Varapalo del Constitucional a la coalición de Scholz: reasignar 60.000 millones de la pandemia al fondo para el clima es ilegal

La justicia alemana ha propinado al Gobierno de Olaf Scholz el que quizá sea el golpe más complicado de digerir en sus casi dos años de legislatura. El Tribunal Constitucional ha determinado que reasignar 60.000 millones de euros de deuda no utilizada durante la pandemia de coronavirus a un fondo para el clima es ilegal. La coalición se enfrenta ahora a un problema de complicada solución, porque ese dinero, muy necesario para los pr...

La justicia alemana ha propinado al Gobierno de Olaf Scholz el que quizá sea el golpe más complicado de digerir en sus casi dos años de legislatura. El Tribunal Constitucional ha determinado que reasignar 60.000 millones de euros de deuda no utilizada durante la pandemia de coronavirus a un fondo para el clima es ilegal. La coalición se enfrenta ahora a un problema de complicada solución, porque ese dinero, muy necesario para los proyectos de independencia energética que tiene en marcha Alemania, tendrá que salir de otro sitio y con la vuelta del freno de la deuda apenas hay margen.

Había gran expectación por conocer la sentencia del tribunal de Karlsruhe, que supone un éxito mayúsculo para la oposición democristiana. Fue el grupo parlamentario de la CDU y su partido hermano bávaro CSU el que llevó el asunto al Constitucional por considerar que el Gobierno federal debía justificar mejor el traslado de los fondos. Los tiempos no podían ser peores para Scholz y sus socios y mejores para el líder de la oposición, Friedrich Merz: estos días se discute en el Bundestag el presupuesto federal para 2024, que debería aprobarse el 1 de diciembre. Las cuentas públicas han sido motivo de disputas entre los miembros del tripartito y el varapalo del Constitucional solo puede agravar la situación.

El Gobierno de coalición se enfrenta por tanto a un enorme problema de financiación en la lucha contra la crisis climática al perder de un plumazo 60.000 millones de euros. Apenas unas horas después de conocerse la sentencia los tres pesos pesados del Ejecutivo —el canciller, Olaf Scholz; el ministro de Finanzas, el liberal Christian Lindner, y el ministro de Economía, el verde Robert Habeck— salieron juntos a hacer declaraciones ante la prensa. Scholz dijo que la sentencia será “observada con cuidado” y sus consecuencias evaluadas en el Bundestag. Añadió que no cree que el presupuesto de 2024 se vea afectado por el fallo y que por tanto se respetará el calendario de votación.

Los jueces de Karlsruhe han dictaminado que el Gobierno federal no puede utilizar los fondos destinados a combatir la crisis del coronavirus para la protección del clima. El máximo tribunal alemán asegura que la enmienda al presupuesto de 2021 es inconstitucional y que pone en tela de juicio la eficacia del freno de la deuda, aseguró Doris König, vicepresidenta del tribunal, durante la lectura pública del fallo. Es la primera vez que Karlsruhe se pronuncia sobre el freno de la deuda, el límite al endeudamiento que consagra la Constitución alemana y que estuvo suspendido durante la pandemia.

La sentencia señala que el legislador tiene margen de maniobra para hacer frente a situaciones de emergencia, como lo fue la pandemia, por lo que pudo contraer deuda en 2021 como una excepción a la regla. Pero el tribunal cree que debería haber justificado mejor por qué los fondos se reasignaron a la protección del clima en fecha posterior. El Gobierno de coalición de socialdemócratas, verdes y liberales decidió en 2022, por tanto, con carácter retroactivo, destinar los 60.000 millones al llamado Fondo para el Clima y la Transformación. El Bundestag lo aprobó gracias a la mayoría que tienen los tres partidos.

El Gobierno explicó en su momento que la economía alemana se había debilitado como consecuencia de la pandemia y que era necesario incentivar la inversión privada. Con la reasignación de los fondos se pretendía mejorar la fiabilidad de las inversiones. Además, el dinero es “absolutamente necesario” para modernizar la economía y que siga siendo competitiva, aseguró la copresidenta de Los Verdes, Ricarda Lang, antes de conocerse el fallo.

El fondo sufraga inversiones públicas fundamentales para reducir las emisiones de carbono en la mayor economía de Europa, desde mejorar el aislamiento de los hogares a instalar puntos de recarga para vehículos eléctricos, pasando por la extensión de las energías renovables que permitan a Alemania dejar de depender del gas extranjero. El Gobierno deberá ahora llenar ese agujero de 60.000 millones. De 2024 a 2027 estaba previsto emplear 212.000 millones de euros del fondo en distintos proyectos, que ahora tienen que revisarse. Con el fondo del clima se sufragan también las inversiones en las fábricas de semiconductores de Intel y TSMC, o la modernización de la red de Deutsche Bahn, los ferrocarriles alemanes.

“Eludir el freno de la deuda será considerablemente más difícil a largo plazo”, aseguró el economista Clemens Fuest, presidente del Instituto IFO de Múnich. “El Gobierno federal puede intentar ahora declarar una emergencia para 2023 o 2024, pero esto también podría fracasar ante el Tribunal Constitucional. De lo contrario, las únicas opciones son recortar el gasto o subir los impuestos”, añadió en su cuenta de X (antes Twitter).

Para Marcel Fratzscher, presidente del instituto de investigación económica DIW Berlin, la decisión del tribunal “es positiva y debería desencadenar una reforma urgentemente necesaria del freno de deuda”. En su opinión este “ya no sirve porque priva a los políticos del margen de maniobra que necesitan para combatir las crisis e invertir en el futuro”. “Ahora es más urgente que nunca que el Gobierno alemán lance una ofensiva de inversiones para el futuro: en educación, protección del clima, innovación e infraestructuras”, añadió en un comunicado.

El Constitucional había dado luz verde inicialmente a la reasignación de fondos. En una decisión urgente de noviembre de 2022, el tribunal decidió no paralizar el cambio para evitar perjuicios a los consumidores. La razón esgrimida era que si impedía el cambio, las consecuencias podían ser muy lesivas para los hogares, por ejemplo en forma de grandes incrementos del precio de la electricidad.

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