El Gobierno convoca a las autonomías el 2 de octubre para tratar el nuevo Plan de Vivienda
El Ejecutivo pide aportaciones a las comunidades a través del proceso de audiencia pública o de reuniones bilaterales
El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha convocado este jueves a las comunidades autónomas a una Conferencia Sectorial el próximo 2 de octubre. El objetivo es abordar y definir el Plan Estatal de Vivienda 2026-2030, que contará con una inversión de 7.000 millones de euros. La convocatoria se produce tras la reunión celebrada entre el secretario de Estado de Vivienda y Agenda Urbana, David Lucas, y el resto de la comisión multilateral de Vivienda y Suelo, en la que el Gobierno reiteró su disposición a colaborar con las comunidades para consensuar el plan, como ya avanzó el Ejecutivo la semana pasada.
Durante el encuentro, de carácter técnico, Lucas presentó ante los responsables autonómicos del ramo los contenidos del Plan Estatal, que la ministra Isabel Rodríguez pretende aprobar antes de final de año. El secretario de Estado subrayó que el ministerio está abierto a incorporar las nuevas aportaciones que las comunidades puedan poner sobre la mesa, ya sea mediante el proceso de audiencia pública o a través de reuniones bilaterales.
El diálogo y la cooperación entre las distintas administraciones competentes, ha incidido Lucas, son fundamentales para aportar soluciones que garanticen el derecho constitucional a una vivienda digna y adecuada.
El Plan Estatal de Vivienda 2026-2030 busca movilizar todos los recursos necesarios para atender la demanda de vivienda asequible en España. Con un presupuesto de 7.000 millones de euros, triplica la inversión del plan anterior y se distribuirá según las competencias: un 60% será financiado por el Estado y el 40% restante por las comunidades autónomas, que gestionarán directamente las ayudas. Los objetivos del plan incluyen incrementar el parque de vivienda asequible de forma permanente, rehabilitar inmuebles con criterios de eficiencia energética y accesibilidad, impulsar la regeneración urbana y rural, reducir la edad de emancipación de los jóvenes, aliviar el esfuerzo financiero de los hogares y revertir la presión en las zonas de mercado tensionado.
El plan se desarrolla bajo la Ley de Vivienda de 2023, que incorpora la vivienda como quinto pilar del Estado del Bienestar, junto a la sanidad, la educación, las pensiones y la dependencia. Entre las medidas destacadas se incluyen la ampliación del bono de alquiler juvenil a 300 euros mensuales, ayudas a la compra en municipios pequeños y descuentos de hasta 28.800 euros para viviendas de protección oficial en régimen de alquiler con opción a compra.
La idea del Gobierno también contempla un blindaje de la vivienda protegida: las promociones financiadas con fondos del plan deberán mantener su condición de protegidas de manera indefinida, y los inmuebles de vivienda pública estarán destinados al alquiler durante al menos 50 años con precios limitados desde el primer año. La ejecución del plan se articulará mediante convenios bilaterales entre el Ministerio y las comunidades autónomas, incluyendo mecanismos de seguimiento, indicadores de gestión y obligaciones de transparencia a través de una plataforma común.
En paralelo, en la reunión se abordó la tramitación del Bono Alquiler Joven para 2025, ya incluido en los Presupuestos Generales del Estado, y la gestión de los fondos del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.