El Parlamento Europeo se inclina por la construcción de vivienda nueva para facilitar el acceso

El Parlamento Europeo empieza a definir sus soluciones en materia de vivienda para que las instituciones de la UE encaren la solución. Ya tiene un borrador en el que se lee una apuesta clara por “acelerar tanto el ritmo como la escala de los esfuerzos de nueva construcción y renovación”. Esa es la línea principal de un documento, escrito por el eurodiputado del PP español, Borja Giménez, que no ha satisfecho a los grupos progresistas. Estos ya han anunciado enmiendas porque “este texto se centra en dejar la solución a la iniciativa privada y es un exceso”, han respondido desde el grupo socialdemócrata.

La Comisión extraordinaria, creada esta legislatura para afrontar la crisis en el acceso a la vivienda que hay en la UE, se reunía este jueves para recibir el primer borrador del informe con propuestas. El sesgo del informe es claro: la solución tiene que llegar del mercado de la vivienda o, mejor, de los, al menos, 27 mercados de vivienda que hay en la UE, uno por Estado miembro. Para eso, Giménez “pide a la UE y a los Estados miembros que respeten y destaquen el papel fundamental que desempeñan los entes locales y regionales a la hora de identificar las necesidades de vivienda y diseñar medidas específicas para la población local”.

Más adelante el borrador del eurodiputado popular “insta a que se realicen esfuerzos para mejorar la disponibilidad de terrenos edificables, en particular en las zonas densamente pobladas” y también reclama “a las autoridades públicas competentes a que movilicen los terrenos de propiedad pública y faciliten los procesos de zonificación para la construcción de viviendas sociales y asequibles”.

Otro de los elementos que plantea este embrión de informe generará a buen seguro un choque político, puesto que afirma que “los controles de precios son inefectivos, crean incertidumbre y desaniman a la inversión”. Esta contundente declaración forma parte evidente del argumentario popular, como puede comprobarse en España, donde las comunidades gobernadas por el PP se niegan a activar en las zonas tensionadas las medidas disponibles en la reciente ley de vivienda.

Y si estas son algunos de los elementos planteados por el lado de la oferta, también los hay para la demanda. Para ello, habla de “incentivos como la reducción de las tasas de transacción para los compradores jóvenes y los que compran por primera vez, que se exima del impuesto sobre las transacciones a los compradores que adquieran su primera vivienda y la ocupen durante un determinado período”. También apuntan a “la concesión de préstamos a bajo interés para los compradores de primera vivienda”, es decir, hipotecas baratas, e “insta a que se introduzcan garantías que cubran hasta el 100% de la inversión para facilitar el acceso al crédito a los jóvenes compradores de primera vivienda.

Como ha recordado el eurodiputado socialista, Marcos Ros Sempere, algunas de las medidas planteadas en el informe ya se aplicaron en el pasado, como las rebajas de impuestos. “Son soluciones que podrían parecer que están bien, pero lo fía a soluciones que ya hemos visto [en España]. Lo fía todo al mercado, a una liberalización y que poco a poco se vaya construyendo más, pero eso no ha funcionado [en el pasado]. La desregulación puede ser parte de una respuesta, pero no puede ser la principal. Un mercado con pocas reglas es lo que no ha traído a esta crisis”, ha subrayado el socialdemócrata: “Más viviendas y más facilidad para construir no quiere decir mejor acceso a los precios”.

La respuesta de Ros Sempere también apuesta a fondos de cohesión que ayuden a construir “vivienda asequible”. Añadiendo que cualquier promoción que se financie con dinero público debe ser para “la construcción de viviendas públicas [...] porque al final necesitamos un parque público de vivienda que ayude a equilibrar las tensiones que el mercado privado no soluciona, porque el mercado privado es un mercado de activos financieros”.

No ha sido esta la única crítica al borrador que ha presentado Jiménez. La primera discrepancia ha llegado del socialdemócrata austriaco, Andreas Schieder, que ha actuado en nombre del ponente auxiliar del informe, que no ha podido estar presente. “Necesitamos más derechos de los inquilinos”, ha apuntado. Él incluso ha puesto en duda que el borrador de informe presentado responda al mandato que se le dio al ponente.

Por Los Verdes, la finlandesa Maria Ohisalo ha optado por admitir algunos elementos positivos en el informe, como las propuestas para impulsar la reforma y la construcción. Pero sí que ha señalado lo que, a su juicio, es una carencia: “No creemos que [el problema] sea solo por falta de oferta”. Apuntando en una dirección en la que han señalado otros grupos parlamentarios.

La réplica más dura, probablemente, ha llegado del grupo de La Izquierda. Su portavoz en esta Comisión, Martín Schirdewan, ha hecho hincapié en que la propuesta descansa en la iniciativa privada y ha subrayado que en el documento presentado destaca mucho “la perspectiva española”. “El mercado ha generado este problema”, ha apuntado.