La secretaria de Estado de Transportes y el presidente de Renfe dimiten por el escándalo en los trenes de Asturias y Cantabria

El presidente de Renfe, Isaías Táboas, y la secretaria de Estado de Transportes y expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, han presentado este lunes su dimisión a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, por la crisis desatada por el contrato de 31 trenes para la vía de ancho métrico (la antigua FEVE) ...

El presidente de Renfe, Isaías Táboas, y la secretaria de Estado de Transportes y expresidenta de Adif, Isabel Pardo de Vera, han presentado este lunes su dimisión a la ministra de Transportes, Raquel Sánchez, por la crisis desatada por el contrato de 31 trenes para la vía de ancho métrico (la antigua FEVE) destinados a la red de Cercanías de Cantabria y Asturias, pero cuya entrega se ha retrasado porque su diseño no respondía al tamaño real de los túneles. La renuncia de ambos cargos, que ha sido aceptada por la titular del departamento de Transportes, se produce tras la revelación periodística el pasado 25 de enero de que la licitación de los trenes, finalmente adjudicados por Renfe en el verano de 2020 a la empresa vasca CAF por 258 millones de euros, no contenía las especificaciones correctas de las dimensiones por lo que, de haberse fabricado, los convoyes no hubieran cabido por los túneles más antiguos de la red de vía estrecha.

Tras destaparse el escándalo, el Ministerio de Transportes abrió una investigación para dilucidar las responsabilidades y cesó preventivamente (en realidad, solo les apartó de sus funciones) a dos cargos técnicos medios de Renfe y Adif. David Lucas, quien fue alcalde de Móstoles entre 2015 y 2018 y que hasta ahora ha sido secretario general de Vivienda del Ministerio, será el nuevo secretario de Estado de Transportes, mientras que Raül Blanco, hasta el pasado mes de diciembre secretario general de Industria y Pyme del Ministerio de Industria cuando fue cesado por la ministra Reyes Maroto por el retraso del PERTE del coche eléctrico, presidirá Renfe. Los nombramientos serán aprobados por el Consejo de Ministros este martes.

La investigación abierta y los ceses previos de dos cargos intermedios (el jefe de Inspección y Tecnología de Vía de Adif y el responsable de Gestión de Material de Renfe), no han bastado para calmar la tormenta política desatada por el caso, y la ministra de Transportes ha cedido a las presiones y ha provocado la dimisión de los dos máximos altos cargos dependientes de su Ministerio que, tras ella misma, eran conocedores del error y lo ocultaron a la opinión pública durante dos años. La dimisión de la ministra se descartó porque, según fuentes oficiales, se enteró de la “chapuza” al mismo tiempo que la opinión pública.

No en vano, las dimisiones se han producido apenas unas horas antes de la reunión de la titular de Transportes con los presidentes de Cantabria y Asturias, Miguel Ángel Revilla y Adrián Barbón, respectivamente. Ambos responsables, además de exigir que se acelere la construcción de los trenes, han pedido en Madrid explicaciones al ministerio por las causas que llevaron a silenciar esta anomalía desde que en marzo de 2021 CAF alertó a Renfe y, posteriormente, a Adif (entonces presidida por Pardo de Vera) del error en el proyecto que hacía inviable la fabricación de los trenes en los plazos previstos (a partir de 2024), puesto que antes debía ser reformado su diseño.

Precisamente, el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana (Mitma) acaba de aprobar una orden, publicada el sábado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), para concretar la norma que permitirá la aplicación del llamado método comparativo en el diseño y fabricación de los nuevos de trenes de ancho métrico para las redes de Cercanías de varias comunidades del norte de España (País Vasco, Galicia, Castilla y León, Asturias y Cantabria), aunque las más afectadas son las dos últimas, puesto que tienen la red viaria más antigua, incluso del siglo XIX. Este método comparativo consiste simplemente en diseñar la sección de los nuevos trenes a partir de las medidas de los modelos que actualmente circulan por la red, de forma que no haya posibilidad de error, y se reduzca la demora de la fabricación de los nuevos convoyes lo máximo posible. Se estima que los primeros trenes no estarán listos hasta 2026, por esta anomalía, con dos años de retraso sobre los planes iniciales.

Gratuidad hasta 2026 para compensar el fiasco

La ministra ha recogido el guante de las exigencias de los presidentes regionales y ha anunciado este lunes que los servicios de Cercanías en Asturias y Cantabria prorrogarán su gratuidad hasta la entrega de los trenes, prevista para 2026. El Gobierno aprobó los bonos gratuitos para los servicios de Cercanías de toda España hasta finales de 2023. La excepción cántabra y asturiana abrirá a buen seguro una guerra de reivindicaciones de otras comunidades para exigir el mismo trato, incluso algunas apuntan a un recurso ante el Tribunal Constitucional si no se equipara la medida, informaron a este diario fuentes de las administraciones regionales. Además, el Ministerio de Transportes se ha comprometido a aumentar en siete trenes el pedido original de 31 unidades para Asturias y Cantabria, como compensación añadida por el retraso. Para controlar todo el proceso, el Ministerio nombrará un comisionado que vigilará el cumplimiento del nuevo plan.

Barbón, el jefe del Ejecutivo autonómico asturiano, ha explicado en la rueda de prensa conjunta con la ministra que el objetivo del nuevo comisionado será que haya un “hilo directo” con las dos regiones para hacer un seguimiento del documento que han firmado y al que se le podrá exigir responsabilidades en el futuro ante cualquier nueva irregularidad. “El servicio de Renfe y Feve será gratuito para cántabros y asturianos hasta el momento en que se entreguen los trenes previstos en el actual contrato, es decir, los 38 y, además, no hay que esperar a que vengan todos de golpe”, ha aseverado. Por su parte, el presidente cántabro Revilla, aunmque se ha mostrado satisfecho con la extensión de la gratuidad del servicio y el compromiso de que los trenes estarán en funcionamiento en los primeros meses de 2026, no ahorró calificativos ni improperios en la rueda de prensa delante de la ministra: “Una chapuza de este calibre no lo había visto yo en 40 años. Cuando me dieron la noticia no daba crédito. No es admisible en un Gobierno de la Unión Europea y ni siquiera lo es a niveles de junta vecinal”, dijo.

Nueva norma

El revuelo mediático protagonizado por el presidente asturiano, el socialista Barbón, y, sobre todo, por el regionalista Revilla, en plena precampaña electoral para los comicios autonómicos de mayo, ha precipitado la cadena de dimisiones forzadas sin esperar a que se resuelva la investigación abierta. Esa auditoría deberá dilucidar el organismo responsable del desaguisado de los trenes y los gálibos, que la prensa regional ha bautizado como Fevemocho.

Hasta el momento, no existía una norma clara para detallar las medidas de los trenes en las vías de los antiguos Ferrocarriles Españoles de Vía Estrecha (Feve). Y se apuntan a tres posibles culpables: la Agencia Estatal de Seguridad Ferroviaria (AESF), dependiente del Ministerio de Transportes, que no detallaba los túneles más antiguos en la llamada Instrucción de Gálibos de 2015 (orden FOM/1630/2015), en la que se supone que debería describirse el estado de toda la red, incluida la de ancho métrico; Adif que, como gestor de las infraestructuras, debe publicar cada año la llamada Declaración de Red informando del estado de las vías y los túneles; y Renfe, que en la licitación de los trenes que adjudicó a CAF no recogió las medidas reales de los trenes.

El Ministerio de Transportes emitió a primera hora de esta tarde una nota en la que comunicaba que la ministra Raquel Sánchez había aceptado esta mañana las dimisiones de Táboas y Pardo de Vera, y ha inscrito el relevo en un proceso para permitir “poner en marcha un cambio con el que el ministerio quiere comenzar una nueva etapa tanto en la Secretaría de Estado de Mitma [el ministerio] como en el operador ferroviario”. Poco después, la ministra Sánchez, en rueda de prensa, justificó las dimisiones de los dos altos cargos no por el fallo en sí que se cometió en la licitación, sino por la “demora injustificable” de la comunicación del error para su posible solución, pero volvió a insistir en que la rectificación no supondrá un gasto para los contribuyentes porque ningún tren se ha fabricado aún.

Sánchez admitió que la cadena de errores supondrá una demora en la entrega de los trenes de al menos dos años (de 2024 a 2026), y defendió la solución adoptada por el ministerio de aprobar la norma de acuerdo a los parámetros de la UE para “hacer los trenes a medida como cuando se encarga un traje a un sastre”. “Se produjo un error, que se detectó en febrero de 2021 y se ha tardado mucho tiempo en corregirlo, un tiempo inasumible. Yo tuve conocimiento poco antes de que lo conociese la opinión pública y me trasladé al día siguiente a Cantabria a dar la cara y pedir disculpas”, admitió Sánchez en presencia de los dos presidentes regionales. Y agregó: “Dije que se iba a recabar toda la información para esclarecer los hechos y así se ha hecho. La política implica asumir responsabilidades y con estas dimisiones se asumen esas responsabilidades”.

Las dimisiones por el fiasco del Fevemocho contrastan con la ausencia de petición de responsabilidades por parte de la ministra de otras graves incidencias que afectan a su departamento en el tranporte ferroviario, como la ocurrida el pasado mes de agosto de 2022 con un tren que cubría la ruta València-Zaragoza y que dejó una veintena de heridos al intentar huir del convoy cuando este se detuvo ante la cercanía de las llamas del incendio de Bejís, sin que los servicios de Emergencias de la Generalitat valenciana, presidida por el socialista Ximo Puig, alertaran del peligro que pudo causar una tragedia. El Ministerio tampoco ha dado ninguna explicación de las múltiples incidencias y aglomeraciones que se han producido en los últimos meses en las Cercanías de Madrid, por averías achacables tanto a Renfe como Adif, pese a la exigencia de la presidenta de la Comunidad madrileña, Isabel Díaz Ayuso, para que se ponga remedio a estos incidentes.

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