El Gobierno promete aplicar en agosto la ‘ley antipérdidas’ para evitar la huelga de los transportistas

El Gobierno ha prometido aprobar antes del 2 de agosto un nuevo real decreto ley que contendrá la normativa para aplicar a los transportistas los mismos principios que rigen la ley de la cadena alimentaria y garantizar que no trabajan por debajo de costes, es decir, con pérdidas. Así lo ha anunciado este jueves la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en una rueda de prensa, en la que ha explicado también que el Ejecutivo aprobará otro paquete de ayudas directas al sector por valor de 450 millones de euros.

De esta forma, y aunque la ministra no la ha citad...

El Gobierno ha prometido aprobar antes del 2 de agosto un nuevo real decreto ley que contendrá la normativa para aplicar a los transportistas los mismos principios que rigen la ley de la cadena alimentaria y garantizar que no trabajan por debajo de costes, es decir, con pérdidas. Así lo ha anunciado este jueves la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, en una rueda de prensa, en la que ha explicado también que el Ejecutivo aprobará otro paquete de ayudas directas al sector por valor de 450 millones de euros.

De esta forma, y aunque la ministra no la ha citado expresamente, el Gobierno trata de desactivar la huelga con la que amenazaba la Plataforma para la Defensa del Transporte de Mercancías, que agrupa a conductores autónomos y camioneros con pequeñas flotas, y cuya principal reivindicación era precisamente que el Ejecutivo aprobara por vía de urgencia un decreto para impedir que los empresarios les impusieran portes por debajo de costes.

El nuevo texto legal recogerá disposiciones para asegurar que el precio del transporte sea igual o superior a los costes incurridos por el transportista, en aquellos supuestos en los que actualmente se producen los mayores desequilibrios en esta materia. Asimismo, exigirá como pedía la Plataforma que los contratos sean por escrito y aplicará limitaciones a la subcontratación en el sector

En cuanto al nuevo paquete de medidas de 450 millones de euros, se trata de una réplica de las ayudas que fueron aprobadas a finales de marzo, con pagos directos de 1.200 euros por camión, 950 euros por autobús, 500 euros por furgoneta y 300 euros para ambulancias, taxis y vehículos de alquiler con conductor (VTC).

Tramitación “urgente”

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha señalado que de esta forma se cumplen los compromisos con el transporte de mercancías “para garantizar que los transportistas puedan trabajar por un precio justo”. “Coincidimos con el sector en que esta medida no puede esperar y les anuncio que vamos a tramitarla de forma urgente en forma de Real Decreto-ley para su próxima aprobación en Consejo de Ministros antes del 2 de agosto”, ha explicado Sánchez en rueda de prensa tras la reunión celebrada con la Comité Nacional de Transporte por Carretera (CNTC), el organismo que representa a las asociaciones mayoritarias del sector, y en el que no está presente la Plataforma.

La Plataforma es la organización que convocó los paros del transporte de mercancías del pasado mes de marzo, que se mantuvieron durante 20 días y provocaron problemas en las cadenas de suministro. La amenaza velada de una nueva huelga de transportistas alimentada por esta organización había levantado la alarma en la industria alimentaria y de distribución, alertando de que si los camioneros volvían a parar se dispararían aún más los precios, habría problemas de desabastecimiento y se tardarán semanas en recuperar la normalidad.

Por eso, la CNTC, pese a no apoyar los paros, solicitó al Ministerio acelerar la aprobación y entrada en vigor de las medidas ante el deterioro de la situación y el alza de los costes por el incremento del precio del combustible.

“El Gobierno expresa de nuevo su compromiso con un sector esencial, adoptando nuevas medidas estructurales para garantizar su sostenibilidad y corregir las asimetrías existentes, y con medidas coyunturales relacionadas con la situación derivada de la guerra en Ucrania y sus efectos en el sector del transporte”, ha explicado la ministra.

“En este escenario, entendemos necesario seguir adoptando medidas para proteger a la ciudadanía y a nuestras empresas. Porque momentos excepcionales como los que vivimos exigen medidas excepcionales que combatan la subida de precios, reduzcan nuestra dependencia energética, faciliten la transición ecológica y protejan a las clases medias y trabajadoras”, ha defendido Sánchez.

Ayudas directas al sector

En paralelo a las medidas estructurales, el Real Decreto-ley habilita una nueva convocatoria de ayudas directas para las empresas de transporte, en línea con las recogidas en el Real Decreto-ley de 29 de marzo pasdo. Así, se aprobará el citado crédito de unos 450 millones de euros para ayudar al sector a paliar los efectos negativos de la crisis energética debido a su alta dependencia del precio del combustible. La primera edición recibió 140.000 solicitudes de ayuda.

Asimismo, se introducirá una habilitación para que todas aquellas administraciones que así lo deseen, para garantizar la prestación de los servicios de transporte, puedan realizar un reequilibrio de sus contratos de transporte por autobús para poder compensar los costes extraordinarios que la subida del precio del combustible ha originado en estos contratos, aplicable tanto aquéllos que presten servicio de transporte colectivo urbano o interurbano como a los relacionados con el transporte de uso escolar o transporte sanitario.

En el caso del ámbito competencial del Ministerio, se habilitará también una metodología y partida específica para realizar este reequilibrio durante el primer semestre de este año, así como una previsión de un nuevo reequilibrio si la situación de precios de combustible se mantiene en el segundo semestre.

El nuevo paquete de ayudas directas al sector, incluido en el Real Decreto-ley de apoyo al transporte que busca garantizar un precio justo, se suma a las medidas ya recogidas en el Real Decreto del pasado 1 de marzo y que destinaron 1.000 millones de euros para esta actividad estratégica, incluyendo la ayuda directa de 20 céntimos por litro de gasolina, que se ha ampliado hasta el 31 de diciembre, para mitigar de forma inmediata la subida del precio de los combustibles.