Puente ordena una auditoría en Puertos del Estado y Adif para esclarecer la millonaria compra de mascarillas en 2020
Las empresas públicas fueron habilitadas a través de órdenes ministeriales firmadas en el inicio del estado de alarma
El caso Koldo ha puesto en entredicho los mecanismos de contratación de dos empresas del perímetro del Ministerio de Transportes: Puertos del Estado y Adif. Por ello, el ministro Óscar Puente ha ordenado esta mañana, de puertas adentro, que se arroje luz sobre el caso de las mascarillas. Ambas compañías públicas serán sometidas a una auditoría interna para determinar los detalles de la compra de este material sanitar...
El caso Koldo ha puesto en entredicho los mecanismos de contratación de dos empresas del perímetro del Ministerio de Transportes: Puertos del Estado y Adif. Por ello, el ministro Óscar Puente ha ordenado esta mañana, de puertas adentro, que se arroje luz sobre el caso de las mascarillas. Ambas compañías públicas serán sometidas a una auditoría interna para determinar los detalles de la compra de este material sanitario durante 2020.
El ente Puertos del Estado fue habilitado para hacerse con ocho millones de mascarillas en los primeros días del estado de alarma motivado por la pandemia, activado el 14 de marzo de ese 2020. Fue a través de una orden ministerial firmada el 20 de marzo al amparo del levantamiento de buena parte de los filtros que rigen la contratación pública por una cuestión de emergencia. En cuanto al administrador de la infraestructura ferroviaria, el ministerio que entonces lideraba José Luis Ábalos dio permiso para la adquisición de otros cinco millones de mascarillas con la firma de una segunda orden ministerial el 26 de marzo.
Puente, explican fuentes del Ministerio de Transportes, pretende que se conozcan los detalles que rodearon esas contrataciones con fondos públicos. Puertos del Estado y Adif fueron utilizadas como vehículos para el pedido centralizado de este material, entonces escaso, por parte de la Administración Central. Y ahora se investiga si Koldo García, asesor de la máxima confianza de Ábalos, estuvo involucrado en un fraude relacionado con esos pedidos.
Acta del ex ministro
La Comisión Ejecutiva Federal del PSOE ha demandado este lunes al exministro de Transportes y diputado socialista José Luis Ábalos que entregue su acta de diputado en un máximo de 24 horas, al entender que existe una responsabilidad política por parte del político valenciano. El partido socialista también va a registrar una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados sobre las compras de mascarillas promovidas desde Puertos del Estado y Adif.
La denominada Operación Delorme persigue una supuesta trama de adjudicación de contratos por un total de 53 millones a empresas amigas. Las pesquisas de la Fiscalía Anticorrupción comenzaron a raíz de una denuncia presentada en octubre de 2022 por Alfonso Serrano, diputado del PP en la Asamblea de Madrid. La Unidad Central Operativa de la Guardia Civil (UCO) realizó la semana pasada una veintena de detenciones, entre ellas la de Koldo García, a quien se otorga el papel de mediador o conseguidor de nueve contratos.
Las citadas órdenes ministeriales firmadas por Ábalos argumentaban “la necesidad de articular un procedimiento ágil y eficaz para adquirir las mascarillas a nivel centralizado en el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana”. Las contrataciones se producirían de forma directa y por el trámite de emergencia, siendo los destinatarios de las mascarillas los trabajadores del transporte público de viajeros y de mercancías.
Las compras se realizaron en cuestión de semanas. El departamento de la obra pública reconoció que en la primera semana contaba con 1,2 millones de mascarillas; en abril de 2020, Puertos y Adif ya habían hecho llegar al aeropuerto madrileño de Barajas hasta siete millones de mascarillas, y en agosto de ese año, Puertos del Estado había ejecutado la encomienda “para realizar diversas compras de mascarillas de tipo FFP2, que se han repartido entre los trabajadores del sector público en el ámbito del transporte de competencia estatal, entidades y empresas del Grupo Mitma, y entre los miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad”. Parte de los lotes también fueron repartidos, según señaló entonces Transportes, entre las 28 autoridades portuarias, además de llegar a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, Correos, servicios de taxi y VTC y transporte sanitario.
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