España batalla para que el Supremo de Estados Unidos frene las indemnizaciones de las renovables

España se juega cerca de 1.500 millones en la antigua prisión de Old Capitol, a una manzana de la imponente sede del Capitolio. Allí, en un edificio neoclásico de inspiración griega cubierto de mármol, está la sede del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que debe decidir en los próximos meses si atiende la petición del Reino de España de elevar el caso judicial po...

España se juega cerca de 1.500 millones en la antigua prisión de Old Capitol, a una manzana de la imponente sede del Capitolio. Allí, en un edificio neoclásico de inspiración griega cubierto de mármol, está la sede del Tribunal Supremo de Estados Unidos, que debe decidir en los próximos meses si atiende la petición del Reino de España de elevar el caso judicial por los laudos de las renovables o si lo deja en manos del juzgado del Distrito de Columbia. En esta instancia judicial, los demandantes, fondos oportunistas en su mayoría, exigen la ejecución del pago o el embargo de bienes. La decisión reviste importancia porque este tribunal inferior suma media docena de reveses contra los intereses del Gobierno español.

Los laudos de las renovables son probablemente el mayor desafío jurídico al que se han enfrentado los abogados del Estado de España en décadas. Se inició tras la crisis financiera, cuando el Gobierno de Mariano Rajoy redujo en 2013 las primas con ayuda pública que retribuían a las inversiones de energías renovables. Esta decisión afectó a numerosos proyectos de parques eólicos y plantas solares que tenían detrás inversores extranjeros, que no tardaron en acudir a los tribunales exigiendo una compensación. Durante una década, estos casos se han tratado en el Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi), la corte de arbitraje dependiente del Banco Mundial, que ha fallado mayoritariamente en contra de España.

De las 51 demandas de arbitraje que se presentaron contra España en el Ciadi, hasta ahora, 27 se han saldado a favor de inversores o fondos oportunistas, cuyas compensaciones suman alrededor de 1.500 millones de euros más intereses legales, más que cualquier otro país en esta instancia.

Durante el proceso judicial, en el que las partes han esgrimido argumentos jurídicos alambicados, varios fondos de inversión han ido adquiriendo los derechos de los reclamantes. El fondo estadounidense Blasket Renewables es el que se ha hecho con los derechos legales de los principales demandantes, que han reclamado en tribunales inferiores la ejecución de las sentencias del Ciadi. En Estados Unidos, el tribunal del Distrito de Columbia ha fallado a favor de estos fondos y en contra de España hasta en seis ocasiones.

Pero los servicios jurídicos del Gobierno de España no desfallecen pese a la acumulación de derrotas. El pasado 29 de septiembre presentaron alegaciones para que el Supremo de Estados Unidos asuma el caso para revertir las decisiones contrarias dictadas por los tribunales inferiores.

Ahora, el Supremo, tras las alegaciones presentadas por España, ha pedido en una resolución dictada el pasado seis de octubre que el Solicitor General, algo así como el abogado del Estado en EE UU, emita su opinión sobre si este Alto Tribunal debe hacerse cargo de este caso complejo.

“Si este Tribunal revoca la decisión de excepción de arbitraje del Circuito del Distrito de Columbia, los demandados pueden renovar sus argumentos de renuncia. Pero esa no es razón para que este Tribunal se quede de brazos cruzados mientras la decisión siguiente ‘perjudica’ a los soberanos extranjeros ‘y sus relaciones con los Estados Unidos”, señala el escrito presentado por el equipo jurídico español.

Detrás de esta fenomenal batalla jurídica se encuentran algunos de los fondos y empresas más importantes del mundo. La semana pasada el diario EL PAÍS / Cinco Días adelantó el último fallo, dictado por un tribunal del Distrito de Columbia, contra España, el sexto en apenas dos meses. La decisión confirmaba los laudos dictados a favor de los inversores Cube Infraestructure (40,2 millones de euros), RREEF (74 millones), Infrared (35 millones), e Infrastructure Services Luxembourg—conocido como caso Antin— (125,1 millones) y Watkins (79,5 millones).

Nextera, la mayor eléctrica del mundo por capitalización bursátil, que invirtió 750 millones de euros en proyectos solares en España, también participa en esta batalla judicial. En 2019 ganó la demanda ante el Ciadi que condenó a España por violar el Tratado de la Carta de la Energía. Desde entonces, el Gobierno español y el Ejecutivo de la UE han retirado su adhesión a este tratado internacional y han presentado infinidad de recursos tratando de evitar la ejecución de las sucesivas sentencias y el pago de una cantidad millonaria, cerca de 1.500 millones de euros, por los diferentes casos.

La defensa de España se basa en dos argumentos jurídicos. Por un lado, alega inmunidad soberana, una doctrina jurídica internacional que protege a un Estado de ser demandado en tribunales extranjeros sin su consentimiento. Pero los demandantes han recurrido a la justicia ordinaria estadounidense para que fuerce a España al pago. No obstante, el Tribunal de Apelaciones de Columbia rechazó dicha alegación, al entender que los dictámenes del Ciadi tienen validez de sentencia firme.

En segundo lugar, el otro argumento esgrimido por España en todos los procesos relacionados con los laudos a las renovables tiene que ver con que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea (TJUE) ha limitado los arbitrajes intracomunitarios y ha dictado que sea la Comisión Europea la que tiene que autorizar las compensaciones para que no sean declaradas “ayuda de Estado ilegal”. Esta estrategia jurídica tampoco ha convencido a la justicia norteamericana. Así que la penúltima bala que le queda a España es tratar de elevar el caso al Tribunal Supremo de Estados Unidos.

En el Gobierno se cree que con su estrategia lograrán ahorrarse buena parte de los 1.500 millones de reclamaciones en laudos perdidos. Consideran que la mayoría, unos 1.300 millones, se corresponden a laudos de empresas radicadas en Europa. Y la UE ya ha dictaminado que no deben pagarse compensaciones: a principios de este año Bruselas denegó la indemnización en el caso Antin al considerarla contrario a derecho europeo y, por tanto, “una ayuda de estado ilegal”. Por eso, las autoridades españolas esperan desembolsar únicamente 167 millones de euros en indemnizaciones a cuatro inversores extracomunitarios, no sujetos al derecho europeo.

El otro frente abierto en este complejo caso es el de las ejecuciones de pago. Los inversores exigen el desembolso de las reclamaciones ganadas en el Ciadi y ratificadas por tribunales en Estados Unidos, Bélgica, Reino Unido y Australia. Ante la negativa de España, los fondos oportunistas que atesoran los derechos de los inversores en renovables han instado a los tribunales de estos países al embargo cautelar de activos españoles, como medida para garantizar la ejecución de los laudos y el eventual pago de las indemnizaciones.