Telefónica eleva a 5.692 los despidos en el ERE, pendiente de comunicar el centro corporativo
Este martes ha sumado otras 373 salidas en Telefónica Global Solutions y Telefónica Innovación Digital
El expediente de regulación de empleo (ERE) de Telefónica afecta ya a 5.692 personas, después de sumar las 140 salidas que se han anunciado este martes en Telefónica Global Solutions (el 21,94% de la plantilla de esta filial) y las 233 de Telefónica Innovación Digital (23,46%). La cifra seguirá creciendo porque aún está pendiente conocer a lo largo del día el impacto de los recortes en Telefónica SA (centro corporativo). En conjunto, hasta el momento el ajuste afecta al 35,1% de la plantilla total (16.188 trabajadores) de las seis sociedades para las que ya se conoce la propuesta de ajuste.
La información sobre los despidos se está filtrando poco a poco, debido a que la compañía decidió abordar cada despido colectivo mediante negociaciones individuales por división. Esto implica que las condiciones de salida pactadas pueden diferir entre departamentos, aunque los sindicatos han insistido en que pelearán para que el escenario sea el mismo para todas las salidas, independientemente de la filial.
La empresa comunicó el grueso de los recortes de personal a los sindicatos este lunes. Telefónica de España se perfila como la división más afectada, con una propuesta de 3.649 salidas, lo que equivale al 41% de su plantilla total. Le siguen Telefónica Móviles, con 1.124 trabajadores afectados (el 31% de su personal), y Telefónica Soluciones, donde se han incluido 267 empleados (el 24% de su plantilla actual). Adicionalmente, se ha constituido la mesa de negociación para Movistar+, con un planteamiento inicial de 279 salidas, representando el 32% de sus efectivos.
No obstante, estas cifras se verán rebajadas notablemente durante el proceso de negociación. En el último ERE de 2024, que afectó solo a estas tres empresas amparadas por el CEV, se produjo una reducción del 33% de la afectación durante la negociación, que pasó de 5.124 de la propuesta inicial a 3.421 trabajadores finalmente.
La compañía ya notificó su intención de presentar un proceso de despidos colectivos el pasado día 17 a los representantes de los trabajadores. Tras la constitución entre el lunes y el martes de esta semana de las mesas de negociación de cada una de las filiales afectadas, la dirección y los representantes de los trabajadores tendrán un plazo de 30 días para negociar tanto el número final de despidos como las condiciones económicas de las salidas.
Reacción de Trabajo
El Ministerio de Trabajo se ha desmarcado de la posición de prudencia que hasta ahora mantenía el Ejecutivo, y ha calificado de “indecente” la aplicación del ERE en una empresa con beneficios y participada públicamente, según fuentes del departamento que dirige Yolanda Diaz. El Estado, a través de la SEPI, es el principal accionista de la operadora tras la compra en 2024 del 10% del capital por 2.285 millones de euros, informa Emilio Sánchez Hidalgo.
Si se agotan los plazos máximos, la firma del acuerdo se puede realizar antes de que acabe este año o a comienzos de 2026, como pretende la empresa, con el fin de imputar el coste del ERE en las cuentas del ejercicio fiscal de 2025. Telefónica acumula ya unas pérdidas netas de 1.080 millones de euros hasta finales de septiembre, debido a las minusvalías provocadas por la venta de varias filiales hispanoamericanas (Argentina, Ecuador, Uruguay, Perú y Colombia). De esta forma, los números rojos se concentrarían en 2025, dejando limpio el balance de 2026.
En relación con el ERE de 2024, Telefónica constituyó provisiones por un monto de aproximadamente 1.300 millones de euros (antes de impuestos) para hacer frente a las 3.421 desvinculaciones, lo que representó un coste unitario medio de alrededor de 380.000 euros por empleado. Aplicando este mismo indicador de gasto, el nuevo ERE podría elevar la provisión total hasta los 2.000 millones de euros. Es importante destacar que esta cantidad global incluye los costes sociales inherentes a las salidas, tales como las prestaciones por desempleo y las cotizaciones a la Seguridad Social hasta la edad de jubilación. Estos gastos son asumidos directamente por la empresa y no por el Estado, en virtud de la denominada cláusula Telefónica. Esta disposición legal fue promulgada específicamente a raíz de un ERE de gran magnitud implementado por la operadora en 2011.
Una reducción laboral del 80% desde el monopolio
El nuevo ERE se une a una larga lista de ajustes que han reducido la plantilla de Telefónica en España en cerca del 80% de la que tenía cuando aún era un monopolio público de las telecomunicaciones. Solo entre 1997 (cuando se completó la privatización de la compañía) y la actualidad, la empresa ha pasado de emplear en España a 67.000 trabajadores a 25.000.
El último ERE firmado en enero de 2024 se saldó con la salida de 3.421 trabajadores con edad de 56 años o más y 15 años de antigüedad en la empresa. En cuanto a las condiciones económicas, los nacidos en 1968 percibieron un 68% del salario regulador hasta los 63 años y un 38% hasta los 65; los nacidos en 1967, 1966, 1965 o 1964, se fueron con un 62% del salario hasta los 63 años y un 34% hasta los 65, y una prima por voluntariedad a 10.000 euros para este tramo; y los nacidos en 1963 o anteriores recibieron un 52% del salario hasta los 63 años y un 34% hasta los 65, con la misma prima de voluntariedad.
En el capítulo de complementos, el ERE incluía reversibilidad de las rentas (en caso de fallecimiento, los herederos legales percibirán las rentas pendientes), abono del descuento de la seguridad social del empleado durante el paro, y seguro colectivo hasta los 63 años (y hasta los 65 años para supervivencia).
Anteriormente, Telefónica aplicó un plan de bajas incentivadas (PSI) en 2021 al que se acogieron 2.418 trabajadores, con un coste de alrededor de 1.400 millones de euros. Posteriormente, aplicó otro plan de bajas en 2019 por el que se desligaron de la operadora unos 2.600 empleados, con un coste de 1.700 millones de euros. El anterior plan de bajas se remonta a 2015, que supuso la salida de 6.300 trabajadores con un coste de casi 3.700 millones de euros. No obstante, el ajuste más grande lo ejecutó César Alierta como presidente entre 2011 y 2012, con la salida de 6.800 trabajadores y un coste para la compañía de 2.700 millones de euros.