La debilidad política del alcalde de Sevilla impide que salga adelante la limitación de pisos turísticos
Toda la oposición vota en contra de una iniciativa que prohíbe las licencias en parte del centro histórico de la capital andaluza, establece controles en otras zonas menos saturadas y deja total libertad en 94 barrios
El Ayuntamiento de Sevilla quería ser el primero en hacer uso de la competencia municipal para limitar las viviendas de uso turístico (VUT), reconocida el pasado mes de febrero por el esperado decreto de la Junta de Andalucía que modificaba la regulación de este tipo de alojamientos, pero este jueves el alcalde, el popular José Luis Sanz, ha vuelto a constatar la debilidad de su gobierno en minoría y ha visto cómo la oposición en bloque tumbaba su propuesta para poner coto a la proliferación de estos pisos en la capital andaluza. PSOE, Vox y Con Podemos-IU han votado en contra por entender que la norma es insuficiente, no recoge las alegaciones de las asociaciones de vecinos y que el PP se opone a imponer una moratoria.
El 21 de marzo se aprobaba de manera preliminar en el pleno municipal la propuesta del PP de limitar el número máximo de VUT en aquellos barrios de la ciudad en el que estos alojamientos superaran el 10% del total de viviendas disponibles, un umbral que determinaba la división de la capital en tres sectores: uno, en el que se prohíbe su apertura -que incluye 11 barrios del centro histórico (Santa Cruz, Arenal, Alfalfa, San Bartolomé, Feria, Encarnación-Regina, Santa Catalina, San Lorenzo, San Gil y San Vicente) y el de Triana; un segundo donde el crecimiento estará controlado, porque la presión se encuentra entre el 5 y el 10% (San Julián, El Museo y San Bernardo); y un tercero donde no habrá límites y que abarca a los 94 barrios restantes.
Entonces el PSOE sí dio su asentimiento a esta propuesta, pero esta semana, la de su votación definitiva, su portavoz, el exalcalde Antonio Muñoz, anunció que votaría en contra porque no se habían incorporado las alegaciones que en estos meses habían presentado las 14 asociaciones vecinales y porque esperaban en este tiempo el texto se hubiera endurecido con disposiciones que sirvieran realmente para resolver el problema de la turistificación. Con Podemos-IU, que en mazo se abstuvo, ha calificado la iniciativa como una “chapuza legal” que no tiene en cuenta la presión real turística sobre los barrios, porque no se tiene en cuenta los pisos turísticos y las plazas hoteleras. Vox, que sí se opuso la vez anterior, ha insistido en que la medida “no evita que los grandes fondos de inversión sigan comprando edificios enteros para viviendas turísticas”.
La oposición ha reclamado también una moratoria mientras se redacta una ordenanza mucho más completa. Los grupos denuncian el efecto llamada que ha tenido el anuncio de limitación del alcalde y esgrimen los datos: “En junio del 23, 8.074 viviendas de uso turístico, en febrero del 24, 8.778 viviendas de uso turístico, en marzo del 24, 9.076 viviendas de uso turístico, en junio del 24, 9.318″, ha indicado el pleno el concejal socialista Francisco Páez. En la capital hay 9.384 VUT que ofrecen un total de 46.164 plazas, más del 50% de todas las plazas de alojamiento de la ciudad hispalense, a los que hay que sumar los 291 pisos turísticos que ofertan 8.780.
Las asociaciones vecinales también reclaman una moratoria o que se eliminen los candados en las rejas de las fachadas. El PP ha esgrimido que no incluyó las alegaciones de los vecinos por tratarse de cuestiones “de carácter técnico” y ha acusado al resto de formaciones municipales de “bloquear” las políticas del gobierno municipal.
La votación en contra de este jueves es un nuevo revés político para el alcalde popular que llega apenas un mes después de que perdiera la cuestión de confianza presentada, después de que todos los partidos echaran atrás sus cuentas para 2024.
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