España crea una alianza para evitar que Bruselas catalogue como verdes el gas y la nuclear

España quiere formar una entente medioambiental para evitar que Bruselas catalogue como verdes la energía nuclear y el gas, un grupo de presión similar al bloque con el que ya plantó cara a la Comisión Europea para reclamar que tomase medidas de calado frente al zarpazo de los precios de la electricidad. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha enviado una dura carta al Ejecutivo co...

España quiere formar una entente medioambiental para evitar que Bruselas catalogue como verdes la energía nuclear y el gas, un grupo de presión similar al bloque con el que ya plantó cara a la Comisión Europea para reclamar que tomase medidas de calado frente al zarpazo de los precios de la electricidad. La vicepresidenta tercera del Gobierno y ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, ha enviado una dura carta al Ejecutivo comunitario, firmada junto a sus homólogos de Austria, Dinamarca y Luxemburgo, en la que estos expresan su “profunda preocupación” por la reciente propuesta de Bruselas sobre la llamada taxonomía verde, una clasificación elaborada por la Comisión que distingue qué es un bono verde y qué no, y cuyo objetivo es teledirigir las finanzas comunitarias hacia la transición ecológica emprendida por la UE.

Los cuatro gobiernos lamentan en la misiva, firmada el pasado jueves, que una regulación que ha de servir de inspiración mundial para hacer frente a los retos medioambientales corra el riesgo de perder su “utilidad y credibilidad”. “La propuesta de la Comisión pone en riesgo la transición energética en la UE y a nivel mundial y pone en peligro la Taxonomía al clasificar el gas y la energía nuclear como sostenibles, otorgándoles de facto el mismo tratamiento que a tecnologías verdes incuestionables como la energía eólica y la solar”, afirma el texto. “Consideramos que el nuevo proyecto es problemático tanto desde el punto de vista político como técnico”, añade.

La carta se ha hecho pública justo cuando los ministros de Medio Ambiente y Energía de los Veintisiete se reúnen desde el jueves y hasta este sábado en Amiens (Francia). Desde allí, la vicepresidenta Ribera ha subrayado que la propuesta de la Comisión es “controvertida” y puede “distorsionar y generar confusión” respecto a las recomendaciones que ha venido haciendo Bruselas en materia de finanzas sostenibles. Su homóloga austriaca, Leonore Gewessler, ha ido más allá al asegurar que se plantea tomar “medidas judiciales” si la Comisión sigue por este camino.

El Ejecutivo comunitario avanzó en abril del 2021 el grueso de medidas sobre la taxonomía, con la intención de crear “un lenguaje común que los inversores podrán utilizar cuando inviertan en proyectos y actividades económicas que tengan un impacto positivo sustancial en el clima y el medio ambiente”, según aseguró entonces. Pero dejó el espinoso debate sobre el gas y la nuclear para más adelante, a la espera de informes técnicos. Tras meses de espera, en los que se suscitó un intenso debate entre los países partidarios de incluir a la energía nuclear en la taxonomía (liderados por Francia, que obtiene más del 70% de la electricidad de centrales nucleares) y los que abogaban por incorporar el gas (con Alemania al frente), la Comisión presentó un borrador la pasada Nochevieja.

El documento levantó una polvareda al tocar con la varita de lo verde ambas tecnologías. El catálogo, ha criticado Ribera desde Amiens, debería incluir solo inversiones “que posibilitan la rápida descarbonización sin riesgos ambientales”. En el encuentro de ministros, sin embargo, no se ha debatido sobre el asunto, según ha detallado Barbara Pompili, ministra francesa de Transición Ecológica, en una comparecencia al término de la cita. “Los retos del pacto verde”, ha justificado, “son importantes y no se pueden retrasar por la taxonomía”.

La propuesta de la Comisión aún no es firme, pero los plazos para que presente el texto definitivo se van agotando. Mientras, sigue sumando voces en contra. El viernes ha concluido el período de consultas preceptivo, y el grupo de expertos que ha de asesorar al Ejecutivo comunitario tenía previsto presentar un informe demoledor en contra, según un borrador citado por Reuters. En ese documento, los expertos afirman que la iniciativa actual repartiría etiquetas verdes a inversiones que no contribuyen de forma significativa a la lucha contra el cambio climático, y piden a la Comisión que descarte parte de sus propuestas.

La iniciativa actual de Bruselas considera sostenible las centrales nucleares cuyo permiso de construcción se expida antes de 2045 y las de gas en funcionamiento que emitan menos de 100 gramos de dióxido de carbono (CO₂) por kilovatio hora (KWh) o las de nueva construcción, cuyo permiso se haya expedido antes de 2030, que emitan menos de 270 gramos de CO₂ por kWh, siempre que esa necesidad energética no pueda cubrirse con fuentes renovables y la instalación sustituya otra contaminante.

Los asesores consultados creen, en cambio, que solo deben considerarse respetuosas con el clima las centrales de gas que emitan 100 g de CO₂ por KWh o menos. “Este es el enfoque basado en la ciencia”, dice el documento, citado por Reuters. En cuanto a la energía nuclear, las propuestas de la Comisión “no deberían seguir adelante” porque no garantizan que las centrales no dañen el medio ambiente, explican citando la preocupación por la eliminación de residuos nucleares.

“Tenemos los comentarios, los hemos recibido”, ha replicado Eric Mamer, portavoz de la Comisión, en una comparecencia el viernes. “Los miraremos antes de que pongamos la propuesta sobre la mesa”. Mamer ha declinado comentar si Bruselas variará de algún modo su propuesta.

Concluido el período de consultas, la Comisión deberá presentar ahora su propuesta final mediante un acto delegado. Este tipo de decisiones no legislativas, de carácter técnico, pueden salir adelante incluso sin la unanimidad de los Estados miembros: solo puede ser vetada con el rechazo de una mayoría cualificada en el Consejo (55% de países que agrupan a un 65% de población) o la Eurocámara. El bloque liderado por España en la carta, sin embargo, se quedaría de momento muy lejos: no representa más que en torno al 14% de países y población.

Entre tanto, los europarlamentarios también han hecho oír su voz a través de otra misiva dirigida esta semana a la Comisión en la que reclaman que se permita a los ciudadanos y al Parlamento Europeo dar su opinión sobre la controvertida propuesta. La carta, citada por Reuters, critica que esta fuera lanzada en Nochevieja, y pide un procedimiento “más transparente”.