Los planes públicos de pensiones se abrirán a los funcionarios más adelante

El Gobierno aprobó este martes en el Consejo de Ministros el proyecto de ley de impulso a los planes colectivos de empleo, una herramienta con la que pretende desarrollar el segundo de los tres pilares de previsión social (Seguridad Social, previsión en la empresa y los planes de pensiones individuales), y aumentar el número de trabajadores cubiertos por esta fórmula. “Se trata de un mecanismo de ahorro finalista”, señalan en el Ministerio de...

El Gobierno aprobó este martes en el Consejo de Ministros el proyecto de ley de impulso a los planes colectivos de empleo, una herramienta con la que pretende desarrollar el segundo de los tres pilares de previsión social (Seguridad Social, previsión en la empresa y los planes de pensiones individuales), y aumentar el número de trabajadores cubiertos por esta fórmula. “Se trata de un mecanismo de ahorro finalista”, señalan en el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, con el que los trabajadores podrán complementar sus pensiones una vez concluya su carrera profesional.

Como explican estas mismas fuentes, la vocación con la que nacen estos planes colectivos de empleo —que encuentran amparo tanto en las recomendaciones del Pacto de Toledo, como en el plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia—, es la de ofrecer una nueva fórmula de contribución complementaria, cuya implementación se llevará a cabo en el marco de la negociación colectiva sectorial, y con la que empresas pequeñas y medianas, así como trabajadores de rentas bajas y autónomos, puedan acceder a estos planes de pensiones fomentados por el Estado.

A pesar de que un primer momento también se contemplaba la incorporación del colectivo de trabajadores de la Administración Pública, en el texto final se les ha dejado al margen, aunque no de manera definitiva. “El desarrollo de estas iniciativas en el sector público se va a producir, pero más adelante. Seguramente en el próximo ejercicio”, señalan fuentes ministeriales.

Otro de los cambios de la redacción final del proyecto de ley tiene que ver con la desaparición de los requisitos con los que debían cumplir las entidades gestoras y depositarias que se postulen para gestionar este gran fondo estatal. Las primeras debían presentar un patrimonio gestionado superior a los 1.000 millones de euros, y las segundas acreditar más de 10.000 millones en activos. Por el momento estas particularidades han quedado orilladas, aunque no se descarta que durante el desarrollo parlamentario vuelvan a situarse sobre la mesa.

Organismos de gobernanza

Sin embargo, seguramente la modificación más significativa tiene que ver con la retirada de la cantidad que fija las comisiones por la adscripción a estos vehículos, y que durante las últimas negociaciones se había situado alrededor del 0,3%. “Es algo que está por ver, y que un futuro próximo volverá a colocarse sobre la mesa. Ahora se ha retirado para tratar de no dinamitar la negociación”, señalan en la Seguridad Social.

Se mantienen, eso sí, los dos organismos que se encargarán de la gobernanza de los planes y de los fondos (la promotora de seguimiento, y la de control especial), aunque con caracteres diferenciados. Mientras la primera tendrá una representación absolutamente funcionarial (9 trabajadores públicos), la segunda estará compuesta por 13 miembros, siendo cinco de ellos del Gobierno (en un principio iban a ser nueve), cuatro de los sindicatos, y el mismo número para los empresarios. “Esta rectificación ha sido bien valorada por los agentes sociales”, apuntan desde el Ministerio de Seguridad Social.

Los incentivos fiscales para los que se vinculen a estos planes será de 1.500 euros en base imponible para los planes individuales, y de 10.000 euros para los planes colectivos; los autónomos podrán deducirse hasta 5.750 euros. Las empresas podrán beneficiarse de exoneraciones en el pago de las cuotas a la Seguridad Social de las aportaciones que realicen al fondo, pero con un límite máximo de 115 euros al mes por empleado.