El rechazo de Trabajo y sindicatos a las condiciones de la patronal alejan un acuerdo del salario mínimo

El Ministerio de Trabajo valora “positivamente” la propuesta que ha hecho este martes la patronal en la negociación del salario mínimo interprofesional (SMI), subirlo un 3%, pero cree que no es “adecuada”. Y no lo es tanto por la cifra, que queda ligeramente por debajo de la banda baja que recomendaba el informe de los expertos, como por los condicionantes que lleva aparejados: según ha relatado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, reclaman bonificaciones para el sector agrario y revisar las contratas públicas. “Son clásicos populares”, ha bromeado el número dos del ministeri...

El Ministerio de Trabajo valora “positivamente” la propuesta que ha hecho este martes la patronal en la negociación del salario mínimo interprofesional (SMI), subirlo un 3%, pero cree que no es “adecuada”. Y no lo es tanto por la cifra, que queda ligeramente por debajo de la banda baja que recomendaba el informe de los expertos, como por los condicionantes que lleva aparejados: según ha relatado el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, reclaman bonificaciones para el sector agrario y revisar las contratas públicas. “Son clásicos populares”, ha bromeado el número dos del ministerio, ya que son las mismas peticiones que el Gobierno no concedió el año pasado y que, aunque las cifras propuestas no estaban lejos unas de otras, descarrilaron el acuerdo a tres. Además, los sindicatos han rechazado la posición patronal con aún más insistencia, lo que parece alejar un pacto que incluya a las empresas. No sería ninguna novedad, ya que en los últimos cuatro incrementos tampoco participaron.

La Junta Directiva de CEOE decidió este miércoles su propuesta sobre cuánto debería crecer el salario mínimo interprofesional. No está lejos de la recomendación modesta de los expertos, que elevaría el SMI de los 1.134 euros brutos en 14 pagas a 1.173, mientas que la de los empresarios se quedaría en 1.168, solo cinco euros menos. Supondría una leve ganancia de poder adquisitivo, de dos décimas, ya que los precios cerraron 2024 en un 2,8%.

A la pregunta sobre qué espacio hay para que el Gobierno acceda a las condiciones de la patronal, Pérez Rey no ha dado margen. Le ha dado la vuelta al planteamiento, con la esperanza de que sean los empresarios los que renuncien a esas peticiones: “Las bonificaciones en el ámbito agrario, no puedo evitar decir que hay un problema porque los sindicatos dicen que no hay necesidad de bonificar ese sector en particular. Y la desindexación, ya saben la posición del Ministerio de Trabajo”. Esa posición, como el año pasado, es que está a favor, pero que no es su competencia, sino de Hacienda. El Ministerio de María Jesús Montero ya rechazó esta posibilidad el año pasado. “Se les ha sugerido hasta qué punto son condiciones sine qua non. No ha habido una respuesta definitiva”. A la vez, Pérez Rey ha celebrado que la patronal concrete una propuesta, “como no hicieron en la negociación para reducir la jornada”, y la interpreta como un aval a la senda de subida de los últimos años:

La semana que viene se celebrará otra reunión, que fuentes del diálogo social marcan como la definitiva, dadas las prisas por el fracaso parlamentario del Gobierno de este miércoles. Además de la revalorización de las pensiones o las ayudas al transporte ha decaído el salario mínimo interprofesional, de manera que en teoría un empresario podría firmar un nuevo contrato sin tomar en cuenta ninguna referencia. Pérez Rey ha pedido “tranquilidad absoluta” al respecto, recordando que cualquier subida será retroactiva, y que el ministerio publicará una instrucción que sirva como paraguas transitorio, sin aclarar del todo su alcance ni cuándo se publicará.

Los representantes de los sindicatos también han insistido en la urgencia en la aprobación y han rechazado frontalmente las condiciones de la patronal. “No las rechazamos porque sí, es que no tienen coherencia. Pedir bonificaciones en el sector del campo, cuando está teniendo buenos márgenes de beneficios y los convenios se están firmando por encima del SMI, no tiene sentido”, ha reflexionado la negociadora de CC OO, Mari Cruz Vicente. El de UGT, Fernando Luján, ha insistido en la importancia de “terminar” la próxima semana: “Que esté en vigor lo antes posible, para que el único mes que podría tener algún tipo de inseguridad jurídica sea enero”. Como Pérez Rey, ha celebrado que la patronal proponga un incremento, que interpreta como una “convalidación” de las subidas anteriores.

La propuesta de los empresarios camina de la mano del quinto Acuerdo para el Empleo y la Negociación Colectiva (AENC). Es un documento suscrito por las patronales y los sindicatos más representativos de España, en el que marcan una guía sobre negociación colectiva. Son pautas de los jefes empresariales y sindicales para las personas que concretan cada nuevo convenio. Ahí se establece la siguiente senda de subida para las retribuciones: del 4% en 2023, el 3% en 2024 y otro 3% en 2025.

Otros factores en juego

Otro elemento a tener en cuenta en la negociación, según insisten los interlocutores, es la prometida reducción de jornada, que implicaría otra subida de costes laborales para las compañías. Los empresarios vienen protestando por ello y por los niveles récord de incapacidad temporal.

Hay un factor más que condiciona las conversaciones: Hacienda baraja no elevar el mínimo exento de IRPF hasta el nuevo salario mínimo, lo que obligaría a los beneficiarios a pagar en el IRPF alrededor del 42% de la subida, sea cual sea. UGT ya ha dicho que rechaza esta posibilidad, mientras que CC OO se centra en reclamar que la subida neta asegure que el SMI alcanza el 60% del salario medio. Trabajo también pide a Hacienda que, como en años anteriores, eleve el mínimo exento. El departamento de María Jesús Montero indica que no tomará una decisión al respecto hasta que no se haya pactado el aumento, informa Pablo Sempere.

El SMI, que perciben en torno a 2,5 millones de trabajadores, ha crecido un 54% desde 2018, mucho más que los precios en el mismo periodo (19%), lo que se traduce en una enorme ganancia de poder adquisitivo para estos empleados vulnerables.