La solución: subir salarios, contener precios, más igualdad

Abordamos este Primero de Mayo con una sensación ambivalente. Por un lado de haber atravesado un intenso periodo de negociaciones y acuerdos que han supuesto la recuperación y mejora de derechos laborales. Por otro, que todo ello se ve empañado ante la grave situación provocada por la guerra y sus consecuencias. De forma quizás inesperada hemos completado un intenso proceso de diálogo y acuerdo social que –en contraste con un ambiente de extrema crispación política– sentó las bases para que España superase las enormes consecuencias laborales de la pandemia, con resultados inéditos.

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Abordamos este Primero de Mayo con una sensación ambivalente. Por un lado de haber atravesado un intenso periodo de negociaciones y acuerdos que han supuesto la recuperación y mejora de derechos laborales. Por otro, que todo ello se ve empañado ante la grave situación provocada por la guerra y sus consecuencias. De forma quizás inesperada hemos completado un intenso proceso de diálogo y acuerdo social que –en contraste con un ambiente de extrema crispación política– sentó las bases para que España superase las enormes consecuencias laborales de la pandemia, con resultados inéditos.

Han sido 13 acuerdos fruto del diálogo social: seis de los ERTE de la pandemia, los acuerdos del teletrabajo y la Ley Rider adaptándonos a las nuevas realidades laborales del siglo XXI, dos acuerdos del SMI hasta llegar a la barrera psicológica de los 1.000 euros, dos de las pensiones, con la revaloración con el IPC y la subida de cotizaciones por primera vez en democracia, y finalmente el de la Reforma Laboral. Podemos decir abiertamente que estamos recuperando y ganando derechos. La contención de más de tres millones de puestos de trabajo con los ERTE situó a nuestro país en una mejor posición para recuperar el empleo y la actividad cuando se relajaron las restricciones pandémicas. Por primera vez la caída del PIB se tradujo en una caída significativamente menor del empleo. Hoy superamos los 20 millones de cotizantes a la Seguridad Social.

El acuerdo para la reforma laboral suscrito entre Gobierno, sindicatos y patronales ha disparado el porcentaje de contratación indefinida en una dimensión desconocida en las últimas cuatro décadas. Se presentaba un año 2022 con una perspectiva de crecimiento económico importante que, acompañada de creación de empleo con mayor estabilidad contractual, hubiera rematado una gestión laboral sin precedentes. Se hubieran roto varios mantras sobre la necesidad de la economía española de devaluarse internamente (sobre todo los salarios) para hacer frente a las crisis económicas.

El incremento de la recaudación fiscal y la acción reformista en materia de pensiones –recuperando la revalorización según el IPC y actuando sobre la estructura de ingresos de la seguridad social– suponían la antítesis a las políticas de austeridad. Y todo ello con un comportamiento de la Unión Europea bien distante y distinto al que protagonizó a partir del año 2011. Sin embargo, la criminal invasión rusa de Ucrania (además de las consecuencias humanitarias) ha precipitado un deterioro de la situación económica global, que vuelve a situar a nuestro país ante algunas de sus debilidades estructurales. Las subidas de precios energéticos han contaminado el conjunto de la cesta de la compra hasta situar la inflación en el 8,4% que supone una erosión intolerable de los salarios en general, y de los más bajos en particular.

En este contexto, UGT y CCOO planteamos tres reivindicaciones centrales este Primero de Mayo. La primera tiene que ver con los salarios, que no pueden sufrir una nueva merma. Para ello consideramos que las clausulas de revisión salarial son la herramienta que posibilitan mantener su poder adquisitivo y a la vez evitar cualquier riesgo de espiral inflacionista en España. Es más, pensamos firmemente que ese riesgo no existe. Más bien creemos que una devaluación salarial conllevaría un debilitamiento de la demanda interna, lo que supondría un lastre para la recuperación de la economía.

Creemos que deben habilitarse prestaciones temporales para las personas con rentas más bajas, para ayudarles a paliar el incremento de precios. Los bonos sociales y eléctricos o el Ingreso Mínimo Vital, siendo medidas positivas, son netamente insuficientes. Hay 10 millones de personas en nuestro país con escasos ingresos, para las que la actual subida de precios implica, directamente, no llegar a fin de mes. El Gobierno se ha quedado corto en la protección a colectivos vulnerables y exigimos más ambición en este terreno. Las organizaciones empresariales no pueden hacer recaer el coste del incremento de precios en la clase trabajadora. El empresariado repercute costes a precios como demuestra la inflación (4,4% la subyacente). Si CEOE no facilita una negociación de los convenios –tras apropiarse de recursos públicos multimillonarios– el escenario de movilización estará servido.

La segunda reivindicación tiene que ver con controlar los precios. El sistema de fijación de precios energéticos debe ser modificado, evitando que el disparatado precio del gas determine el conjunto de precios de la energía.

Y por último, hay que apostar por medidas que favorezcan la igualdad. Nuestra sociedad está siendo atravesada por múltiples situaciones de exclusión o precariedad laboral, pérdida de expectativas vitales, inseguridades e incertidumbres ante las profundas mutaciones económicas y sociales que se suceden a gran velocidad. Zonas o territorios que se perciben como agraviados y alejados de los circuitos de modernización.

Este contexto explica en parte la irrupción de opciones políticas de carácter ultraderechista, que pretenden ofrecer puertos seguros en mares crispados y sin mapas fiables. Y para ofertar esos puertos, falsean viejas certezas dotándolas de una caracterización reaccionaria y opresora. Determinada forma de entender la patria, los roles de género, la homogeneidad racial y sexual, o la seguridad, nos conducirían a una sociedad odiosa, pero no quiere decir que esa distopía no sea posible. El neofascismo se ha normalizado en España y en otros países.

Ante esta realidad no cabe remitirse solo al discurso del miedo. Hay que generar alternativas ilusionantes de vida mejor, de certidumbres, de pedagogía y de batalla por las ideas. La organización colectiva de las personas trabajadoras como sujetos empoderados en la mejora de los derechos laborales, las condiciones de vida dignas, la protección social, los servicios públicos (que crean conciencia pública, en palabras de Luis García Montero) son bases materiales y de conciencia necesarias para defender la democracia y la dignidad de la vida de las mayorías sociales. Para eso, también por eso, vamos a las calles este Primero de Mayo.