Guerra de precios de las balizas V16 en vísperas de su obligatoriedad

Faltan apenas horas para que el calendario marque el 1 de enero de 2026, una fecha que supone un antes y un después para los 30 millones de conductores en España. El tradicional triángulo de emergencia, aquel plástico reflectante que nos ha acompañado durante décadas, tiene las horas contadas. En su lugar, la baliza V16 conectada se erige como el único sistema legal para señalizar incidentes en carretera. Este cambio normativo no solo ha transformado la seguridad vial, sino qu...

Faltan apenas horas para que el calendario marque el 1 de enero de 2026, una fecha que supone un antes y un después para los 30 millones de conductores en España. El tradicional triángulo de emergencia, aquel plástico reflectante que nos ha acompañado durante décadas, tiene las horas contadas. En su lugar, la baliza V16 conectada se erige como el único sistema legal para señalizar incidentes en carretera. Este cambio normativo no solo ha transformado la seguridad vial, sino que ha desatado una “tormenta perfecta” comercial: una guerra de precios sin cuartel entre operadoras y supermercados, envuelta en una agria polémica sobre el afán recaudatorio del Estado en una medida pionera en España frente al resto de Europa.

En el plano mercantil, se ha desatado una guerra de precios para responder a la inquietud de los conductores de dónde comprar la baliza más barata. Si hace apenas un año adquirir una baliza homologada suponía un desembolso de entre 50 y 60 euros, la cercanía de la fecha límite ha provocado un desplome vertical del coste hasta por debajo de los 30 euros en algunos casos. Las grandes superficies y las operadoras de telecomunicaciones han entrado en una fase de “liquidación agresiva” para captar al conductor de última hora.

En el asalto de las operadoras, Vodafone, Movistar y Orange han visto en la baliza V16 el “caballo de Troya” perfecto para entrar en el coche de sus clientes, ya que al incluir una eSIM el dispositivo se convierte en un servicio más. Vodafone, líder en precio, ha reventado el mercado este diciembre ofreciendo su modelo ZTE E1 por solo 24 euros para sus clientes (29,99 euros para no clientes) en pago al contado, o en cómodas cuotas de 1 euro al mes durante dos años, lo que representa oficialmente el precio más bajo registrado para una unidad individual, garantizando además conectividad hasta 2040. Por su parte, Movistar, tras meses manteniendo el precio en 49,90 euros, ha sucumbido a la presión bajando su modelo Fase Light a los 34,90 euros, incluyendo a menudo promociones vinculadas a sus planes de conectividad. Orange comercializa la SOS Road Connected por un rango de entre 35 y 39 euros, permitiendo también la financiación en la factura mensual para sus abonados.

Mientras tanto, la batalla en el retail se libra en Amazon, Lidl o Carrefour para quienes prefieren no atarse a una operadora. Lidl ha vuelto a ser el agitador del mercado físico con su oferta del modelo de Osram por 29,99 euros, que se ha agotado en varias ocasiones obligando a reposiciones de urgencia al ser considerada la mejor opción por su robustez alemana. Amazon actúa como termómetro del mercado con modelos como el Ledone Connected o el Raykong, que fluctúan diariamente entre los 27 y los 32 euros, mientras el superventas original Help Flash IoT+ se mantiene en torno a los 38 euros haciendo valer su prestigio. Carrefour y Alcampo han apostado por packs familiares con ofertas de “la segunda unidad al 50%”, dejando el precio unitario cerca de los 25 euros, diseñadas para hogares con más de un vehículo.

Afán recaudatorio

Este escenario alimenta la teoría del negocio millonario para las empresas y el Impuesto a la Seguridad, con cifras mareantes sobre el afán recaudatorio del Estado. Con un parque automovilístico de 30,5 millones de vehículos, la obligatoriedad ha creado un mercado cautivo: si tomamos un precio medio de 35 euros por baliza, el volumen de negocio asciende a 1.067 millones de euros, lo que supone para la “caja” del Estado una inyección directa de más de 224 millones de euros solo en concepto de IVA (21%). A esto se suman las tasas de homologación pagadas a laboratorios como Lcoe o Idiada. Los críticos señalan que, a diferencia de los triángulos, la baliza es un producto con “fecha de caducidad” que garantiza un ciclo de recompra perpetuo.

Sobre si habrá multas el 1 de enero, el director de la DGT, Pere Navarro, mantiene el puño de hierro afirmando que “no habrá prórroga”, aunque desliza un guante de seda confirmando un periodo de gracia informativa. Durante los primeros meses de 2026 la actitud de los agentes será pedagógica para evitar el descontento social, pero la flexibilidad tiene límites. Habrá multas de entre 80 y 200 euros en tres supuestos: inexistencia de señalización, la “trampa” de usar balizas V16 antiguas no conectadas (sancionable con 80 euros) o cuando exista un riesgo evidente en vías de alta velocidad. Finalmente, ante el peligro de las “ofertas gancho”, se recomienda verificar que el código esté grabado físicamente en la tulipa (ejemplo: LCOE 2023010001G1), que la conectividad cubra al menos 12 años y que cuente con la certificación DGT 3.0, pues las balizas de bazar sin certificación son, legalmente, simples linternas.

En conclusión, España se lanza a este experimento el 1 de enero entre la promesa de salvar 25 vidas al año con la que lo justifica la DGT y el enfado por un desembolso obligatorio que beneficia a grandes operadoras y a la Hacienda pública.