Los socios del Gobierno arremeten contra las bajas flexibles y critican a la Seguridad Social por falta de detalles

Justificar las bajas laborales flexibles y voluntarias que ha propuesto el Ministerio de Seguridad Social se ha convertido en un nuevo asunto espinoso para el Gobierno, a pesar de que se trata de un planteamiento preliminar, y de que todavía no se conocen lo detalles concretos. Sin embargo, las críticas han arreciado con fuerza, sobre todo desde sus aliados parlamentarios desde que la ministra Elma Saiz anunció este jueves ...

Justificar las bajas laborales flexibles y voluntarias que ha propuesto el Ministerio de Seguridad Social se ha convertido en un nuevo asunto espinoso para el Gobierno, a pesar de que se trata de un planteamiento preliminar, y de que todavía no se conocen lo detalles concretos. Sin embargo, las críticas han arreciado con fuerza, sobre todo desde sus aliados parlamentarios desde que la ministra Elma Saiz anunció este jueves que convocaría “de manera inminente” a los agentes sociales para abordar la reforma de la incapacidad temporal (IT), y planteó la posibilidad de que aquellos trabajadores que lo deseen puedan trabajar algunas horas estando de baja, han arreciado las críticas a la propuesta, la mayoría de ellas procedentes de sus socios parlamentarios.

Sumar, Podemos, ERC o Bildu han reprobado públicamente la iniciativa, por considerarla potencialmente peligrosa para los trabajadores y un retroceso de los derechos laborales. La falta de explicaciones que justifiquen su creación, así como la ausencia de ejemplos concretos de personas que podrían beneficiarse de esta fórmula, se han convertido en un freno inicial para el desarrollo de una propuesta que se trasladará al diálogo social. Por el momento, la mesa de negociación sigue sin fecha de celebración.

Consciente de los primeros recelos tras el lanzamiento del globo sonda del jueves, Saiz volvió a hacer hincapié este viernes en una entrevista en Onda Cero en que la voluntad de esta proposición es la de “ampliar derechos y avanzar en justicia social”, negando que se esconda detrás ningún afán recaudatorio por parte de su ministerio, y volviendo situar la salud de los trabajadores en el epicentro. “Habrá que ver caso por caso. Pero, indudablemente, es un debate, una cuestión recurrente y para eso la política tiene un papel fundamental. Por eso me parece oportuno que, con total sensibilidad, con total prudencia y con total sosiego, se ponga encima de la mesa esta cuestión”, añadió.

En sus dos últimas intervenciones, la ministra ha explicado que la bajas flexibles y voluntarias —que tienen cabida, aunque con otro nombre, en países como Noruega, Dinamarca, Suecia o Portugal—, son una figura especialmente pensada para dos grupos de trabajadores, y que su creación es fruto de sus distintas reuniones con diferentes colectivos. Por un lado, se beneficiarían de ellas aquellos pluriempleados que, encontrándose de baja laboral, puedan seguir desarrollando alguno de sus otros trabajos por no estar impedidos para llevarlos a cabo. Y por otro, aquellas personas que, inmersas en una situación de incapacidad prolongada, como es el caso de quienes estén saliendo de un tratamiento de cáncer, valoren una reincorporación progresiva a su puesto de trabajo a medida que vayan mejorando su estado de salud. Sin embargo, hasta el momento el Ministerio no ha ofrecido el dato de cuántas personas podrían encajar en estos dos perfiles. “Es algo que hay que abordar en el grupo de trabajo”, explica una fuente ministerial.

Las discrepancias entre PSOE y Sumar acerca de la creación de una figura que permitiría compaginar la percepción de la prestación por incapacidad temporal con el salario proporcional a la jornada trabajada, son notorias, incluso en este estadio inicial. Como una forma de marcar territorio, Saiz recordó que las competencias en esta materia le corresponden al Ministerio de Seguridad Social y no al de Trabajo. Es la primera vez desde que la actual ministra sucedió en el cargo a José Luis Escrivá que se produce un choque entre estos dos departamentos.

“La salud de los trabajadores está en el epicentro [de la propuesta], eso es irrenunciable. No es una cuestión económica, es ampliar derechos y avanzar en justicia social”, volvió a defender Saiz, quien recibió el apoyo de la Ministra de Hacienda, María Jesús Montero. “Demos una oportunidad a que se dialogue primero entre empresario y agentes sociales con el Ministerio de Seguridad Social, y luego a los grupos políticos”, reclamó la también vicepresidenta primera.

A pesar de los esfuerzos de Saiz, la idea de bajas siguen sin convencer a Sumar. “A nosotros esta propuesta, de entrada, no nos gusta nada”, concedió ayer el Ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Tampoco a ERC o Podemos. “Tendremos que ver el texto, pero no sé cómo se podría matizar para que nos suene mejor... Quedamos pendientes de la concreción de la propuesta, de entrada nos suena peligrosa”, advierte Jordi Salvador, diputado de ERC en el Congreso y portavoz de la Comisión de Trabajo, informa Camilo S. Baquero. “Yo creo que es importante decirle a la gente la verdad, y la verdad es que la baja flexible significa que vamos a mandar a los trabajadores y las trabajadoras a trabajar enfermos”, afirmó, por su parte, ayer la líder de Podemos, Ione Belarra. La portavoz de EH Bildu en el Congreso, Mertxe Aizpurua, calificó de “barbaridad” la intención adelantada por el Ministerio.

Aun cuando todavía no han trascendido los detalles concretos de la propuesta de Seguridad Social, el mero estudio de la creación de una figura que contribuya a reducir el drástico aumento de las incapacidades temporales —durante 2023 se registraron en España más de 450 bajas laborales por cada mil trabajadores, la máxima incidencia registrada en la última década—, fue bien recibido por las organizaciones empresariales.

“Nos gusta el modelo”, celebró ayer el presidente de la Confederación Española de Organizaciones Empresariales (CEOE), Antonio Garamendi, quien valoró la utilidad de esta nueva figura, especialmente en el caso de trabajadores pluriempleados. “Estamos absolutamente de acuerdo con el planteamiento de Saiz y que se incorpore a la legislación laboral”, se sumó Josep Sánchez Llibre, presidente de Foment del Treball, la principal organización representativa del empresariado catalán.

Ahorrar dinero

La propuesta del Gobierno ha dejado a las asociaciones que representan a enfermos de cáncer con cierta inquietud. “Me cuesta trabajo entenderla, y quiero ser prudente, pero nuestra percepción es que una persona que está de baja médica no puede trabajar”, señala Begoña Barragán, portavoz del Grupo Español de Pacientes con Cáncer (GEPAC), quien añade que el Gobierno no se ha puesto en contacto con ellos para diseñar esta medida, aunque sí que los han nombrado como posibles afectados por la misma. Entre los pacientes que representa esta asociación, explica, existe la sospecha de que la medida pretenda tener como único objetivo “ahorrar dinero de las bajas” y el temor a que esto cree conflictos con los empleadores.

Sobre eso profundiza también Carmen Yélamos, responsable de psico-oncología en la Asociación Española Contra el Cáncer, que cree que “es muy importante abordar la reincorporación de los pacientes al trabajo, analizando cada una de las fases y siempre priorizando el criterio médico”. Por su parte, las mutuas de trabajo, representadas en la Asociación de Mutuas de Accidentes de Trabajo (AMAT) prefieren esperar a conocer más detalles sobre la propuesta para posicionarse.