Los rostros de la marcha: “No podemos hacer un proyecto de vida propio”

Decenas de miles personas se han manifestado este domingo en las calles de Madrid para reivindicar que la vivienda no sea un negocio y pedir una reducción de los precios del alquiler. Asociaciones, partidos políticos de izquierda y sociedad civil han participado en la movilización convocada baja el lema ‘La vivienda es un derecho, no un negocio’ y en la que se reclamó con insistencia la bajada de los precios de los alquileres. . A continuación, EL PAÍS ha ...

Decenas de miles personas se han manifestado este domingo en las calles de Madrid para reivindicar que la vivienda no sea un negocio y pedir una reducción de los precios del alquiler. Asociaciones, partidos políticos de izquierda y sociedad civil han participado en la movilización convocada baja el lema ‘La vivienda es un derecho, no un negocio’ y en la que se reclamó con insistencia la bajada de los precios de los alquileres. . A continuación, EL PAÍS ha entrevistado a algunos de los asistentes.

Adrián Espina (29 años): “Esta manifestación tiene que ser una base para organizar la futura huelga de los alquileres”

Adrián Espina (Alcorcón, 29 años) es el antiguo coordinador del Sindicato de Inquilinas e Inquilinos de Alcorcón y actual asalariado de acción sindical de la zona sur de Madrid. Espina espera que la manifestación de hoy tenga la misma afluencia que las marchas en defensa de la sanidad y que el tema de la vivienda se ponga en el centro de la atención política. “Esta manifestación tiene que ser una base para organizar la futura huelga de los alquileres”, afirma.

Raquel Anula (49 años): “Quiero vivir en el que ha sido el hogar de toda mi vida”

Raquel Anula (49 años) lleva toda una vida en su piso en Hortaleza. En 2021 recibió una notificación de desahucio, después de que los dueños de los terrenos en el barrio vendieran la vivienda a un fondo buitre, junto a otras 800 viviendas. Los mismos dueños se negaron entonces a las ofertas de compra que Anula les hizo. “Hace días llamaron a mi abogada para decirle que por cuánto dinero me iba de ahí. Les dije que no tengo precio, es que yo quiero vivir en el que ha sido el hogar de toda mi vida”, cuenta.

El lanzamiento está aplazado hasta ser resuelto por la Audiencia Provincial. En 2022, Anula se acogió a la ley de vulnerabilidad de vivienda y desde entonces destina el 30% del salario al nuevo dueño. “Gano menos del mínimo a mis 49. Doy lo que puedo”, recalca. Y se le desata una sonrisa al ver que la Asociación Vecinal de Hortaleza suma gente a la ya gran manifestación que ha comenzado en la estación de Atocha.

Silvia González (35 años): “Falta intervención del Estado para asegurar vivienda digna”

Silvia González vive con su pareja en una casa que tenía su abuelo y por la que paga unos 600 euros a su padre. “Mi padre no me puede regalar la casa, así que pago esta renta, que es asequible”, asegura. Es profesora interina, por lo que a veces trabaja a jornada completa y otras, a tiempo parcial. Se considera privilegiada, aunque asegura que le gustaría poder comprar una casa, o al menos imaginarse haciéndolo, pero los precios están completamente fuera de su alcance. “Afortunadamente, tengo un salario digno, pero no es suficiente para comprar una casa”.

Compara su vida a sus 35 años con la que tenían sus padres: “A mi edad ellos ya tenían su casa pagada, pero para mí es imposible”. González, que es la vicepresidenta de la asociación vecinal La Unidad de Villaverde, enfatiza que hace falta intervención estatal para “asegurar una vivienda digna”. “La vivienda se ha convertido en una mercancía y no en un derecho, como dice la constitución española”, asegura, e insiste en que el Estado debe comprometerse en generar políticas que faciliten el acceso a la vivienda, que se construya vivienda social y que se ponga a disposición de los ciudadanos, en particular de los jóvenes.

Mamadou Diagne (31 años): “Los migrantes estamos aquí aportando a nuestra sociedad y tenemos derecho a la vivienda”

Hace 10 años que Mamadou Diagne, originario de Senegal, llegó a Madrid, proveniente de Suiza. Cuenta que “ser migrante y negro” le ha afectado “muchísimo para encontrar dónde vivir”. Recuerda que cuando llegó, intentó alquilar un piso junto con otros tres compañeros “con nóminas muy altas”. “Como venía de Suiza, tenía número de allí y el propietario pensó que yo era suizo”, cuenta Digne, “pero cuando nos encontramos en persona y vio que era negro, aunque estaba ya todo arreglado para entregarme el piso, me dijeron que no”. Asegura que primero le dijeron que debían volver a revisar las nóminas, que ya habían aprobado, porque podían estar falsificadas. Más tarde, y después de no darle respuesta o razón alguna por días, el agente inmobiliario le confesó: “La verdad es que el color es un problema”.

Por eso está hoy en la manifestación: “Para concienciar de que los migrantes estamos aquí trabajando, aportando a nuestra sociedad y tenemos derecho a la vivienda”. Recalca que “la discriminación es un problema real. Para los migrantes es casi imposible acceder a la vivienda, si no tienes recursos es imposible, pero incluso si los tienes, no puedes por el racismo”. Dice que es tiempo ya de que el Estado vea la vivienda como un derecho, “como la sanidad y todos los otros”, y que actúe para protegerlo. “Los barrios son para quienes los habitan, no para los fondos buitre o para la gente que especula. La vivienda es un derecho y seguiremos luchando por ella. No nos vamos a ir”, remarca.

Vecinos de Tribulete 7: " Estamos encallados; la única opción que nos ponen sobre la mesa es salir de nuestro hogar”

Cristina Gómez, de 40 años, asiste junto a algunos vecinos a la manifestación de este domingo. Ella forma parte de la negociación colectiva a la que entraron los habitantes de Tribulete 7, un edificio que ha sido vendido a Elix Rental Housing. Desde entonces han sido tres las mesas que convocaron los directivos del fondo buitre. “No entiendo por qué llaman a mesas de negociación cuando no tienen nada que negociar. Estamos encallados porque la única opción que nos ponen sobre la mesa es salir del que ha sido nuestro hogar por años”, añade.

En la actualidad son al menos cinco los vecinos que ya han salido del edificio. Otros se han quedado con contratos antiguos (a los que no les aplica la nueva normativa) y otros con contratos más reciente. “La tesis de Elix Rental Housing sigue siendo la de que todos debemos salir del edificio”, indica Gómez.

Pepa Torres (63 años): “Mientras la vivienda no sea un derecho, no podemos hablar de justicia social ni de un Estado de derecho”

Con 63 años, Pepa Torres no es el arquetipo de compañera de piso que las personas suelen tener en la cabeza. Aun así, hoy comparte su vivienda en Lavapiés con otras tres compañeras. De lo contrario, dice, no le alcanzaría para pagar el alquiler. “La casa entera es de un gran tenedor”, cuenta, bastón en mano y rodeada de jóvenes que saltan y arengan que “la ley de vivienda es una mierda”. Dice que en su edificio “han ido expulsado a los vecinos históricos del barrio, gente mayor que ha sostenido la vida de este lugar”. “Estoy aquí porque las vecinas no podemos seguir sosteniendo más la especulación con la vivienda, no puede ser que el 70% de nuestro salario se destine a conseguir un alquiler, no puede ser que una habitación cueste 400 euros, no puede ser que existan grandes tenedores y casas vacías cuando las calles están llenas de personas expulsadas”, afirma Torres, con la voz algo temblorosa de la rabia. Asegura que la ley de vivienda que aprobó el Gobierno de Pedro Sánchez no era lo que necesitaban las personas. “Queremos una ley de vivienda pública que contemple el derecho social a vivienda, que le meta mano a los grandes tenedores y que se pueda aplicar y no esté boicoteada, como lo está en Madrid por el Gobierno de la Comunidad”. Cree que es contradictorio hablar de justicia social y de un Estado de derecho en España, mientras “la vivienda continúa siendo un privilegio y no un derecho”.

Imanol Lister (35 años): “No podemos hacer un proyecto de vida propio”

Tiene 35 años y vive con su madre. Es uno de tantos jóvenes en España para quienes la emancipación es inalcanzable. Imanol Lister vive en un piso alquilado en Villaverde Bajo, donde ha estado toda su vida y cuenta que “vivir solo es imposible”. “Los precios son demasiado altos. Yo trabajo como encuestador telefónico con contrato fijo discontinuo y con lo que gano no podría pagar un piso para mí”, explica. Afirma que no ha contemplado irse a vivir con compañeros de piso desconocidos: “Si la opción es compartir con alguien, prefiero hacerlo con personas que conozco a tener que vivir con desconocidos”.

Como a tantos jóvenes en España, a Lister le preocupa su situación y, sobre todo, la incertidumbre de no saber si tiene solución o si va a mejorar: “Los costes de vida aumentan, los recursos básicos se vuelven más caros, los alquileres se comen los salarios, no podemos hacer un proyecto de vida propio”. Reclama que el Estado se involucre más, que se hagan políticas que entiendan la vivienda como un derecho y que se ponga freno a la especulación.

Karina Arteaga (54 años): “Era o comer o pagar la hipoteca”

Karina Arteaga, de 54 años, llegó hace 19 años a Madrid procedente de Bolivia, donde nació, y hace 10 que vive con la incertidumbre de si un banco, el BBVA, le va a quitar o no su casa. Auxiliar administrativa en una escuela de danza contemporánea, Arteaga sacó una hipoteca a nombre de su marido para comprar la casa en la que viven hoy. Pero en 2008 “con toda la crisis, el índice de intereses que teníamos, el IRPH, comenzó a subir muchísimo”. “Nuestra economía se vio muy afectada, era o comer o pagar la hipoteca”. Acudió entonces a la Plataforma de Afectados por la Hipoteca, donde les explicaron qué podían hacer y decidieron no pagar. “Llevamos como 10 años peleando con el banco, seguimos ahí, pero vivimos con mucha incertidumbre, no sabemos si nos van a quitar la casa o no”, cuenta Arteaga, madre de dos hijas, una de 18 y otra de 16, que asegura que conocen muy bien “la lucha”.

Su casa dejó de ser suya y pasó a ser propiedad del banco, primero de la Caixa Barcelona, que fue donde originalmente asumió la hipoteca, pero después, tras un largo proceso de fusiones y absorciones bancarias, ahora es del BBVA. Ahora Arteaga se encuentra en un litigio legal con el banco porque vendió su casa a un fondo buitre y Arteaga interpuso una serie de recursos de apelación que no tiene claro cuándo se solucionarán. Mientras tanto, asegura, continúa viviendo en la casa, que insiste, es suya, con sus hijas y su pareja. “Hoy estamos aquí porque somos afectados de los bancos, pero también porque pienso en mis hijas: están creciendo y no sé qué les va a deparar. Comprar o alquilar una casa es imposible y no sé cómo van a vivir”.