El Gobierno obliga a las empresas a garantizar 4 horas de red móvil al 85% de la población en caso de apagón

El Ministerio para la Transformación Digital y de la Función Pública ha sometido a audiencia pública el borrador del Real Decreto de Seguridad y Resiliencia de las Redes y Servicios de Comunicaciones Electrónicas, un ambicioso plan destinado a blindar las infraestructuras digitales de España.

La medida más estricta del texto obliga a los operadores a garantizar la continuidad del servicio ante fallos eléctricos y catástrofes, con una autonomía que puede extenderse hasta las 24 horas para las instalaciones clasificadas como críticas. En el caso de las infraestructuras de nivel intermedio, la operatividad deberá estar asegurada durante 12 horas, mientras que el resto de las instalaciones deberán mantener el servicio un mínimo de cuatro horas. En particular, las redes móviles deberán asegurar que la autonomía de cuatro horas garantice la cobertura al 85% de la población, permitiendo a los operadores establecer estrategias de priorización tecnológica.

​Esta nueva normativa es una respuesta directa a incidentes recientes que han puesto en riesgo las comunicaciones, como el apagón de abril pasado, los estragos causados por las dana y otras crisis como la pandemia del Covid-19. El objetivo último del Gobierno es reforzar la seguridad en el sector, minimizar el impacto de los incidentes en los usuarios y recuperar las comunicaciones con la mayor rapidez posible.

Para ello, el real decreto califica a las redes y servicios de telecomunicaciones como instalaciones de carácter esencial en situaciones de emergencia, implicando la colaboración de las autoridades y Fuerzas de Seguridad del Estado en su mantenimiento.

​Las obligaciones afectarán a operadores de telecomunicaciones y a gestores de infraestructuras digitales clave, quienes deberán presentar un Plan General de Seguridad detallado, así como planes específicos por tipo de red y servicio, que incluirán un análisis pormenorizado de las condiciones de autonomía eléctrica.

Además, la norma pone un foco especial en reforzar la operatividad de los centros de emergencia (112) y de los sistemas de alertas públicas. Para mejorar la transparencia y la gestión de crisis, se refuerzan las obligaciones de notificación, exigiendo un primer aviso a la autoridad competente como máximo una hora después de iniciarse el suceso.

Coste de la medida

Según los cálculos oficiales, el coste total de implementar todas estas exigencias de resiliencia y seguridad ascenderá a 73 millones de euros para el conjunto de los operadores. La supervisión recaerá en la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones, que también coordinará la recién creada Mesa de coordinación de seguridad y resiliencia.

Estos cálculos apuntan que la inversión unitaria necesaria por emplazamiento, con un 30% de descuento por volumen, es de unos 7.000 euros, por lo que, en base a estas estimaciones, el Gobierno considera que el coste de entre 51 y 73 millones de euros es “proporcional y equilibrado”.

El Ejecutivo remarca en el texto de la propuesta normativa que el impacto presupuestario derivado de la implementación de estas medidas para el Estado sería “nulo” dado que las funciones de supervisión, coordinación y respuesta pueden apoyarse en estructuras ya existentes.

No obstante, las empresas implicadas creen que el coste será muy superior y se elevará a cientos de millones de euros, informan fuentes del sector. Garantizar la operatividad de la telefonía móvil en caso de apagón exige equipar los emplazamientos con baterías eléctricas —equipos caros, pesados y de reemplazo periódico— o con generadores de gasóleo. Esta tarea es más sencilla en las torres rurales, pero se vuelve significativamente más complicada en las ciudades, donde se sitúan la mayoría de las antenas en azoteas.

Esta dificultad urbana responde a la necesidad de obtener permisos de las comunidades de propietarios y, sobre todo, a que muchas cubiertas no están preparadas para soportar el sobrepeso de estos equipamientos, lo que requiere costosas adaptaciones, si bien muchos emplazamientos en España ya cuentan con algún tipo de estos dispositivos. De esta forma, reforzar la capacidad de resiliencia de la red a nivel nacional podría suponer una inversión de cientos de millones de euros.

Este coste afectaría tanto a los operadores de telecomunicaciones como a las empresas propietarias de torres (como Cellnex o Vantage Towers), quienes solo asumirán el gasto si los operadores les garantizan una rentabilidad por contrato, lo que repercute nuevamente en los costes de las telecos. En un escenario donde los operadores ya atraviesan dificultades económicas y restricciones de inversión, esta obligación de robustecer la resiliencia eléctrica forzará a destinar menos recursos a otras partidas cruciales como el aumento de la capacidad de la red o la mejora de la cobertura.

Notificación de incidentes

“Con el fin de disponer de información fidedigna en el menor tiempo posible, se refuerzan las obligaciones de notificación de incidentes. Así, se prevé que haya una notificación inicial como máximo una hora después de comenzar el suceso, notificaciones intermedias periódicas, una notificación final y un informe detallado posterior que analice las causas, el impacto, las medidas adoptadas y lecciones aprendidas”, ha detallado Transformación Digital.

Además, se definen criterios para clasificar incidentes como “significativos” o “menores” en función del número de usuarios afectados, la duración, el área geográfica y el tipo de servicio.