La compra de la cotización de las becas costará entre 26 y 275 euros por mes

Desde este sábado todas aquellas personas que no cotizasen por sus periodos como becarios antes de 2024 pueden sumar esas etapas al cómputo de jubilación. Es decir, pueden comprar tiempo de cotización (hasta un máximo de cinco años) para que cuente en el cálculo. Pero se da una situación extraña. Aquellos que ...

Desde este sábado todas aquellas personas que no cotizasen por sus periodos como becarios antes de 2024 pueden sumar esas etapas al cómputo de jubilación. Es decir, pueden comprar tiempo de cotización (hasta un máximo de cinco años) para que cuente en el cálculo. Pero se da una situación extraña. Aquellos que lo hagan ahora pueden tener peores condiciones que los que esperen unos pocos días o semanas, el tiempo que tardará la Seguridad Social en aprobar la modificación de la orden ministerial tras la presión de los colectivos de científicos. El que compre hoy, con la normativa en la mano, tendría que pagar unos 290 euros por cada mes incorporado, mientras que aquellos que esperen a la nueva orden abonarán entre 26 euros y 275. Pero hay un matiz importante: el precio de 290 solo aplicará si la Seguridad Social resuelve la solicitud antes de que entre en vigor la nueva orden. Si la Administración tarda en resolver, aunque se pida este mismo sábado, aplicaría el nuevo rango, con lo que es previsible que el departamento que dirige Elma Saiz demore las resoluciones para que todos paguen la cifra rebajada.

Esta horquilla tan amplia se debe a que el precio depende del año en que se cursó la beca. Esta es una rectificación fundamental del Ministerio de Seguridad Social. Tanto los sindicatos como los colectivos de científicos criticaron que la base de cotización aplicable (que de momento está en vigor) fuera la de 2024, lo que situaba el precio en unos 290 euros. En la nueva orden ministerial, ya en audiencia pública y que sustituirá a la actual, se especifica que la base a tener en cuenta será la “vigente durante la realización de los periodos formativas o de prácticas certificados”. La propia orden incluye un anexo que detalla la base aplicable en cada año, a partir de las cuales se puede extraer el precio: 25,5 euros en 1979, 56,8 en 1985, 95,8 en 1995, 130,4 en 2005 o 164,9 en 2015. El precio pega un acelerón en 2019 (228,8) por el subidón del salario mínimo, a partir del cual se cual se establece esta base mínima. El último año, 2023, cuesta 274,6. Con ello, respecto a los 290 euros en que se calcula la base este 2024, los potenciales beneficiarios de esta medida podrían ahorrarse entre 15 y 164 euros mes.

“Las solicitudes presentadas entre el 1 de junio de 2024 y el día anterior a la entrada en vigor de esta orden, que no hayan sido resueltas a dicha fecha, se resolverán de conformidad con lo establecido en esta orden”, especifica el nuevo texto. Es decir, si la Seguridad Social no resuelve ninguna solicitud entre el 1 de junio y la aprobación de la nueva orden ministerial, todas tendrán el precio reducido. Tras la última reunión con la Seguridad Social, los propios sindicatos recomendaron a los interesados en comprar la cotización que esperen a que esté en vigor la nueva regla.

Aunque los científicos hayan monopolizado la conversación sobre esta medida en las últimas semanas, el nuevo derecho interpela a cualquier persona que haya hecho prácticas por las que no cotizó y que pueda probar documentalmente. Los expertos en la materia prevén que se incorporen pocos años recientes (los más caros), ya que lo normal es que un trabajador que hiciera prácticas en 2023 se acabe de incorporar al mercado laboral y vea la jubilación demasiado lejos. Es más previsible que lo hagan aquellos que cursaron sus prácticas en los ochenta, noventa o principios de los 2000, con posiciones más consolidadas o cerca de la jubilación.

Este cambio en el precio fue aplaudido por los dos grandes sindicatos y también por los principales colectivos de científicos. “Consideramos un acierto que la nueva orden tome como base de cotización del convenio especial la base mínima correspondiente al año de realización de la actividad y no la actual como establece la aprobada”, dijo el martes en un comunicado la Confederación de Sociedades Científicas de España (COSCE).

Este colectivo también celebró que con la nueva orden aquellos que rescataron dos años en 2011 (cuando se abrió un periodo parecido) podrán sumar otros cinco, así como la posibilidad de fraccionar el pago por el doble de tiempo del que se compre. Es decir, si se compra un año se podrá pagar en dos. “Se amplía hasta el 31 de diciembre de 2028 la fecha límite para poder suscribir el convenio especial”, especifica el texto acordado por sindicatos y Seguridad Social. En él, el ministerio reconoce que aborda estos cambios por las peticiones de revisión de “agentes sociales y de diferentes entidades representativas del colectivo afectado” por elementos que “se consideran excesivamente gravosos”.

Aunque las prácticas son habituales en muchos sectores, el que se revolvió fue el de los científicos porque en sus carreras laborales son habituales las becas de investigación por las que no cotizaron. Periodos, además, en los que es habitual que estuvieran empleados por la Administración pública. Con el planteamiento anterior del ministerio, el que está en vigor, un científico que quiera comprar una beca que cursó de 2000 a 2002 tendría que pagar unos 10.000 euros. Con la nueva orden, el precio quedará en unos 4.000.

Insuficiente para los científicos

El nuevo texto satisface buena parte de las reclamaciones de los investigadores, pero no todas, como expresaron en el comunicado del martes. La COSCE pone el foco en “la obligatoriedad de que las personas afectadas deban abonar también la parte de la cuota del empleador y que no puedan recuperarse más de cinco o siete años porque algunas de las personas afectadas trabajaron con becas por las que no cotizaron durante periodos de tiempo mucho más amplios”.

La orden ministerial ya no incorporará nuevos cambios, según fuentes de la negociación, lo que cierra la puerta a estas reclamaciones. La bonificación que reclaman reduciría aún más el precio, pero en el ministerio no se han planteado esta opción en ningún momento. Sentaría un precedente complejo, teniendo en cuenta el estrés al que están sometidas las cuentas de la Seguridad Social por la jubilación de la generación del baby boom. Ante la certeza de que la orden no atenderá esta petición, la presidenta de COSCE, Perla Wahnón, solicita “que haya mas dialogo con quien representa a los científicos”. Insiste en que seguirán reclamando cambios, mensaje en el que también incidieron la Asociación Española de Investigación sobre el Cáncer (ASEICA) y otras 13 asociaciones de investigadores en un comunicado difundido el miércoles.

En circunstancias normales, la parte empresarial de las cotizaciones es la más elevada, un 23,6% de la base reguladora (similar al salario bruto anual) por contingencias comunes, mientras que el trabajador abona otro 4,7%. Sin embargo, los convenios especiales (como el que se articula para esta compra de cotización) funcionan de otra forma: como se trata de una compra a posteriori, la Seguridad Social no diferencia por conceptos.

Todas cotizan desde el 1 de enero

Esta orden ministerial articula la compra de cotización de las prácticas no cotizadas antes de 2024, pero todas las desarrolladas desde el 1 de enero suman a la Seguridad Social sin que el estudiante deba abonar importe alguno. Las becas no remuneradas, tan a menudo un foco de precariedad y que a veces se cronifican durante años, ahora computan como tiempo trabajado de cara a la futura jubilación. La Seguridad Social bonifica el 95% de esa cotización, que ya ha beneficiado a más de 600.000 becarios. El 5% restante lo aporta el Ministerio de Educación en las prácticas de Formación Profesional y en las universitarias la empresa que acoge al estudiante o (lo más habitual) la universidad del alumno. Las prácticas remuneradas cotizan desde 2011.

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