La larga transitoriedad de una inflación descontrolada

Existe un generalizado consenso sobre que “la inflación no es tan temporal como esperábamos” que declaró el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos. Parece obvio que acabará el año con un registro que recuerda a épocas pretéritas, cuando en España la inflación era un problema estructural que atormentaba a los gobernantes y era seguido en las páginas económicas con minuciosidad. Este repunte inflacionista se ha caracterizado tanto por su magnitud como por la velocidad con la que se ha propagado. Las autoridades esperaban que fuera transitorio; pero esa transitorie...

Existe un generalizado consenso sobre que “la inflación no es tan temporal como esperábamos” que declaró el vicepresidente del Banco Central Europeo (BCE), Luis de Guindos. Parece obvio que acabará el año con un registro que recuerda a épocas pretéritas, cuando en España la inflación era un problema estructural que atormentaba a los gobernantes y era seguido en las páginas económicas con minuciosidad. Este repunte inflacionista se ha caracterizado tanto por su magnitud como por la velocidad con la que se ha propagado. Las autoridades esperaban que fuera transitorio; pero esa transitoriedad está siendo más larga de lo previsto.

Aunque el BCE considera que los desarrollos siguen siendo coherentes con un retorno a la situación de presiones inflacionistas moderadas a medio plazo que caracterizó la etapa previa a la pandemia, no puede dejar de reconocer su preocupación. A estas alturas alcanza cotas desconocidas en los últimos 30 años, desde el Tratado de Maastricht, cuando la inflación fue una de las asignaturas claves.

Ahora se abren varias incertidumbres, que provienen más de factores externos que de los cuadros macro. Hay que partir de que el incremento tiene su raíz en la pandemia, ya que la recuperación de la demanda ha estrangulado las cadenas de suministros; pero se ha acrecentado por los problemas geopolíticos que han provocado aumentos desorbitados de los precios de la energía, que supone las dos terceras partes de la tasa de inflación, y los movimientos especulativos en torno al mercado del CO₂. El gas natural y el dióxido de carbono han provocado que el precio de la electricidad supere los 400 euros por megavatio hora (MWh), ocho veces más que el que rondaba los últimos años. Nadie se explica la razón por la que Rusia no responde a la mayor demanda, si no es por las tensiones existentes con su vecina Ucrania.

El grado de preocupación se eleva por el temor de que los fuertes incrementos de costes y de los precios de determinados bienes y servicios de consumo repercutan de forma generalizada en los precios finales y en los salarios negociados, dando lugar a una hipotética espiral inflacionista. El problema radica, en concreto, en que se traslade de manera significativa a los salarios, lo que se conoce como “efectos de segunda vuelta” de la inflación. Los banqueros centrales piden prudencia. De momento, esos efectos son contenidos, con un aumento salarial medio pactado hasta septiembre en el conjunto del área euro del 1,4%, cuatro décimas menos que el año pasado. En el caso español, el aumento medio pactado para este año ha sido, hasta octubre, del 1,6%, dos décimas menos que el acordado para 2020 para los convenios de nueva firma. Un factor a favor de esas intenciones son las reducidas cláusulas de salvaguarda en los convenios colectivos: en España han pasado del 70% de antes de la crisis financiera hasta el 17% de la actualidad. En el área euro, solo el 3% de los trabajadores del sector privado tienen sus salarios indexados automáticamente a la inflación.

Ante este panorama y con los tipos de interés reales negativos (los nominales menos la inflación), las decisiones del BCE se antojan muy complicadas. En este sentido, como ha apuntado el gobernador del Banco de España y miembro del consejo del BCE, Pablo Hernández de Cos, “es conveniente que la política monetaria mantenga un enfoque paciente a la hora de valorar una eventual revisión de su actual tono acomodaticio, con el fin de estabilizar la tasa de inflación a medio plazo en el entorno del 2%, que constituye el objetivo de la política monetaria. En todo caso, esta valoración nos debe llevar a evitar una retirada prematura de los estímulos monetarios, en particular en un contexto en el que la evolución de la crisis sanitaria, así como sus efectos económicos, sigue rodeada de una incertidumbre inusualmente elevada”.

A su juicio, “la política monetaria, como el resto de las políticas económicas, debe permanecer especialmente vigilante”. “Aunque la situación actual dista enormemente de la que caracterizó a la crisis de precios del petróleo de la década de los años setenta del siglo pasado, las enseñanzas adquiridas entonces, cuando los daños que se derivaron de la tolerancia hacia tasas de inflación elevadas fueron grandes y duraderos, no deben ignorarse”, añade. Y termina: “La probabilidad de un escenario parecido se antoja reducida, pero aquel episodio debe servir de recordatorio de que las autoridades económicas han de ser cuidadosas a la hora de trazar el necesario equilibrio entre proporcionar un apoyo paciente a la recuperación y preservar la capacidad de actuar con rapidez”.