha acordado hoy en una reunión extraordinaria encargar a los servicios jurídicos una serie de medidas contra la Ley del Plan Hidrológico Nacional (PHN), entre las que se contempla la interposición de un recurso ante el Tribunal Constitucional, según ha anunciado el vicepresidente del ejecutivo aragonés, José Angel Biel.
Los fundamentos jurídicos del recurso de inconstitucionalidad girarían en torno a consideraciones de carácter medioambiental y a aquellas referidas a la política de ordenación del territorio, que fundamentaron las alegaciones del Gobierno aragonés al proyecto del PHN, señala un comunicado del gobierno.
En cuanto al ordenamiento jurídico comunitario, el Gobierno aragonés se plantea presentar una queja o denuncia ante la Comisión Europea por las contradicciones que, a su juicio, existen entre el PHN y la directiva del Parlamento Europea y del Consejo, que establece un marco común de actuación en el ámbito de la política de aguas.
El consejo ha acordado además crear un grupo de trabajo "antitrasvase" multidisciplinar, integrado por juristas, ingenieros de caminos y agrónomos, expertos en ordenación del territorio y medioambiente para "vigilar día a día todo lo que se haga en todas las instancias en relación con el PHN, ha explicado Biel.
Biel ha justificado la adopción de estas medidas ante la preocupación que para el Gobierno supone "la expropiación injusta de lo que significa para Aragón estos 1050 hectómetros cúbicos porque limita su futuro" y porque el desarrollo de la región "no se puede limitar al Pacto del Agua".