Garamendi dice que la reducción de jornada “equivale a regalar casi 12 días de vacaciones pagadas por la empresa al año”
El presidente de la CEOE se muestra abierto a negociar con Trabajo tras la nueva propuesta, que plantea una flexibilización de la redistribución de jornada en 2025: “Parece que entramos de nuevo en fase de negociación”
“Parece que estamos ahora de nuevo entrando en la negociación [...]. Podemos estar trabajando en estos momentos”. Estas dos frases no parecen gran cosa, pero consolidan un cambio de tono desde la patronal respecto a la negociación para reducir la jornada laboral. Las ha pronunciado este martes el presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, en la asamblea anual de la gran asociación empresarial española. Lo ha hecho sin que le pregunten los periodistas, a iniciativa propia durante su discurso. Estas declaraciones llegan un día después de que el Ministerio de Trabajo ponga encima de la mesa una nueva propuesta, que plantea más flexibilidad a las empresas para redistribuir la jornada irregular durante 2025. Fuentes del diálogo social dicen que no es suficiente para que la patronal participe en el pacto, pero es un cambio bien recibido por los empresarios, que esperan que sea un primer paso.
El cambio en el tono es evidente, tanto desde el ministerio como desde la patronal. Hace una semana el secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey, catalogaba la posición de la patronal como una “burla democrática”, mientras que este lunes hizo un discurso de mayor sintonía. Garamendi también venía hablando de un “monólogo” de Trabajo y que aprobasen lo que quisieran, palabras que no ha vuelto a pronunciar hoy.
Eso sí, el giro no es de 180 grados. El presidente de la CEOE ha criticado que en esta negociación “ya se conozca el resultado final”, es decir, las 38,5 horas este año y 37,5 el que viene, como prometieron PSOE y Sumar en su programa de Gobierno. “Nos sentaremos en todas las mesas que haga falta, pero esto no va de aceptar ultimátums, ni trágalas”, ha dicho en referencia a la posición de Trabajo de hace un par de semana. “Estamos dispuestos a dialogar en todas las mesas de negociación que haga falta, pero no hay nada menos democrático que decir sí cuando quieres decir no”.
En la misma línea, Garamendi ha emitido la siguiente estimación: “Haciendo un cálculo rápido, [la reducción de jornada propuesta] equivale a regalar casi 12 días de vacaciones pagadas por la empresa al año por decreto. Y, sin embargo, no hay ninguna sensibilidad con las empresas que, por ejemplo, contratan con la Administración. Las empresas hemos aguantado el tirón y nos merecemos un respeto”.
El nuevo borrador de Trabajo, al que ha tenido acceso EL PAÍS, amplía la capacidad de las empresas para redistribuir la jornada a lo largo del año que viene. Según establece el Estatuto de los Trabajadores con su redacción actual, los empleadores pueden distribuir parte de la jornada de manera irregular a lo largo del año. Si el convenio no establece un porcentaje al respecto, la ley fija un 10% del tiempo de trabajo. Lo que plantea ahora el ministerio es que esas horas ahora en vigor en cada empresa apliquen hasta el último día de 2025 “sobre la jornada anual que tuvieran en el momento de la entrada en vigor de esta norma”. Es decir, que aunque en 2025 la jornada sea inferior, el tiempo que se pueda distribuir de forma irregular sea similar al que ahora esté en aplicación.
Tras su discurso los periodistas han intentado que Garamendi dé su opinión sobre esta propuesta, pero no se ha pronunciado. Sí ha hecho una crítica a los sindicatos cuando se le ha preguntado por las palabras de este lunes de Unai Sordo, líder de CC OO, en las que reclamaba movilizaciones si no fructifica la reducción de jornada. Ha recordado que el pacto salarial que firmaron en 2023 representantes de trabajadores y empresarios era “a tres años, hasta 2025″ y que no se preveía una reducción de la jornada que “aumenta los costes salariales”.
Tanto CC OO, como UGT y Trabajo han moderado la urgencia que venían transmitiendo por aprobar el cambio en la jornada, dado que apenas queda cambio para que apliquen las 38,5 horas este año, como habían prometido PSOE y Sumar. Con la esperanza de un pacto en el que participe la patronal, ya apenas se reclama que la norma se pacte antes de agosto.
Crítica a los cambios respecto a las patronales autonómicas
En su intervención en la asamblea anual de la CEOE, Garamendi ha reivindicado a su organización como una de las más “capilarizan el territorio” en España. “Es emocionante ver cómo aunamos la voz de todos los que defendemos a las empresas. Es un orgullo dirigirme a vosotros unos días después de que se cumplan 47 años de la creación de CEOE”, ha dicho el presidente de la patronal, muy reivindicativo respecto al papel de su organización en el diálogo social: “Hacemos un mandato constitucional. Con ardor, trabajo y generosidad defendemos el interés de las empresas y trabajamos por el bien de España”.
Estas palabras conectan con el enfado de su organización por los cambios aprobados por el Gobierno respecto a la representatividad en el Consejo Económico y Social, que abren la puerta a que patronales autonómicas que compiten con CEOE entren en él. “Somos una parte de la mesa de diálogo. Somos el Gobierno, los sindicatos CC OO y UGT, CEOE y Cepyme. Nadie nos tiene que dar espacio”, ha insistido Garamendi, que también ha vuelto a la carga contra la aprobación de la prevalencia de los convenios autonómicos “sin pasar por el diálogo social”, una queja compartida por los sindicatos. El Ejecutivo pactó este cambio con el PNV a cambio de la investidura de Pedro Sánchez.
“Ahora que hay un récord de empleo”, ha añadido Garamendi, “el Ministerio de Trabajo saca pecho. Somos las empresas las que tenemos que hacerlo. Hemos seguido contratando pese a que los costes laborales y los precios han subido. Recordemos las subidas del salario mínimo que han presionado tantos convenios colectivos. Y han subido la cotizaciones sociales, con esa derrama que es el Mecanismo de Equidad Intergeneracional”. Ha insistido en su polémica propuesta de abril: “Para que se pueda entender mejor el coste real del empleo quizá deberíamos pagar todo el bruto de una nómina al trabajador y que esas cotizaciones las reclame la Seguridad Social. Para que la gente sepa cuál es el esfuerzo que hace la empresa”.
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