Telefónica propone un ERE para 5.319 trabajadores de las tres filiales principales y Movistar+

La dirección de Telefónica ha comunicado este lunes a los sindicatos con mayor representación (UGT, CC OO y Sumados-Fetico) que el nuevo expediente de regulación de empleo (ERE) afectará a 5.319 empleados de las tres filiales principales ―Telefónica España, Móviles y Soluciones― y Movistar+, lo que supone un 37% de la plantilla total de 14.457 trabajadores de estas cuatro sociedades. La compañía ha justificado los expedientes por causas organizativas, técnicas y de producción.

La afectación en las tres filiales sujetas al Convenio de Empresas Vinculadas (CEV) es de 5.040 trabajadores, con la siguiente distribución: 3.649 personas en Telefónica de España (41,04% sobre una plantilla total de 8.892 trabajadores); 1.124 personas en Telefónica Móviles (31,34% sobre 3.587 trabajadores); y 267 personas en Telefónica Soluciones (23,89% sobre 1.118 trabajadores). Asimismo, este lunes se ha constituido también la mesa del ERE de Movistar+, la plataforma de televisión de pago, para la que Telefónica ha propuesto 279 salidas sobre una plantilla de 860 personas, es decir, una afectación de un 32,45% del total.

Los ERE restantes, un total de tres -en la matriz, Telefónica S.A. Telefónica Global Solutions, Telefónica Innovación Digital- se sabrán este martes, en otra reunión de la mesa de negociación. Hasta que no se comunique el alcance de estos despidos no se conocerá el número total de afectados sobre la plantilla total que emplea Telefónica en España.

Si se aplicara el ERE con esta propuesta inicial, el número total de empleados en las tres sociedades descendería de 13.597 a 8.557 trabajadores; y los de Movistar+ , de 860 a 581 trabajadores. Si se suman los despidos que se comunicarán mañana, martes, a las otras cuatro sociedades afectadas, la cifra total de afectación inicial en todo el grupo rondará entre los 6.000 y 7.000 empleados.

No obstante, estas cifras se verán rebajadas notablemente durante el proceso de negociación. En el último ERE de 2024, que afectó solo a estas tres empresas amparadas por el CEV, se produjo una reducción del 33% de la afectación durante la negociación, que pasó de 5.124 de la propuesta inicial a 3.421 trabajadores finalmente.

La compañía ya notificó su intención de presentar un proceso de despidos colectivos el pasado lunes, día 17, a los representantes de los trabajadores. Tras la constitución entre el lunes y el martes de esta semana de las mesas de negociación de cada una de las filiales afectadas, la dirección y los representantes de los trabajadores tendrán un plazo de 30 días para negociar tanto el número final de despidos como las condiciones económicas de las salidas.

Si se agotan los plazos máximos, la firma del acuerdo se puede realizar antes de que acabe este año o a comienzos de 2026, como pretende la empresa, con el fin de imputar el coste del ERE en las cuentas del ejercicio fiscal de 2025. Telefónica acumula ya unas pérdidas netas de 1.080 millones de euros hasta finales de septiembre, debido a las minusvalías provocadas por la venta de varias filiales hispanoamericanas (Argentina, Ecuador, Uruguay, Perú y Colombia). De esta forma, los números rojos se concentrarían en 2025, dejando limpio el balance de 2026.

En relación con el ERE de 2024, Telefónica constituyó provisiones por un monto de aproximadamente 1.300 millones de euros (antes de impuestos) para hacer frente a las 3.421 desvinculaciones, lo que representó un coste unitario medio de alrededor de 380.000 euros por empleado. Aplicando este mismo indicador de gasto, el nuevo ERE podría elevar la provisión total hasta los 2.000 millones de euros. Es importante destacar que esta cantidad global incluye los costes sociales inherentes a las salidas, tales como las prestaciones por desempleo y las cotizaciones a la Seguridad Social hasta la edad de jubilación. Estos gastos son asumidos directamente por la empresa y no por el Estado, en virtud de la denominada cláusula Telefónica. Esta disposición legal fue promulgada específicamente a raíz de un ERE de gran magnitud implementado por la operadora en 2011.

Peticiones sindicales y posición del Gobierno

Los sindicatos han exigido que, paralelamente a la negociación del ERE, se abran de forma inmediata las mesas de todos los convenios colectivos, y han reclamado una vigencia mínima de los mismos hasta 2030 para garantizar la estabilidad laboral, y en coherencia con la duración del Plan Estratégico Transform & Grow que se extiende desde 2026 a 2030.

Las organizaciones sindicales rechazan la posibilidad de alcanzar acuerdos segmentados que aborden individualmente a cada una de las filiales involucradas. En este sentido, enfatizan que su respaldo a cualquier ERE dentro del grupo está supeditado a la garantía del porvenir de la totalidad de la plantilla que continúe vinculada a la empresa. Este compromiso incluye, de manera explícita, la prolongación de los distintos convenios colectivos hasta el año 2030.

Asimismo, los representantes de los trabajadores sostienen que el principio de voluntariedad constituye un requisito imprescindible en cualquier proceso de desvinculación laboral. Han fijado como objetivo central de la mesa de negociación igualar, o incluso superar, las condiciones establecidas en el ERE acordado en 2024, el cual facilitó la salida de 3.421 empleados a través de un esquema de prejubilaciones y bajas incentivadas.

Por su parte, el ministro de Economía, Carlos Cuerpo, reiteró en Bruselas la posición del Gobierno español de que el ajuste cuente con el respaldo sindical. “Es importante –indicó- que este proceso avance de la mano de los sindicatos, que han dicho que para ellos es importante la voluntariedad. Vamos a estar encima y pendientes de que se les tenga en cuenta”, informa Manuel V. Gómez. El Estado, a través de la SEPI, es el principal accionista de la operadora tras la compra en 2024 del 10% del capital por 2.285 millones de euros.