El Gobierno cede a la presión sindical y negociará la subida salarial que exigen los funcionarios

No es habitual ver a los tres principales sindicatos de la función pública (UGT, CC OO y CSIF) protestar juntos pero este jueves lo han hecho en toda España y han obtenido resultados. Los empleados públicos, convocados por estas tres centrales, han pasado a la acción para exigir al Gobierno que abra en firme la negociación para subir los salarios de 3,5 millones de trabajadores de las Administraciones. Estos llevan congelados desde el pasado 1 de enero. Cuando la protesta en Madrid llevaba una media hora, la directora general de Función Pública, María Hilda Jiménez, ha salido de la sede del ministerio y ha convocado a los máximos representantes de los sindicatos presentes a una reunión con la recién nombrada secretaria de Estado de Función Pública, Consuelo Sánchez Naranjo. Tras unos minutos, la secretaria general de UGT Servicios Públicos, Isabel Araque, el coordinador del Área Pública de CC OO, Lucho Palazzo, y el presidente del CSIF, Miguel Borra, han salido de la mano y han anunciado que las conversaciones entre sindicatos y Ejecutivo se retomarán el próximo miércoles. Posteriormente, las tres organizaciones han matizado que mantienen la amenaza de huelga general en diciembre a pesar del avance.

La movilización de Madrid ha concentrado entre 500 y 1.000 personas, según los organizadores, y se han coreado consignas como “menos discursos y más recursos” o “a negociar o huelga general”. Los participantes en la protesta han exigido con éxito al ministro de Transformación Digital y Función Pública, Óscar López, sentarse a negociar la próxima subida salarial, que quieren que tenga efectos retroactivos desde principios de año, y otras mejoras en materia de empleo y carrera profesional. Los sindicatos culpan directamente a López del bloqueo negociador. María Jiménez, una profesora de secundaria de 49 años, carga con esa responsabilidad al ministro, pero agradece el gesto de reabrir las negociaciones. “Esta subida salarial es necesaria para recuperar el poder adquisitivo”, explica. La misma queja la repite Braulio Jiménez, de 58 años y trabajador del Ministerio de Justicia, quien denuncia “que con los precios de la vivienda y los alimentos cada vez más caros, es más difícil llegar a fin de mes”.

En unas declaraciones a los medios previas a la reunión con el ministerio, la responsable de UGT ha acusado al Gobierno de “estar castigando a 3,5 millones de trabajadores públicos” con el bloqueo a la negociación. Las movilizaciones “son el principio, no el fin”, ha añadido Araque. Para Palazzo, de CC OO, “no solo hay que acordarse de los empleados públicos cuando pasan catástrofes, sino que hay que pagarles lo que se merecen”. Borra, por su parte, ha asegurado que ”el Gobierno tiene a los funcionarios abandonados y que los servicios públicos se están resintiendo". Los tres han salido de la protesta, no obstante, con la promesa de una próxima reunión con la secretaria de Estado.

Días después de que los tres sindicatos anunciaran una campaña creciente de protestas, que se iniciaría este jueves y terminaría en diciembre con una huelga general en todo el sector público, el ministro Óscar López tomó la decisión de relevar a la secretaria de Estado de Función Pública, Clara Mapelli. Ese puesto lo ha asumido ahora Sánchez Naranjo, que será la nueva encargada de hilar un nuevo acuerdo salarial y de empleo con los sindicatos más representativos de los funcionarios.

El nuevo acuerdo que intentará negociar el Gobierno tendrá que sustituir al Acuerdo Marco para una Administración del siglo XXI, que solo fue firmado por CC OO y UGT, y que ha supuesto desde 2022 un incremento salarial acumulado para todos los empleados públicos del 9,5%. De esta cantidad, un 0,5% se aumentó este año.

Así, por ejemplo, CSIF ha vuelto a exigir un cambio legal que revalorice automáticamente los salarios de los empleados públicos en función de lo que suba el IPC, al igual que ocurre con las pensiones. Mientras que CC OO y UGT, aunque están de acuerdo con la necesidad de dicha actualización, prefieren sentarse a negociar cuál sería la fórmula más adecuada y qué indicadores se deben tener en cuenta para realizar las próximas subidas de sueldos.

Más allá de las exigencias salariales, los tres responsables sindicales han apelado también a que el Gobierno aumente la oferta de empleo público en mayor medida que la actual. “Se tiene que suprimir la tasa de reposición de efectivos. De otra manera, no cesará la temporalidad”, ha indicado Araque. Además, ha añadido otra reivindicación en este ámbito: un cambio en los procesos de selección del colectivo. “El acceso a la Administración, de nuevo ingreso y la promoción interna, es anacrónica y un lastre. Pedimos procesos ágiles en ese nuevo acuerdo, porque entrar hoy en el sector público es como mover a un elefante enfermo. Tampoco se sabe cómo va a afectar la digitalización, ni qué perfiles van a hacer falta”, ha representante de UGT.