El Supremo obliga al Estado a devolver también a Galicia la liquidación del IVA de 2017

El Tribunal Supremo ha obligado al Estado a abonar a Galicia una parte de la recaudación pendiente de IVA de 2017 cuya cuantía, estimada en 204 millones de euros, será fijada en la ejecución de la sentencia que adelantó este lunes el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

“Era una noticia esperada”, ha proclamado Feijóo, “pero no por ello deja de ser una excelente noticia”, incidió en alusión al precedente que estableció el alto tribunal al avalar el mismo contencioso administrativo planteado por parte de la comunidad de Castilla y León.

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El Tribunal Supremo ha obligado al Estado a abonar a Galicia una parte de la recaudación pendiente de IVA de 2017 cuya cuantía, estimada en 204 millones de euros, será fijada en la ejecución de la sentencia que adelantó este lunes el presidente de la Xunta, Alberto Núñez Feijóo.

“Era una noticia esperada”, ha proclamado Feijóo, “pero no por ello deja de ser una excelente noticia”, incidió en alusión al precedente que estableció el alto tribunal al avalar el mismo contencioso administrativo planteado por parte de la comunidad de Castilla y León.

El titular del ejecutivo gallego ha recalcado que la Xunta “tenía razón” y que “no tiene sentido que el IVA recaudado en la comunidad no repercuta en la hacienda pública autonómica”. “Agradezco mucho volver a una senda de justicia fiscal y tributaria; y espero que el Gobierno aprenda que no se puede hacer lo que a uno le da la gana, ni se puede usar dinero de las comunidades para financiar sus decisiones”, ha sentenciado el presidente.

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Varias comunidades, entre ellas Galicia, han acudido a los tribunales para reclamar una mensualidad del IVA de 2017 ―un impuesto compartido entre Estado y comunidades―. Entonces, el Gobierno de Mariano Rajoy puso en marcha un nuevo sistema de gestión de este tributo, denominado Suministro Inmediato de Información o SII, que causó un desfase en los cobros. El ministerio de Hacienda intentó solucionar el problema en los Presupuestos de 2019, que finalmente no fueron aprobados; en 2020, justo antes de la pandemia, comunicó a las autonomías que aliviaría sus objetivos de déficit a cambio de no devolver la mensualidad reclamada.

Núñez Feijóo ha recordado que el conjunto de autonomías han impulsado esta reivindicación y ha apuntado que se plantearon propuestas de negociación al Ejecutivo que dirige Pedro Sánchez, pero, subrayó, “todas fueron rechazadas”, lo que llevó a judicializar el proceso por parte de distintos Gobiernos regionales para que el Ejecutivo central hiciese frente a su deuda.

El presidente ha celebrado que “por fin” el Supremo repone “el equilibrio y el orden estatutario y constitucional”, incidiendo en que “de lo recaudado en Galicia, el 50% del IVA y del IRPF corresponde a los gallegos”. Recuperar ahora los 204 millones que exigía la Xunta es, en palabras del presidente, “una muy buena noticia en el actual contexto económico de la pandemia”.

La Sala III del Tribunal Supremo ha estimado parcialmente el recurso contencioso-administrativo presentado por la Xunta contra el rechazo del Consejo de Ministros de compensarle por el desfase financiero producido en la liquidación del IVA correspondiente al ejercicio de 2017, y ha condenado al Estado a que compense por ello a Galicia en la cuantía que se fijará en ejecución de sentencia.

La cuantía que estimará el tribunal vendrá dada por la diferencia entre el resultado de la liquidación practicada en su día por la Administración del Estado y la que habría resultado de computar en dicha liquidación la recaudación del IVA de 12 mensualidades, incluyendo también la correspondiente al mes de noviembre de 2017, a la que deberán añadirse los correspondientes intereses legales computados desde la presentación del requerimiento hasta el momento efectivo en que se produzca la compensación.

El alto tribunal resuelve en esta segunda sentencia que el desequilibrio derivado de la aplicación del SII determinó la vulneración del derecho a la autonomía financiera de la comunidad autónoma, “pues es notoria la disfunción que se deriva del hecho de que las entregas a cuenta se le abonasen en 12 mensualidades y, en cambio, en la liquidación definitiva se atendiese únicamente a la recaudación de IVA correspondiente a 11 mensualidades, derivándose de ello un resultado anómalo”.

Agrega que la aplicación de una norma reglamentaria ―el real decreto 596/2016, de 2 de diciembre― “trajo consigo una alteración en las reglas del sistema de financiación autonómico establecido legalmente, produciendo un desequilibrio que es necesario corregir, al haberse producido un quebranto financiero para la Comunidad Autónoma demandante y, correlativamente, un enriquecimiento indebido para la Administración del Estado”.

Por su parte, la Consellería de Facenda de la Xunta ha valorado “con satisfacción” esta sentencia, que “reconoce una vez más que Galicia tenía razón, que las gallegas y gallegos ganan porque recuperan un dinero que abonaron todos los ciudadanos, y que, por tanto, es suyo”, informa Europa Press.

Avanza que ejercerá las acciones necesarias para que la compensación reconocida por la sentencia se haga efectiva en el plazo más breve posible. “Ahora la sentencia del Tribunal Supremo acredita que el Gobierno central vulneró el derecho a la autonomía financiera de nuestra comunidad, que esa actuación originó un quebranto económico a la hacienda autonómica, y que de ese modo se produjo un enriquecimiento indebido para la Administración del Estado”, subraya.