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Telefónica reduce la oferta final del ERE a 4.554 salidas, el 26% de la plantilla

El acuerdo sindical es inminente al garantizarse casi la plena voluntariedad y por las mejoras económicas

Telefónica ha realizado este miércoles su oferta final del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para las tres principales filiales jurídicas sujetas al Convenio de Empresas Vinculadas (CEV) hasta unas salidas mínimas de 3.765 trabajadores, una cifra sensiblemente inferior a los 5.040 afectados del inicio. De esta forma, el número total de salidas mínimas para todo el grupo queda en 4.554 trabajadores, frente al planteamiento inicial de 6.088, lo que supone un recorte de en torno al 25%. Y el ERE supondrá una reducción en conjunto del 26% de la plantilla de las siete filiales afectadas, que cuentan en estos momentos con un total de 17.248 empleados.

Según la última propuesta realizada este miércoles, el grueso del recorte recae sobre Telefónica de España, con 2.925 bajas; seguida de Móviles, con 720; y Soluciones, con 120. Tras esta última reunión se dan por finalizadas las negociaciones del ajuste, puesto que la empresa ya hizo su propuesta final para las filiales Global Solutions (TGS), Innovación Digital (TID) y Telefónica SA (TSA), con 599 despidos en total; y para Movistar Plus+, con 190 bajas.

Los sindicatos mayoritarios (UGT, CC OO y Sumados-Fetico) valorarán esta última propuesta aunque consideran que con estas cifras de mínimos se puede garantizar la voluntariedad total del ajuste, por lo que el acuerdo es inminente. Una vez que trasladen las ofertas finales a las asambleas de trabajadores de cada una de las filiales afectadas harán llegar su respuesta a la empresa, entendiendo que el ERE puede quedar sellado con el acuerdo entre empresa y sindicatos esta misma semana tras cuatro semanas de negociaciones.

En este sentido, UGT celebró que la dirección “ha incorporado a la oferta final presentada avances importantes, muchos de ellos fruto de las reivindicaciones planteadas por nuestra organización a lo largo de la negociación”. Por parte de CC OO, señaló que “un punto crítico” ha sido asegurar la voluntariedad del ERE, “y gracias a la reducción del número mínimo exigido por nuestra organización se garantiza la voluntariedad en la adscripción sin que se produzcan salidas traumáticas”. Y Sumados-Fetico ha resaltado que no “existe riesgo de despidos forzosos”.

Sistema de bajas comunicante

Con la última propuesta que la empresa ha puesto encima de la mesa este miércoles para las tres empresas sujetas al CEV se cierra el mayor escollo de las negociaciones. Y es que el ajuste en Telefónica España, Móviles y Soluciones era el más complicado porque, además de que supone el grueso del ERE, está basado en una horquilla de salidas mínimas y máximas dependiendo del número de voluntarios por un sistema de vasos comunicantes.

La clave de este sistema es que la cifra final de despidos no es fija, sino que depende de cuánta gente se apunte voluntariamente. El suelo de 3.765 salidas es el objetivo mínimo que la empresa quiere cumplir. Si hay al menos 3.765 voluntarios, no habrá despidos forzosos adicionales. El techo, que se mantiene en 5.040 salidas, es el máximo de despidos autorizados. Aunque se presentaran 6.000 voluntarios, la empresa solo aceptaría a 5.040, según los cupos por áreas. Y si el número de voluntarios se queda, por ejemplo, en 3.500 personas, la empresa ejecutaría 265 despidos forzosos para llegar al mínimo de 3.765.

Pero dadas las condiciones económicas y de prestaciones sociales pactadas en el ERE, tanto empresa como sindicatos estiman que no habrá ningún problema para completar el cupo de voluntarios por lo que no se tendrá que recurrir a despidos forzosos. De hecho, es más probable que haya un exceso de peticiones como ya ocurrió en el anterior ERE de 2024.

El acuerdo en el resto de filiales ya estaba encarrilado desde la reunión de las mesas negociadoras del martes, día 16, con la rebaja acumulada de un 20% de la afectación del ERE. La afectación para estas tres filiales, denominadas unidades globales o GBU’s, se divide del siguiente modo: 112 personas para Telefónica Global Solutions (alrededor del 18% de una plantilla de 638 empleados), 186 en Telefónica Innovación Digital (casi el 19% de un total de 993) y 301 en Telefónica S.A. (casi un 26% del total de 1.160 efectivos), lo cual suma un total de 599 bajas.

A ello se añaden las 190 bajas propuestas para Movistar+, un 22% del total de 860 efectivos con los que cuenta la filial de televisión, frente a los 297 afectados al principio de las negociaciones (casi el 35% del total de la plantilla). Mañana, jueves, hay una última reunión en esta filial pero se estima que la empresa no variará su oferta.

Mejoras en las filiales del CEV

La reunión de este miércoles para las filiales del CEV ha dejado una oferta final de afectación del ERE del siguiente modo: 2.925 personas para Telefónica de España (casi el 33% de una plantilla de 8.892 empleados), 720 en Telefónica Móviles (20% de un total de 8.892) y 120 en Telefónica Soluciones (casi un 11% del total de 1.118 efectivos), lo cual suma un total de 3.765 bajas.

Además, se han vuelto a mejorar las condiciones de salida, garantizando rentas superiores a la legalidad. Entre los puntos más destacados figura un compromiso firme de creación de empleo del 10%, una medida diseñada específicamente para equilibrar la plantilla y garantizar la cohesión en todos los territorios donde opera la compañía. Además, el acuerdo abre la puerta a que las áreas consideradas críticas puedan superar el 35% de adhesiones voluntarias, siempre que la Comisión de Seguimiento constante circunstancias objetivas de negocio que lo justifiquen. Precisamente, esta comisión refuerza sus competencias para supervisar de cerca el proceso, analizar peticiones individuales y priorizar a los colectivos que inicialmente estaban vetados.

En el ámbito de la protección social, el acuerdo garantiza la financiación del Convenio Especial con la Seguridad Social para los empleados que extingan su contrato con menos de 55 años, equiparando su duración a la del resto del colectivo. Asimismo, se introduce la posibilidad de optar por una renta lineal durante los últimos cuatro años y se confirma la reversibilidad de las rentas en caso de fallecimiento para proteger a los herederos. La cobertura sanitaria también se ve reforzada mediante la ampliación del seguro de salud, el mantenimiento del seguro colectivo y de supervivencia, y la continuidad de las aportaciones a ATAM (sistema privado de protección social de Telefónica) hasta los 63 años, edad en la que se abonará una aportación extraordinaria de 1.000 euros al plan de pensiones si este no ha sido rescatado previamente.

Por su parte, UGT ha puesto en valor que las indemnizaciones en forma de rentas serán muy superiores a las establecidas por ley, salvo en los casos puntuales donde la anualidad resulte más beneficiosa. La negociación también ha logrado reducir las salidas mínimas obligatorias sin alterar la cifra global de excedente voluntario, asegurando que el proceso sea lo menos traumático posible.

Para aquellos trabajadores que no puedan acceder a la jubilación anticipada, el Convenio Especial se extenderá más allá de los 63 años. Finalmente, la empresa actualizará el salario regulador para el cálculo de las rentas, abonará el descuento de la Seguridad Social durante el desempleo y liquidará el premio por servicios prestados en el momento de la salida, asegurando así un cierre económico completo para cada profesional.

Coste de 1.700 millones de euros

R. M.

El proceso de despido colectivo en Telefónica para este 2025 encara su recta final con unas cifras que ya permiten vislumbrar el impacto financiero de la operación. Tomando como referencia el baremo del ajuste realizado en 2024, el coste de este nuevo expediente se situaría en el entorno de los 1.730 millones de euros, una cifra coherente con la afectación prevista para 4.554 trabajadores y el coste medio por empleado de 380.000 euros registrado en el proceso anterior. Aquel ajuste de 2024 se saldó con la salida de 3.420 personas y un coste de 1.300 millones de euros, pero reportó a la compañía un ahorro promedio de 285 millones de euros anuales. No obstante, el alcance del ERE de 2025 es mucho mayor y además hasta que no se sepa el número real de afectados no se conocerá el verdadero impacto en las cuentas de Telefónica.

En cuanto a las indemnizaciones, la propuesta actual de la empresa para todas las filiales contempla un esquema de rentas diferenciado por tramos de edad. Los trabajadores nacidos entre 1969 y 1971 percibirán el 68% del salario regulador hasta los 63 años y un 38% a partir de entonces, con la salvedad de que en Movistar+ no entran los nacidos en 1971, un punto que será objeto de debate en la reunión de mañana. Por su parte, los nacidos entre 1965 y 1968 tendrán un 62% hasta los 63 años y un 34% posterior, mientras que para los nacidos en 1964 y años anteriores los porcentajes se sitúan en el 52% hasta los 63 años y en el 35% a partir de esa edad.

Para poder adherirse de forma voluntaria al ERE, requisito indispensable para los sindicatos con el fin de evitar salidas traumáticas, se han establecido diferentes criterios de antigüedad. En las filiales del CEV se precisan 15 años de antigüedad con un horizonte temporal hasta finales de 2028, mientras que para las unidades globales como Telefónica Global Solutions, Innovación Digital y la matriz (Telefónica S.A.) se exigen 13 años, aunque la duración del procedimiento terminará como máximo el 31 de diciembre de 2026. Además, en el caso de estas unidades globales, la empresa ha mejorado sustancialmente las primas de voluntariedad, duplicando la oferta inicial hasta alcanzar una horquilla de entre 5.000 y 18.000 euros según los años de servicio, premiando especialmente a los que superan los 24 años de antigüedad con el tramo más alto.

Este plan de salidas se enmarca en la estrategia de la operadora presentada a finales de 2023, que busca ahorros de costes de unos 3.000 millones de euros para 2030. Con el cierre inminente del acuerdo, Telefónica pretende que el impacto económico se compute íntegramente en el actual ejercicio fiscal, evitando que las cargas financieras afecten a los resultados del próximo año y consolidando así su nueva estructura organizativa.

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