Así se salvó el grupo Siro: un minibús, sándwiches de máquina y mucho teléfono

Jueves 9 de junio por la noche. No quedan sándwiches en las saqueadas máquinas de vending de un enorme edificio del Paseo de la Castellana de Madrid. La tensión gobierna en el Ministerio de Industria, donde su titular, Reyes Maroto, negocia con los representantes del Grupo Siro llegados en minibús y el inversor del que depende que esta galletera no cierre. Maroto media entre las ofertas de la compañía, que llegan por teléfono, y las demandas sindicales, sobre quienes pesa el futuro de 1.700 empleados. Los recesos para debatir se digieren con café hasta que, hacia las tres y media de la ...

Jueves 9 de junio por la noche. No quedan sándwiches en las saqueadas máquinas de vending de un enorme edificio del Paseo de la Castellana de Madrid. La tensión gobierna en el Ministerio de Industria, donde su titular, Reyes Maroto, negocia con los representantes del Grupo Siro llegados en minibús y el inversor del que depende que esta galletera no cierre. Maroto media entre las ofertas de la compañía, que llegan por teléfono, y las demandas sindicales, sobre quienes pesa el futuro de 1.700 empleados. Los recesos para debatir se digieren con café hasta que, hacia las tres y media de la madrugada, aparece el ansiado “principio de acuerdo”. Por fin, luz tras semanas de temor a un desenlace mortal para Castilla y León, donde Siro conservará sus cuatro fábricas.

El plácet permitió que los enviados a sede ministerial regresaran de noche a Venta de Baños y Aguilar de Campóo (Palencia) y Toro (Zamora), donde se ubican las instalaciones en riesgo. El viernes, entre ojeras y sonrisas de satisfacción, explicaron a los comités que la supervivencia consistía en un plan de competitividad con condiciones ventajosas. La estadounidense Davidson Kempner y la turca Afendis exigían ese plan para mantener Cerealto Siro y ni clausurar las plantas ni trasladar a las 200 personas de Venta de Baños, como inicialmente pensaban. Esta fábrica ha marcado las diferencias entre las partes porque las inversoras la acusaron de una menor productividad y alto ausentismo, algo desmentido por el sindicato mayoritario UGT.

El sábado se votarían estas medidas y, horas antes, las inversoras presionaron. “Esta oferta revisada representa una inversión adicional de más de 12 millones de euros”, y avisaron que “han agotado su capacidad de realizar mejoras adicionales”. Su “mejor y última oferta”, de 100 millones de euros en cinco años, suponía una “oportunidad de futuro industrial y laboral sostenible” que fue respaldada por las asambleas. Tampoco había alternativa. Reyes Maroto acudió a las tres localidades afectadas para detallar las claves del pacto, atender a la plantilla y constatar que de los 872 votantes solo 93 se negaron. Cientos de familias suspiraron y el desahogo se extendió por Castilla y León, comunidad escasa de buenas noticias sobre la industria.

Este lunes se han precisado los ejes del acuerdo, que Maroto ha presentado como “ejemplo de apuesta por las oportunidades y el futuro de la España rural” que permite “recuperar poder adquisitivo de los salarios” e incrementar la capacidad económica de los empleados. Asimismo, ha valorado que la fábrica de Venta de Baños, amenazada de cierre, seguirá dos años más y que “la nueva propiedad en colaboración con el Gobierno conformará un grupo de trabajo para buscar inversores que den un futuro a la planta”. Al ministerio han acudido el presidente de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco (PP), y los alcaldes de los municipios involucrados (PSOE y PP), que han expresado a EL PAÍS su satisfacción por el resultado ante una quiebra que sería “desastrosa”.

Nervios y acusaciones

Los acontecimientos de los últimos meses han desembocado en una última semana frenética de nervios y acusaciones. La encargada de Industria de UGT Castilla y León, Sandra Vega, presenta un “inicio del conflicto duro”, cuando hace meses el equipo asesor de Siro —”de lo más agresivo que he visto”— exponía condiciones inviables y, cuando los comités buscaron alternativas, rompió negociaciones. Las últimas semanas, con parones de producción para no incrementar la deuda e impagos a los trabajadores, trasladaron el tema a las instituciones. La Junta, mediante el consejero de Economía, Carlos Fernández Carriedo, ofreció el apoyo de la fundación autonómica Anclaje, idea desestimada “porque no había tiempo”.

El miércoles pasado se citó en las Cortes (Valladolid) a los alcaldes implicados y los presidentes de comités y se emplazó al jueves para debatir en la consejería, pero el jueves temprano llegó la llamada del ministerio, rememora Vega: el inversor había enviado una propuesta. El Gobierno fletaba un minibús a Madrid y la comitiva dudó, pues la regidora de Aguilar, María José Ortega (PP), aseguraba que el presidente autonómico asistiría a la reunión junto a Carriedo y al presidente de Siro, Juan Manuel González Serna. Vega censura que ninguno de ambos estaba físicamente y que al aparecer Serna este admitió que la oferta procedía de Industria. “Fuimos a Madrid zumbando”, destaca la sindicalista.

Carriedo sostiene que el papel de la Junta ha permitido que, pese a años de turbulencias, “Siro haya llegado hasta aquí” y ensalza la “interlocución” con la empresa y los trabajadores en busca de remedios. El consejero afirma que el jueves el grupo inversor también les habló de una oferta “pero que iba a ser transmitida en el ministerio” y que “es menos importante el cómo que el hecho de salvar empleos”, algo para lo que “han contribuido todas las administraciones”. El proceso concluye este lunes con el anuncio de las condiciones firmadas tras semanas de zozobra y mantiene 1.700 puestos, cuya ausencia, y su impacto económico consecuente, provocaría que la caída de una galletera empujara al abismo a varias comarcas.