Abertis, Sacyr y ACS, condenadas a pagar 450 millones a su acreedor chino por las radiales R-3 y R-5 quebradas
Las constructoras recurrirán la sentencia de un juzgado de Madrid, a la espera de resolver la indemnización que le reclaman al Estado
El Juzgado de Primera Instancia número 26 de Madrid ha condenado a Abertis, Sacyr y ACS al pago conjunto de 450 millones de euros a Haitong Bank, la entidad financiera china acreedora de las concesionarias españolas de las radiales 3 y 5 de Madrid, que quebraron durante la crisis financiera y tuvo que rescatar el Gobierno. La sentencia admite el incumplimiento del contrato por parte de las empresas españolas reclama a Abertis 175 millones de euros, a Sacyr 141 millones y a ACS otros 133 millones por sus part...
El Juzgado de Primera Instancia número 26 de Madrid ha condenado a Abertis, Sacyr y ACS al pago conjunto de 450 millones de euros a Haitong Bank, la entidad financiera china acreedora de las concesionarias españolas de las radiales 3 y 5 de Madrid, que quebraron durante la crisis financiera y tuvo que rescatar el Gobierno. La sentencia admite el incumplimiento del contrato por parte de las empresas españolas reclama a Abertis 175 millones de euros, a Sacyr 141 millones y a ACS otros 133 millones por sus participaciones del 31,22%, del 25,16% y del 23,62%, respectivamente, en la sociedad concesionaria, Alazor Inversiones, según informa Europa Press.
Las compañías pueden apelar ahora la sentencia ante la Audiencia Provincial de Madrid y, en caso desfavorable, elevar un recurso de casación ante el Tribunal Supremo. Sacyr ya anunció este jueves en la presentación de resultados que recurrirá el fallo del juzgado y ACS ha hecho lo propio en un comunicado a la Comisión Nacional del Mercado de Valores en el que afirma que, según sus abogados, “hay bases sólidas para sostener que esa sentencia pueda ser revocada en segunda instancia”. Abertis también recurrirá, previsiblemente. El importe demandado por Haitong corresponde a los contratos de apoyo que las tres compañías firmaron con los fondos, que incluían una serie de garantías de pago en caso de quiebra, como finalmente sucedió.
El desenlace de las indemnizaciones está pendiente en primer lugar de que se resuelva en los juzgados la responsabilidad patrimonial de la Administración (RPA) como concedente y actual dueña de las radiales. La RPA es la compensación que debe pagar el Estado a las concesionarias para recuperar su inversión tanto de estas dos autopistas como de las otras siete que también quebraron, ya que los contratos de concesión, con garantías del Estado, estaban supeditados a unos niveles de tráfico que nunca se cumplieron, y que finalmente ocasionaron la quiebra de las empresas.
En el supuesto de que la Administración pagara la RPA, esos importes servirían para pagar la deuda de la concesionaria a los fondos de inversión. No obstante, la factura calculada por el Gobierno por el rescate de las dos radiales de Madrid es de cero euros, ya que el importe retenido por el Ejecutivo para hacer frente a futuros pagos es superior al del coste real de la infraestructura, incluyendo el pago de las expropiaciones. Estas dos autopistas, que unen Madrid con Arganda y Navalcarnero, quebraron con una deuda de 449 millones de euros tras el descenso del tráfico registrado durante la última gran crisis financiera de 2008. El entonces Ministerio de Fomento las rescató en mayo de 2018 y ahora sigue asumiendo su gestión bajo la sociedad pública Seittsa.
El importe demandado por Haitong corresponde a los contratos de apoyo que las tres compañías firmaron con los fondos, que incluían una serie de garantías de pago en caso de quiebra, lo que finalmente sucedió. Estas autopistas se construyeron durante el Gobierno de José María Aznar por iniciativa privada, aunque con garantías del Estado. Una vez quebraron, los bancos vendieron la deuda a los fondos de inversión, que se hicieron con su propiedad, aunque la gestión pasó a manos del Estado.
El presidente de Sacyr, Manuel Manrique, señaló este jueves en la presentación de resultados que este caso se arrastra desde 2013 y ya hubo dos sentencias favorables a los accionistas a pesar de que en primera instancia se dio la razón a los fondos oportunistas que compraron la deuda. ACS, por su parte, ha señalado que en el grupo ACS está provisionada totalmente la cantidad de 132,8 millones que le correspondería pagar.