El juez cita a declarar el 29 de abril a Antonio Brufau e Isidre Fainé por el espionaje a Luis Del Rivero

El juez del caso Villarejo, Manuel García-Castellón, ya ha señalado la fecha para que declaren como imputados Antonio Brufau, presidente de Repsol, e Isidre Fainé, expresidente de CaixaBank y presidente de La Caixa, por la contratación en 2011 del comisario jubilado José Manuel Villarejo para un supuesto encargo de espionaje a Luis del Rivero, expresidente de Sacyr. El magistrado de la Audiencia Nacional ha citado a ambos el próximo 29 de abril a partir de las diez de la mañana. Antes que a ellos, el instructor escuchará a otros cuatro directivos de ambas compañías, que comparecerán los días 27 y 28.

García-Castellón decidió el pasado miércoles imputar a los seis, después de que lo solicitase la Fiscalía Anticorrupción ante la sospecha de que estaban al tanto del operativo desplegado por el agente jubilado de la Policía Nacional, que entonces aún permanecía en activo. Los investigadores han interceptado documentación a la trama que apunta hacia las cúpulas de Repsol y Caixabank. Los dos antiguos responsables de Seguridad de las compañías, Rafael Araujo (Repsol) y Miguel Ángel Fernández Rancaño (CaixaBank), también aseguraron al juez que informaron a sus superiores de la contratación del grupo de empresas de Villarejo, conocido como Cenyt.

En esta parte del caso Villarejo, que acumula una treintena de líneas de investigación, se indaga en la presunta operación de espionaje puesta en marcha contra Del Rivero a finales de 2011, cuando pretendía tomar el control de Repsol con ayuda de la petrolera mexicana Pemex. Según escribió el juez en un auto, la entonces dirección de la energética española detectó la “maniobra” y, con la “ayuda” de CaixaBank, logró “paralizarla de forma temporal”. Para ello, contrataron al comisario jubilado, que puso en marcha el operativo de espionaje bautizado como Proyecto Wine y que cobró al menos 413.600 euros, según las facturas y documentación interceptada.

Los trabajos de la trama se desarrollaron en los últimos meses de 2011 y la primera mitad de 2012, e incluyeron el acceso a datos confidenciales de las víctimas, incluidos sus tráficos de llamadas y un estudio de sus propiedades. El juez atribuye a Fainé y Brufau un supuesto delito de cohecho activo, que fuentes de ambas compañías niegan. Repsol defendió este jueves que actuó siempre dentro de la ley y que se contrató todo a través de un área “experta” dentro de la compañía, especializada en temas de seguridad.