El ‘Dedómetro’: el 60% de los máximos ejecutivos de empresas públicas madrileñas y valencianas suspenden en mérito y capacidad

Las empresas públicas son, además de un ente de interés general, una oportunidad para que los cargos políticos repartan carteras y, de paso, devuelvan algunos favores. Esto resulta en que la mayoría de los perfiles de los máximos responsables de estas instituciones, que gestionan millones de euros, no tengan un currículum a la altura —ni por formación, ni por experiencia— y que estén en muchas ocasiones excesivamente politizados. En concreto, según la investigación El Dedómetro, de la fundación Hay Derecho, el 60% de los máximos responsables de las empresas públicas madrileñas y valenci...

Las empresas públicas son, además de un ente de interés general, una oportunidad para que los cargos políticos repartan carteras y, de paso, devuelvan algunos favores. Esto resulta en que la mayoría de los perfiles de los máximos responsables de estas instituciones, que gestionan millones de euros, no tengan un currículum a la altura —ni por formación, ni por experiencia— y que estén en muchas ocasiones excesivamente politizados. En concreto, según la investigación El Dedómetro, de la fundación Hay Derecho, el 60% de los máximos responsables de las empresas públicas madrileñas y valencianas suspenden en mérito y capacidad. “En el sector privado, nadie pensaría en seleccionar así a los máximos directivos, sin embargo, con las entidades públicas se hace”, ha denunciado Elisa de la Nuez, secretaria general de la fundación, en la presentación del informe este martes en Madrid.

La investigación, realizada a 101 máximos responsables de 43 empresas públicas de la Comunidad Valencia y de la Comunidad de Madrid, resalta el hecho de que no exista un proceso de selección objetivo, transparente y con concurrencia para elegir estos perfiles, a pesar de que los directivos gestionan presupuestos medios de 184 millones de euros y cuentan con salarios de hasta 220.000 euros anuales, como en el caso de Canal Extensia, una de las sociedades que gestiona el Canal de Isabel II de Madrid. Para la directora general de Hay Derecho, Safira Cantos, las empresas públicas se convierten así “en un espacio en el que se expulsa el mejor talento” y que responde “a correas de transmisión” de favores.

Además, advierte el informe, las entidades también suspenden con sus deberes de transparencia, que incluyen indicar la formación, experiencia y remuneración de sus máximos directivos: casi ocho de cada 10 empresas públicas madrileñas no publica —o lo hace de manera incompleta— los currículos de sus dirigentes, y prácticamente la mitad de las valencianas no muestra sus salarios.

El estudio se basa en cuatro parámetros: la independencia —relación histórica con partidos políticos—, la formación, la experiencia profesional —general, en la materia y en gestión— y la permanencia en el puesto, que suele ser muy baja y que responde, en muchos casos, a ciclos electorales o cuestiones internas de los partidos que están en el Gobierno.

Rotación

Una de las conclusiones —todavía preliminar, según ha indicado la secretaria general— es que el nivel de los directivos valencianos y madrileños —y de forma más acusada en estos últimos— sube cuando el partido en el Gobierno no ha podido gobernar con mayoría absoluta, y ha tenido que acudir a coaliciones, o al apoyo de otras formaciones, como ocurrió con el Partido Popular y Ciudadanos en el caso de la Comunidad de Madrid. De la Nuez ha resaltado que este fenómeno “tiene un cierto sentido, porque los partidos han tenido que negociar para seleccionar a los directivos”. Recuperada la mayoría en Madrid, señala el estudio, los méritos de sus directivos volvieron a bajar.

La rotación o permanencia en el puesto es uno de los parámetros que peor evoluciona, además del de relaciones políticas. Rafael Rivera, el responsable de datos de la investigación, ha usado como ejemplo el Consorcio Regional de Transportes Públicos Regulares de Madrid, que gestiona la planificación de la infraestructura y los servicios vinculados con el transporte de viajeros de la región y donde “llama la atención la tremenda rotación”. La empresa ha tenido siete máximos responsables en 10 años. Esto, en una compañía pública que gestiona más de 2.000 millones de euros, ha indicado Rivera, “imposibilita que se puedan poner en marcha políticas con cierta cabeza”.

A la alta rotación se le suma que los directivos que van entrando y saliendo tienen, en demasiadas ocasiones, poca o nula experiencia y una formación que no se adecúa a la institución que pretenden dirigir. “La curva de aprendizaje la hacen a costa del contribuyente”, ha señalado De la Nuez. El informe resalta, como ejemplo de este fenómeno, el caso de Anaïs Menguzzato, máxima directiva de Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana, que es diplomada en Trabajo Social, “una titulación con escasa relación con la actividad a la que se dedica la entidad”. Menguzzato tiene 20 años de experiencia laboral, “ninguno contabilizarse como vinculado a la materia o como experiencia de gestión”, indican desde Hay Derecho. Además, señalan los numerosos cargos políticos de su curriculum. Esto tiene un “alto coste de oportunidad”, ha advertido De la Nuez.

Y esta tendencia, advierten desde la fundación sin ánimo de lucro que promueve la regeneración institucional, no es exclusiva de las comunidades autónomas. Con las elecciones legislativas a la vuelta de la esquina, “todos los directivos de las empresas estatales estarán pensando que si hay un cambio de Gobierno se irán a la calle”, ha advertido De la Nuez, que ha lamentado que no haya “ningún tipo de conciencia política ni ciudadana de que se necesitan gestores profesionales” en las empresas públicas.

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