El juez propone juzgar a tres exdirectivos de Repsol y CaixaBank por contratar a Villarejo para espiar a Del Rivero

El juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón ha dictado este lunes un auto por el que da por finalizada la investigación de la pieza 21 (conocida como Proyecto Wine) del caso Villarejo y propone sentar en el banquillo a tres exdirectivos de Repsol y CaixaBank por contratar al comisario jubilado José Manuel Villarejo para espiar al expresidente de Sacyr Luis del Rivero con el fin de evitar que este se hiciera con el control de la petrolera mediante un acuerdo con la mexicana Pemex. Se trata de los exjefes de Seguridad de Repsol Rafael Araújo Bernabé y de CaixaBank Miguel Ángel Fernández Rancaño, así como del subdirector de Servicios de Apoyo de la Dirección de Seguridad Corporativa de Repsol Rafael Girona, a los que acusa de un delito de cohecho activo. El juez también propone juzgar por estos hechos al propio Villarejo; a su socio, el abogado, Rafael Redondo (a ambos, por un delito de cohecho pasivo), y al también comisario Enrique García Castaño (por delito de descubrimiento y revelación de secretos).

En el mismo auto, el juez dicta el sobreseimiento provisional de la causa contra otros cuatro directivos de las compañías al concluir que su participación en los hechos fue “incidental o accesoria”. El juez ya había desimputado el pasado julio a las dos compañías como personas jurídicas y al actual presidente de la petrolera, Antonio Brufau, y al expresidente del banco y exvicepresidente de la energética, Isidro Fainé, al descartar que ambas empresas y sus entonces máximos responsables supieran algo del encargo al comisario. La Fiscalía y las acusaciones personadas disponen ahora de un plazo de 10 días para solicitar la apertura de juicio oral mediante la formulación de un escrito de acusación o el sobreseimiento de la causa. No obstante, la decisión del juez no es firme y aún puede ser recurrida.

La investigación judicial, iniciada en noviembre de 2018, ha revelado que en el año 2011 el Grupo Cenyt, epicentro de la trama empresarial de Villarejo, recibió el encargo de espiar a Del Rivero para “frustrar” el acuerdo que el presidente de la constructora y la mexicana Pemex habían alcanzado ese año para hacerse con cerca de un tercio de las acciones de Repsol y asumir el control de la petrolera española. Para ello, el comisario, que entonces estaba en activo en la Policía Nacional, puso en marcha el denominado Proyecto Wine a instancias presuntamente de los que entonces eran directores de seguridad de Repsol, Rafael Araújo, y CaixaBank, Miguel Ángel Rancaño, quienes mantuvieron diversas reuniones para ello tanto con Villarejo como con su socio, Redondo. Según el auto, en la gestión del encargo también participó el tercer exdirectivo al que el juez propone juzgar, Rafael Girona.

El objetivo, continúa el magistrado, era “obtener información”, tanto de Del Rivero como de su esposa, Natividad Martínez; del jefe de seguridad de Sacyr, Rodrigo Álvarez, y del antiguo director financiero de Repsol, Fernando Ramírez. Todo ello se plasmó en varios informes que reflejaban el acceso a información confidencial y reservada, entre ella el cruce de llamadas realizadas por Del Rivero y su entorno, pese a que, como destaca García-Castellón, en aquel momento “no existía ninguna investigación policial en curso que justificase la solicitud de los tráficos de datos relativos a las personas investigadas por el grupo Cenyt”. El auto señala que esa información fue facilitada a Villarejo por el comisario García castaño, entonces jefe de la Unidad Central de Apoyo Operativo (UCAO) de la Policía Nacional. Por esos informes, la trama del comisario recibió, entre noviembre de 2011 y julio de 2014, varios pagos procedentes de cuentas de Repsol y CaixaBank por un total de 413.600 euros, de los que 218.900 correspondían a la petrolera y 194.700 a la entidad bancaria.

El magistrado añade que durante la instrucción de la causa —en la que se interrogó como imputados a 12 personas y otras 9 declararon como testigos— los directores de Seguridad de Repsol y CaixaBank “disponían de amplios márgenes de contratación, de decisión y de orden de pagos en lo relativo al ámbito de la seguridad de las citadas mercantiles”, por lo que concluye que ningún otro directivo de ambas “tomó parte en las negociaciones con el Grupo Cenyt, ni participó en las reuniones, ni dio órdenes de que se llevasen a cabo tales investigaciones”. Por todo ello, concluye que sobre los otros cuatro directivos que permanecían imputados (tres de Repsol y uno de CaixaBank) “no existen elementos indiciarios suficientes que permitan atribuirles la comisión de los delitos investigados”.