Los artífices del Pacto de Toledo alertan sobre la creciente brecha entre jubilados y trabajadores

El Pacto de Toledo es un acuerdo político alcanzado en 1995 entre los principales partidos españoles para garantizar la sostenibilidad y estabilidad del sistema de pensiones público y de reparto (aquel en el que los trabajadores en activo financian las prestaciones de jubilación de los que ya se han retirado). Este acuerdo, que se ha convertido en una comisión parlamentaria y cumple ahora 30 años en vigor, ha sentado las bases, desde el consenso político y social, de todas las reformas de pensiones que se han hecho en España en las últimas tres décadas y es, sin duda, y según todos los que han participado en estas reformas, una historia de éxito.

No obstante, varios de los artífices del pacto, provenientes tanto del PP como del PSOE y que han estado al frente de la Seguridad Social en distintos momentos durante estos 30 años, coincidían este miércoles en Madrid, en unas jornadas informativas organizadas por el Instituto Santalucía con motivo de este aniversario, y lanzaban una advertencia: las últimas reformas de pensiones llevadas a cabo por el actual Gobierno socialista se han desviado del espíritu del Pacto de Toledo porque no garantizan el equilibrio intergeneracional. Con ello, advierten de que la que la brecha entre los recursos públicos que se destinan a los jubilados y a los trabajadores cada vez es más grande y beneficia en mayor medida a los que ya están retirados del mundo laboral.

“El Pacto de Toledo es un compromiso interpartidario, que lo suscriben los partidos políticos y trata de sacar del discurso electoral asuntos que por su importancia trascienden una legislatura. Esto se ha conseguido con este pacto: sustraer a las pensiones de la pelea electoral, y no es poca cosa”, se felicitaba este miércoles Octavio Granado, que fue secretario de Estado de Seguridad Social en los Gobiernos socialistas de José Luis Rodríguez Zapatero y de Pedro Sánchez.

Este logro es compartido por todos aquellos que han intervenido en las reformas de pensiones de los últimos tiempos, si bien en seguida llegan los matices. “El Pacto de Toledo ha cumplido un papel muy importante, pero las decisiones (políticas) que se han tomado desde 2020 —en referencia a las reformas llevadas a cabo bajo los Gobiernos de Sánchez— se han olvidado de la filosofía inicial del pacto. No solo hay que procurar un sistema que tenga prestaciones suficientes, sino cuidar del bien común de toda la sociedad, no solo de los pensionistas, también de los que lo financian ahora (los trabajadores)“, ha asegurado el que fuera director general de Ordenación de la Seguridad Social con el Gobierno de Mariano Rajoy.

Según ha explicado García, entre 1995 y 2023 el gasto público ha subido 1,3 puntos de PIB mientras que el gasto en pensiones lo ha hecho en 3,4 puntos, “lo que indica que ha habido una clara preferencia de los legisladores por proteger el gasto en pensiones y el resto no se está cuidando tanto”.

Este economista, que es actualmente profesor de la Universidad Rey Juan Carlos, ve el punto de inflexión en el cambio de filosofía del Pacto de Toledo en su informe de 2020, cuando se decidió mantener la tasa de reposición de las pensiones españolas entre las más altas de Europa. En concreto, la prestación de jubilación en España representa el 77,2% del último sueldo, frente a una media del 44,5% de media en Europa. “Y esta tasa de reemplazo es tan alta porque en España, por cada euro aportado (a la Seguridad Social) después de actualizarlo con el PIB nominal, se concede un 60% más en la pensión”, indica. Es más, a esto añade “que se garantiza la revalorización de esa pensión independientemente de lo que ocurra en el mundo. Por ejemplo, en 2023, la actualización del 8,4%, por la crisis inflacionista, supuso un incremento del gasto de 15.000 millones, que es todo lo que se gasta en un año en las políticas de familia y el doble de lo que se invierte en políticas de vivienda”.

Según esto, las últimas reformas desde 2020, que apostaron por aumentar los ingresos, sin evitar que el gasto en pensiones sobre el PIB vaya a crecer entre 3,5 y 5 puntos hasta 2050, “rompen el espíritu del Pacto de Toledo porque solo han apostado por el bienestar de una parte y se le dice a la otra que tiene que cargar con esta opción política con una menor renta disponible”, concluye García.

La carga de las nuevas generaciones

Esta visión es compartida desde el lado socialista. En concreto, por parte de Valeriano Gómez, ex ministro de Trabajo y Emigración del PSOE con José Luis Rodríguez Zapatero y artífice junto con Octavio Granado de la reforma de mayor calado de los últimos tiempos (la de 2011), en la que se retrasó de forma progresiva la edad legal de jubilación de 65 a 67 años, se endureció el acceso al 100% de la pensión y se amplió de 15 a 25 años cotizados el periodo para calcular la cuantía de las prestaciones de jubilación. “Las reformas han hecho el sistema más sostenible, pero, en paralelo la sociedad y la demografía van cambiando. Y es verdad que el sistema no tiene garantizado el hecho de que las nuevas generaciones van a soportar una gran carga”, ha coincidido Gómez.

Por ello, este exdirigente socialista cree que “si no se cometen graves errores el Pacto de Toledo perdurará en el tiempo y tendrá que propiciar reformas paramétricas (que son las orientadas a cambiar la fórmula de cálculo de la pensión)”. Esos cambios fueron los que, precisamente, rechazaron los ministros de Seguridad Social de Sánchez, José Luis Escrivá y Elma Saiz, que optaron fundamentalmente por aumentar la parte de los ingresos sin tocar el aumento del gasto. “Habría sido bueno que la última reforma se acompañara con medidas de gasto”, ha admitido Gómez. Si bien, en este punto, ha justificado que esto no se hiciera “porque hubo que consensuarlo en el seno del Gobierno de coalición”.

Es más, el exministro de Trabajo de Rodríguez Zapatero se ha mostrado a favor de que “haya pronto un factor de sostenibilidad para que haya una regla que incorpore la longevidad al sistema de cálculo de la pensión”. Este factor fue creado por la reforma de pensiones del PP en 2013 y fue suprimido en 2020 con el consenso del Pacto de Toledo, sin que ni siquiera hubiera empezado a aplicarse. Esta reforma popular introdujo también un factor de revalorización (que se conoció comúnmente como 0,25%, porque era lo que se actualizarían las pensiones mientras el sistema fuera deficitario) que también fue sustituido por la revalorización automática de las pensiones con el IPC en 201. Gómez se ha mostrado a favor de que existan estos dos factores, pero “debería haberse diseñado un factor de revalorización mucho más sencillo y uno de sostenibilidad, más complejo”.

En cualquier caso, ha abogado porque “tampoco se tiene que buscar una revalorización anual estricta con los precios, pero sí el mandato constitucional de que los pensionistas mantengan el poder adquisitivo, porque los jubilados ya no tienen capacidad de maniobra para mejorar sus rentas”. Si una revalorización anual con el IPC se podría hacer, por ejemplo, manteniendo el poder de compra en un periodo más amplio que un año, algo que se barajó también por el Pacto de Toledo y fue rechazado en la última reforma.

Desequilibrio de liquidez y patrimonio

Por su parte, otro exministro de Trabajo que tuvo un importante papel en el desarrollo de las reformas de pensiones desde que existe el Pacto de Toledo, primero como secretario de Estado de Seguridad Social y después como titular de la cartera, fue el popular Juan Carlos Aparicio. Este químico reconvertido a gestor del sistema de pensiones está orgulloso de haber dado contenido social al Pacto de Toledo al haber dado un peso importante a los agentes sociales en este consenso, aunque coincide en destacar el peligro del aumento de la brecha entre jubilados y trabajadores. “Ahora sí veo en riesgo el contrato intergeneracional; hay que equilibrar más la España pasiva y Activa y no puede existir, como ocurre en la actualidad, un desequilibrio en términos ni de liquidez ni de patrimonio”, se ha quejado Aparicio.

Tanto este exministro del PP como Valeriano Gómez del PSOE han coincidido también en la necesidad de que la próxima reforma de pensiones aborde entre otras cuestiones la ampliación a toda la vida laboral del periodo de cálculo para fijar la cuantía de la pensión. E igualmente, Aparicio (PP) y Granado (PSOE) han coincidido en la necesidad de “dar una pensada” al actual diseño de la pensión de viudedad y en dar una solución al creciente gasto en incapacidad temporal.