Penas de hasta nueve años por reformar pisos alquilados y subarrendarlos como turísticos

La Fiscalía solicita penas de entre tres años y medio y nueve años de prisión para los diez acusados de formar un grupo criminal para alquilar viviendas en Barcelona utilizando documentación falsa, reformarlas sin conocimiento ni consentimiento de los propietarios para aumentar el número de habitaciones y subarrendarlas como pisos turísticos o compartidos pese a no tener licencia para ello.

Este lunes ha comenzado el juicio de la Sección 7 de la Audiencia Provincial de Barcelona, que se ha trasladado a una sala de la Ciutat de la Justícia de Barcelona habilitada para tal efecto por el elevado número de acusados y de defensas. En esta primera sesión, dedicada a las cuestiones previas, dos de las defensas han aportado sentencias para alegar “cosa juzgada”, es decir, para convencer al tribunal de que sus respectivos defendidos ya han sido condenados por algunos de los hechos que se enjuician en esta causa, unas resoluciones sobre las que la Fiscalía ha dicho que constituyen una prueba más de su actividad delictiva. Los abogados también han pedido que todos ellos puedan declarar en último lugar, una vez se haya practicado la totalidad de la prueba, una solicitud a la que el magistrado presidente no se ha negado.

Los hechos por los que están acusados sucedieron entre 2017 y 2020, según el escrito de acusación de la Fiscalía, que sostiene que actuaban de común acuerdo y que se repartían los beneficios en función del papel que cada uno de ellos desempeñaba dentro del grupo criminal. Según el ministerio público, los diez acusados —uno de ellos comparece por videoconferencia— “crearon un entramado cuyo objetivo era contactar con propietarios de bienes inmuebles que tenían publicitadas sus viviendas con la finalidad de formalizar un contrato de arrendamiento”.

Para ello, aportaban “documentación alterada” con el objetivo de aparentar solvencia económica y, una vez conseguían alquilar las propiedades, dejaban de pagar tras abonar la fianza o la primera mensualidad para, seguidamente, realizar obras sin el conocimiento ni consentimiento de los propietarios. Así, señala la fiscal, aumentaban el número de habitaciones que posteriormente subarrendaban con fines turísticos a través de dos conocidas página de Internet.

Todo ello, insiste el ministerio público, “sin contar con la preceptiva licencia para tal actividad” y añade que, una vez los propietarios descubrían estos hechos ya no podían acceder a estas viviendas por estar ocupadas por el grupo criminal que, en sus palabras, creaba un clima de terror y miedo cuando estos acudían a pedirles explicaciones tras ser alertados por los vecinos del trasiego de turistas. En otras ocasiones, eran los propios acusados los que llamaban a los Mossos d’Esquadra o la Guardia Urbana, a los que enseñaban los contratos de alquiler y solicitaban que expulsaran a los propietarios del inmueble.

En la cúspide de esta organización criminal, la Fiscalía sitúa a un padre y a un hijo y a dos mujeres como los presuntos cabecillas de la trama, a los que atribuye la gestión de las reformas para acondicionar las viviendas como pisos turísticos, la administración de toda la red de inmuebles y el cobro y reparto de los beneficios.

Una de ellas había adquirido junto a su marido —también procesado— una sociedad mercantil en 2018 que presuntamente usaban para crear contratos de trabajo que otros miembros de la trama presentaban a la hora de alquilar un piso para acreditar solvencia económica ante los propietarios. El resto de los acusados aparecen “como arrendatarios en numerosos contratos” de alquiler, aportando para ello documentación alterada y son también los titulares de cuentas bancarias con las que se realizaban los pagos de las mensualidades y fianzas.

La Fiscalía añade que “ninguno de los acusados han trabajado en las empresas que referían en los contratos de trabajo y nóminas por ellos aportados a los propietarios”, que comenzarán a declarar en calidad de testigos previsiblemente a partir de este jueves, según han señalado fuentes judiciales. El martes el juicio, que se alargará durante dos semanas, se retomará a las 10.00 con testificales de Mossos d’Esquadra y Policía Nacional; los acusados prestarán declaración el 4 de diciembre.

Desde 2019

La primera denuncia la presentó la dueña de un piso el 14 de mayo de 2019, después de que el Ayuntamiento de Barcelona realizara una inspección en junio de 2018 en su propiedad e incoara un expediente de alojamiento turístico sin licencia. En las entradas y registros efectuadas el 8 de julio de 2020 dictadas por el Juzgado de Instrucción 11 de Barcelona en los domicilios de los acusados se localizaron documentos relativos a estas viviendas, así como contratos de alquiler, juegos de llaves de más de 20 domicilios, dinero en efectivo y escrituras de empresas que utilizaban para presuntamente simular las nóminas. Por los hechos de los que están acusados, 48 en total, los propietarios reclaman más de 600.000 euros por las rentas que dejaron de percibir y por los daños que causaron en las propiedades con la realización de las obras.

En el escrito de acusación de la Fiscalía —la acusación particular ha desistido antes de comenzar la vista oral, aunque reclama los daños y perjuicios— se describen coacciones y amenazas a los propietarios, a los que presuntamente llegaron a pedir diversas cantidades de dinero por recuperar sus pisos. También se describen amenazas como “te vamos a matar, hijo de puta, si no entregas las llaves te reventamos la puerta” hacia uno de los propietarios, que finalmente optó por darles las llaves ese mismo día pese a haber cambiado la cerradura con la intención de echarlos.

Añade que los acusados llegaron a colocar cámaras de vigilancia en los pisos turísticos y que, cuando tenían constancia de que los propietarios acudían a las propiedades, se desplazaban hasta las viviendas para exigirles “que abandonasen el lugar bajo amenazas de llegar a causarles algún mal” o de llamar a los Mossos o la Guardia Urbana para que los expulsasen exhibiendo los contratos de alquiler.

Por estos hechos la Fiscalía pide penas de entre tres años y medio y nueve como presuntos autores de delitos de pertenencia a grupo criminal, delito continuado de estafa, delito continuado de falsedad de documento mercantil, tres delitos de extorsión y un delito leve de coacciones, así como que indemnicen a los perjudicados con la cantidad que se acuerde en ejecución de sentencia.