El Gobierno prepara un seguro de impago de alquiler para jóvenes que cubrirá 12 mensualidades

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado este lunes que el Gobierno creará un seguro de impago del alquiler destinado a jóvenes, que estará financiado por el Estado y servirá como garantía para los propietarios en caso de que el inquilino atraviese dificultades económicas que no le permitan cumplir con sus responsabilidades contractuales. Fuentes de su departamento indican que el seguro, que equivaldrá a una prima del 5% sobre el precio anual del alquiler, cubrirá hasta 12 mensualidades. El mecanismo se introducirá en el Plan Estatal de Vivienda 2022-...

La ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, ha anunciado este lunes que el Gobierno creará un seguro de impago del alquiler destinado a jóvenes, que estará financiado por el Estado y servirá como garantía para los propietarios en caso de que el inquilino atraviese dificultades económicas que no le permitan cumplir con sus responsabilidades contractuales. Fuentes de su departamento indican que el seguro, que equivaldrá a una prima del 5% sobre el precio anual del alquiler, cubrirá hasta 12 mensualidades. El mecanismo se introducirá en el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025, cuya tramitación el Ejecutivo prevé iniciar el próximo mes.

Raquel Sánchez ha defendido que la nueva medida mitigará los posibles problemas que puedan producirse por parte de los jóvenes para hacer frente a la renta de un piso en alquiler, complementando el bono joven de alquiler de hasta 250 euros mensuales que también se incluirá en el próximo plan. Según la titular de Transportes, el seguro “también servirá como garantía” para el arrendador.

Su inclusión en el plan estatal implica que serán las comunidades autónomas, que tienen transferidas las competencias en vivienda, las encargadas de gestionar este nuevo mecanismo. Fuentes del ministerio señalan que la idea es que las ayudas estatales cubran un seguro equivalente al 5% del precio anual del alquiler. Es decir, sobre una renta mensual de 600 euros, el seguro costaría 360 euros anuales (el 5% de 7.200 euros, que es lo que se pagaría en total de arrendamiento en 12 meses). El encargado de solicitarlo sería el inquilino, el beneficiario sería el casero y el pago lo efectuaría la Administración. Cada comunidad, dentro de los diferentes programas de ayudas que habilita el plan estatal, será la que tenga que definir si quiere adoptar esta línea de ayudas y definir algunos criterios.

Con carácter general, indican en Transportes, el seguro se vinculará a jóvenes de entre 18 y 35 años y cuyos ingresos no superen un umbral que todavía está por definir (el bono joven, por ejemplo, pone como tope el triple del IPREM, lo que equivale a ganar 23.726 euros anuales). También se establecerá una limitación sobre el máximo que podrá costar el alquiler para que el Estado financie ese seguro. Cada comunidad autónoma, atendiendo esos criterios generales y añadiendo los que estime oportunos, tendrá que acordar con compañías aseguradoras la oferta de esta nueva modalidad de póliza. La patronal de las aseguradoras, Unespa, señala que no ha sido consultada para la elaboración de esta medida, por lo que prefiere esperar a conocer los detalles de la misma antes de emitir una valoración.

El Gobierno no ofrece de momento una estimación sobre cuánto dinero puede suponer el mecanismo, pero en cualquier caso se financiará dentro de la partida de 355 millones que anualmente el Estado transfiere a las Administraciones autonómicas para la gestión de los diferentes programas de ayuda en vivienda. La cantidad variará mucho de unos territorios a otros, ya que el coste del seguro, al estar vinculado al coste de los alquileres, resultará más elevado allí donde los arrendamientos son más caros. No obstante, se contempla que la póliza no tendría que cubrir el 100% de la renta mensual en los casos en que el inquilino sea además perceptor del bono joven, ya que esa ayuda está garantizada mes a mes y es finalista; es decir, solo puede usarse para pagar el alquiler.

Peajes y paro de transportistas

Durante su intervención en unas jornadas organizadas por El Español e Invertia, la ministra ha repasado otros asuntos relacionados con su departamento. Entre ellos, la futura tarificación de la red viaria en España. Hasta más allá de 2023, ha asegurado, “no estará ultimado y totalmente definido” el sistema de peajes en las autovías para que pueda ser aplicado. Sánchez ha reiterado que ese debate sobre el pago en las carreteras “es necesario” y ha agregado que “hay que asumir que se debe tener una red viaria con prestaciones mucho mejores que las actuales”. En ese sentido ha precisado que con el futuro sistema de tarifas en las autovías “se mejorará la red viaria incluso con instalaciones de recarga eléctrica”.

Sobre el anuncio de paros durante las navidades por parte de los transportistas, la ministra ha apuntado que espera que no sea así: “Disponemos de tiempo para evitar ese paro”, ha defendido Sánchez, quien ha añadido que la disposición del Gobierno para alcanzar acuerdos con los transportistas “es evidente”.

Postura de la Seopan

En el mismo marco, el presidente de Seopan, Julián Núñez, señaló que la cesta para la construcción se ha encarecido un 54% en el último año y el coste en obra civil ha subido un 20%, lo que se traduce en 1.200 millones “de sobrecoste”. El jefe de la patronal de las grandes constructoras añadió que este encarecimiento llega “en un momento crítico” para la situación económica y “requiere de soluciones urgentes” por parte del Gobierno. Además, explicó que el sector de la construcción “no tiene un problema de mano de obra o de disponibilidad” de manera general, sino en los nuevos oficios que surgen.

Por otra parte, se refirió al pago por uso de las carreteras para decir que la movilidad eléctrica “debe de ser otro recurso que pueda provenir del modelo de tarificación” y “necesariamente debe de estar incorporada ahí y a unos precios de la energía manifiestamente inferiores a los que tenemos actualmente”, que consideró “inadmisibles”.

A su juicio, poner en marcha 400 electrolineras y más de 5.000 puntos de recarga ultrarrápida para los coches eléctricos en España “no se hace en un día ni es especialmente barato”. Núñez consideró que el pago por uso de carreteras debe servir para “algo más” que cubrir el coste de mantenimiento de las infraestructuras. Reclamó dejar “a un lado” la política y “tener una amplitud de miras” con este asunto.